Que un nuevo medicamento sea aprobado por la autoridad sanitaria no significa que esté disponible. Además de la prescripción médica —si se expende bajo receta—, es necesaria su cobertura. Es decir, que alguien lo pague. En el caso de las enfermedades poco frecuentes, los tratamientos innovadores son siempre una gran esperanza, pero los precios pueden ser siderales y el acceso a estas terapéuticas depende del visto bueno de los pagadores: obra social, prepaga, sistema público de salud. La cobertura es un problema muy serio. En muchas de estas patologías, que suelen ser genéticas y a menudo producen discapacidad, acceder o no al tratamiento puede ser la diferencia entre la vida y muerte.
Para establecer según evidencia científica cuándo estas innovaciones deben ser cubiertas por el Plan Médico Obligatorio (PMO) o la Canasta Básica de prestaciones, en julio de 2016 el presidente Mauricio Macri elevó al Senado el Proyecto de creación de la Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud (Agnet), actualmente en discusión en la Comisión de Salud de esa Cámara.
"Cuando un medicamento se presume innovador y no es cubierto por el financiador, el paciente que puede pagarle a un abogado presenta un recurso de amparo y el trámite se judicializa. No es algo gratuito, salvo que se cuente con algún servicio u organización que lo cubra. Y hay mucha gente que no tiene la medicación que necesitaría", explica Inés Castellano, presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof). "La creación de Agnet es positiva si su objetivo principal está centrado en el paciente y no en responder a los financiadores".
El doctor Francisco Caccavo, asesor en Políticas de Salud de la Unidad de Coordinación de la Secretaría de Gobierno de Salud, explica que en nuestro país la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es la agencia que, bajo criterios de calidad, eficacia y seguridad autoriza el registro de una tecnología de salud y permite su ingreso al mercado.
"Pero —afirma—, estos criterios no tienen en cuenta el contexto". Y agrega: "Que esté en el mercado no implica que sea el mejor medicamento para una patología o una población específica. Y tampoco tiene en cuenta si cuesta centavos o millones de dólares. El rol de la Agnet se vincula con establecer criterios de equidad y costo/beneficio y tener en cuenta este contexto".
Las decisiones de la proyectada Agencia deberán ser cumplidas por los prestadores públicos y privados. "Por lo que sabemos, la Agnet tendría un carácter vinculante (N. de la R.: en lenguaje no jurídico, «obligatorio») para los prestadores —dice Inés Castellano—. Pero si aun así se negaran, pasaría a la Justicia, donde la recomendación sería no vinculante para conservar el equilibrio de los tres poderes. Sin embargo, el juez podrá tomar una decisión basado en conocimiento científico demostrado y legitimado de la Agencia, que además podría ser convocada como órgano de consulta". La misión de la Agencia no se limitaría a productos innovadores sino también a decidir si una tecnología es caduca o ya no sirve. ¿Y si es Agnet quien dice "no" a lo que indica un médico? "Muy pero muy difícil", asegura el doctor Caccavo. "Evaluará con criterio científico y técnico de equidad y eficacia. Si un médico contradice a la Agencia, lo más probable es que la indicación no sea la adecuada".
El equipo
El directorio de la Agnet tendrá cinco miembros rentados y contará además con una Comisión Técnica Consultiva ad honórem permanente de once integrantes, entre éstos, un representante de los pacientes, uno de las prepagas, otro del Pami, y también de obras sociales nacionales y provinciales. "No participarán representantes de la industria, ni nacionales ni multinacionales. Sí se las podrá convocar para que den su opinión de manera no vinculante, como a cualquier otro actor de la sociedad", aclara Caccavo.
Esta limitación no es algo que entusiasme a estas compañías, que insisten en asegurarse —tal como ocurre en otras partes del mundo, dicen —, una voz en la Comisión
Técnica Consultiva de la Agnet.
Alejandro Poli, director de Salud de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) afirma que “en el proyecto actual los productores «podrán participar» y creemos que debe decir «participarán», porque en la Argentina una palabra puede hacer la diferencia en uno u otro sentido”.
Además, Caeme solicita que primero se registren los productos y sean evaluados después —como en las agencias similares de otros países— para evitar retrasos, barreras o, incluso, nivelar para abajo, advierten.
Javier Vilosio. Gerente del Área Técnica de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime), que agrupa a efectores nacionales, coincide en la necesidad de crear la Agnet, aunque preferiría que “no funcionara bajo el Ministerio o la Superintendencia de Salud, sino, por ejemplo, bajo el Congreso o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para evitar que sus decisiones deban ser consideradas un instrumento de la política de la administración de gobierno”.
Los pacientes también marcan la cancha. Inés Castellano enfatiza: “Deberíamos tener más de un representante. Poder hacer uso de la palabra en las reuniones abiertas de la Comisión de Salud del Senado adonde sí concurrieron y participaron representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), pero no nosotros, que sólo podemos escuchar”.
“Todo indica que la creación de la Agnet (el único de los proyectos de la reforma laboral impulsada por Cambiemos que logró acuerdo) entusiasma a los gremios, que esperan que con la Agencia se reduzca la llamada industria de los juicios”. “Nosotros, en cambio, creemos que la agencia no debería anular las demandas sino asegurar que la medicación disponible sea la mejor para los pacientes”.
Este diario intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo, al frente de la Comisión de Salud. Pero Luenzo nunca respondió.
“El proyecto no tuvo las firmas necesarias de la Comisión para pasar a recinto —se lamenta Castellano—. Además, este es un año electoral, así que es improbable que pueda sancionarse”.
Hasta que entre en vigencia la Agnet, en marzo del año pasado se creó una Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Conetec) en el ámbito de la Secretaría de Salud de Gobierno, suerte de prototipo de lo que será la Agencia, que se ocupa de analizar y hacer recomendaciones sobre medicamentos y tecnologías en salud.
