En octubre de 2010 llegó al Congreso nacional un proyecto para crear un Servicio Cívico Voluntario para adolescentes y jóvenes “en riesgo social”. La propuesta del entonces vicepresidente opositor Julio Cobos, aprobada en el Senado por el radicalismo y el peronismo federal, sostenía en su texto que la idea era “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”. Incluso el diputado cobista, Rubén Lanceta fue por más y dijo que el programa estaba destinado a aquellos chicos y chicas de entre 14 y 24 años que estén “en riesgo socioeconómico y moral”. La intención era alojarlos en unidades militares donde aprenderían “normas de conductas y de comportamiento social”. Es decir, una colimba educativa para los pobres.
No era la primera ni la última vez que un proyecto de este tipo llegaba al Congreso, luego de que en 1994 se eliminara el Servicio Militar Obligatorio tras la muerte del conscripto Omar Carrasco, sometido a un “baile -eufemismo para mencionar una feroz paliza- ordenado por un subteniente, apenas tres días después de ingresar al regimiento de Zapala. Carrasco tenía 18 años.
Pero hoy directamente es el Poder Ejecutivo quien, a través del Boletín Oficial, anunció la puesta en marcha del Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería, organismo dependiente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El texto señala que se tratará de “un ámbito de cohesión e integración social”, dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años, que recibirán “capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”. Según el texto oficial, hasta diciembre se desarrollará una experiencia piloto en cuatro provincias. La cartera de Bullrich tendrá a su cargo definir el diseño y los profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil que realizarán el “acompañamiento y monitoreo”.
Sin sonrojarse, Bullrich adelantó en conferencia de prensa que la propuesta era para “chicos que necesitan una contención y un espacio para poder expresarse y desarrollarse”. El ministro de Educación fue más claro aún, sinceridad brutal: “Es para los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle, que no están trabajando ni están estudiando”. Y aclaró que el proyecto representa “una oferta distinta” a la del secundario. Que se entienda claro: para esos chicos que no están en las aulas el Estado propone un camino paralelo a la escuela, que aprendan oficios en Gendarmería. Como bien dijo en su momento la exsenadora entrerriana Blanca Osuna, subyace este tipo de ideas una estigmatización, no sólo en la definición de los jóvenes pobres, sino respecto a la formación que deben recibir como derecho. “¿Qué pasa con la formación en arte, en técnicas específicas o en filosofía? ¿O los pobres solamente deben aprender oficios?”, se preguntó Osuna.
“Para los jóvenes el mejor lugar es la escuela”, señaló contundente la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Advirtió que la Gendarmería es una institución que “no está preparada ni proyectada para asumir tareas que competen a las instituciones educativas como es la formación profesional y cívica de los jóvenes” y que “el único lugar apropiado para la formación de nuestros niños y jóvenes son las escuelas y los colegios del sistema educativo”. El rechazo llegó de diversas organizaciones y personalidades de la cultura, la educación y los derechos humanos. Entre ellos, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para quien la propuesta directamente “es una colimba encubierta”.
En tiempos preelectorales, el punitivismo pedagógico de Bullrich y Finocchiaro se presenta casi sin tapujos. Salvo en los argumentos del Servicio Cívico Voluntario, donde sin ponerse colorados, citan la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y “la importancia que desde el Estado se ofrezcan oportunidades a jóvenes para que puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.
