"Este secundario es un golazo", festejaba el director de una Eempa inaugurada en barrio Hume en agosto pasado. Ahí mismo, en el límite de la ciudad, donde los colectivos no llegan de noche, solo docentes, jóvenes y adultos con ganas de aprender. Esa Eempa se abrió por empuje del barrio y enseguida reunió a los primeros 60 inscriptos, la mayoría mujeres. Otro tanto quedó en lista de espera. ¿Las razones para estudiar de grande? "Por un mejor trabajo, para ser ejemplo de los hijos y porque es un derecho", argumentaron.
Historias que hablan de trabajo, esfuerzo, estudio. Justamente todo eso que tanto discurso discriminador y reaccionario le recrimina a los más necesitados: "Que no se esfuerzan", "que no estudian", "que no quieren trabajar". Discurso propio de los gobiernos neoliberales que convierten en culpables a quienes padecen las políticas que ellos generan.
El cierre de las escuelas nocturnas en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno porteño es una muestra de esas políticas de negación que sostiene el macrismo. Y es un error pensar que "por suerte aquí, en Santa Fe, eso no pasa". ¿O el repudiable presupuesto educativo aprobado a nivel nacional no empuja al cierre de cada vez más escuelas? Ninguna provincia está exenta de los planes del FMI con el que pactó Mauricio Macri los destinos del país.
Ni jardines ni escuelas para adultos, ni especiales, ni profesorados para la formación docente. La educación como derecho no entra en los planes de gobierno de Cambiemos. Apenas pueden tener un rato de fama atribuyéndose logros en los que ni siquiera tienen participación, como pasó esta semana con la vergonzosa actitud del concejal (PRO) Carlos Cardozo de atribuirse la gestión de unos terrenos fiscales para la escuela Gurruchaga. Apenas corrió la noticia, la propia directora lo desmintió recordándole que no sabía quién era y que ese mérito era de la comunidad educativa.
Ante este panorama de negación de derechos tampoco es saludable el doble juego de festejarse a sí mismo con "buenas noticias" y luego repudiar decisiones que buscan mercantilizar el sistema educativo, más cuando se sabe que ambos hechos son parte del mismo paquete privatizador. Hace poco el Ministerio de Educación de Santa Fe celebraba con una autonota que "los futuros docentes santafesinos están entre los mejores del país" por los resultados de la prueba estandarizada "Enseñar 2017" que implementa Nación. Y días después votaba en contra de la creación de una comisión evaluadora de los institutos de formación docente impulsada por el Ministerio de Educación nacional. Las pruebas Enseñar y esta comisión integran el mismo fin: apuntan, como en los noventa, a convertir a la enseñanza superior en un negocio.
En una entrevista realizada días atrás, el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, recordaba para quienes la han olvidado o prefieren hacerse los distraídos cuál es la filosofía de Cambiemos. "El populismo te hace creer que tenés lo que en realidad no tenés: te vende algo que nunca fue tuyo. Consagra derechos que no se pueden financiar", expresaba ante un periodista del diario La Nación.
En términos educativos, el populismo es para Cambiemos el cumplimiento del derecho a la educación pública en todos los niveles, desde el jardín a la universidad; el acceso a libros, computadoras, programas para enriquecerse con la música o los deportes; es salarios dignos para la docencia. También la posibilidad de hacer ciencia y desarrollar la investigación en el país. Todo eso —y más— es lo que en la óptica del macrismo no se puede financiar desde el Estado.
Y, como se sabe, lo que no garantiza el Estado lo hace el mercado. Donde además hacen falta políticas represivas que aseguren la concreción de estos planes. Se vio hace poco cuando se aprobó la creación de la UniCaba (universidad docente) por la legislatura porteña, bajo un estricto vallado policial, o en los palos a estudiantes y docentes cada vez que marcharon en defensa de la educación pública. El protocolo de la ministra de (in) Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que habilita a disparar ante la duda, la sospecha y por la espalda es parte de esta violencia institucional creciente.
Estas políticas de negación de derechos agravan los niveles de exclusión que se manifiestan en el país con casi la mitad de la niñez viviendo en la pobreza (el 48 por ciento, según datos de Unicef); donde cada vez más familias son golpeadas por el desempleo, los tarifazos y lo único que crecen para sus hijos son los comedores escolares ¿Cómo harán para pagar el boleto cuando arranque el nuevo ciclo lectivo?
La provincia de Santa Fe no está exenta de este panorama. Contra lo que sostuviera el gobernador Miguel Lifschitz, apenas asumido, que con Macri "se había ganado en institucionalidad", el año termina para su gobierno sin la aprobación de las leyes de Educación Sexual Integral (ESI) y la de educación provincial. Y si bien un buen número de diputados tuvo una actuación honorable en la discusión de estas iniciativas, terminó ganando la "institucionalidad" de los senadores que se sienten más cómodos arreglando con los sectores conservadores, de derecha, con la jerarquía eclesiástica, cuidando al patriarcado, que preocupados por hacer cumplir el derecho a la enseñanza pública.
El 2019 será un año clave para la educación pública: habrá que decidir a nivel electoral si se la defiende como derecho humano y universal o seguirá dándose más poder a quienes la piensan como un negocio.
