El gobierno refuerza su estrategia con el RIGI para atraer inversiones extranjeras

En relación con el plan económico delineado por el gobierno nacional, que busca la estabilización financiera a través del superávit fiscal, el pago de deuda pública y la reducción de la inflación, se destaca el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi), recientemente aprobado y diseñado para estimular el flujo de capitales hacia el país.

El Rigi, conforme al artículo 162 de la Ley Bases, es el régimen que establece “incentivos, seguridad jurídica, certidumbre y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para los “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los U$S 200 millones. La adhesión al régimen estará disponible durante dos años a partir de la sanción de la ley Bases, con una posibilidad de prórroga de hasta un año por parte del Poder Ejecutivo.

Este régimen se distingue por ofrecer una serie de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de 30 años, con el objetivo de atraer grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras.

Los beneficios del Rigi

Entre los objetivos propuestos en el proyecto aprobado se encuentran la promoción del desarrollo económico, el fortalecimiento de la competitividad de ciertos sectores, el incremento de las exportaciones de mercaderías y servicios, la promoción de cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos, y la generación de empleo, entre otros ítems.

Dentro de los beneficios fiscales se pueden mencionar una alícuota reducida del impuesto a las Ganancias y que ese gravamen quede en su totalidad a cuenta del impuesto al cheque; que las exportaciones no tributen retenciones; y que las empresas puedan girar al segundo año de permanencia un 20% de las divisas al exterior, un 40% el año siguiente y al cuarto período, el 100%.

Los sectores económicos elegibles bajo el Rigi incluyen la industria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el régimen. Este enfoque sectorial busca asegurar que las inversiones realizadas contribuyan de manera significativa al desarrollo económico y la competitividad del país.

A primera vista, el reciente régimen propuesto por el gobierno podría parecer una medida orientada exclusivamente a beneficiar a las grandes empresas. Sin embargo, es fundamental considerar un análisis más profundo y ancho de esta política para conmensurar la potencialidad total que puede tener en términos de alcance e impacto, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Ampliando la mirada sobre esta herramienta, la actividad de las Pymes se tendría que ver fuertemente dinamizada en diversas áreas, lo cual, según declaraciones del Presidente de la Nación, en su discurso de hace unos días, redundará en “mayor actividad, más trabajo y riqueza en sus distritos.”

Es crucial destacar que los proyectos de inversión de gran escala suelen tercerizar una considerable cantidad de servicios, así como presentan la necesidad de aprovisionarse de múltiples materiales, herramientas y otros elementos productivos, lo que crea oportunidades para las empresas locales. Sectores como la construcción, el inmobiliario, el metalmecánico, el mercado de vehículos, los supermercados y comercios, entre otros, se beneficiarán de una mayor actividad económica y comercial derivada de estos proyectos. En consecuencia, las Pymes tendrán la posibilidad de captar parte importante de la demanda generada, lo que debería traducirse en un incremento de sus ingresos y una expansión en sus operaciones.

Por lo tanto, aunque a primera vista el régimen pueda parecer inclinado hacia las grandes corporaciones, un análisis más generoso demostraría que las Pymes también jugarán un papel significativo en la dinamización económica promovida por el gobierno. Este impacto se vería reforzado con la implementación de una nueva ley de Pymes, que estaría bajo estudio, que contemplaría, entre otras medidas, la reducción de cargas y aportes patronales vinculados al incremento de personal, atado a un blanqueo laboral, la exención de retenciones para exportaciones incrementales, la amortización acelerada de bienes de capital, plazos más beneficiosos para la devolución del IVA y el alivio para las empresas que han perdido acceso al crédito debido a la morosidad en sus deudas.