La posibilidad de una intervención sobre la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez y la consecuente tala de bosque nativo sigue generando reacciones. Al pedido de informes aprobado recientemente por la Cámara de Diputados de la provincia se suma ahora una resolución del Concejo Deliberante de esa ciudad, que aprobó este jueves el llamado a una audiencia pública para debatir la cuestión. Aunque esa instancia institucional no es vinculante, obliga a las partes involucradas a dar explicaciones sobre su accionar.
Las tierras ubicadas entre el arroyo Saladillo, la avenida San Martín (continuación de la rosarina Ayacucho) y la Circunvalación fueron declaradas en 1995 "Reserva Ecológica y Área Protegida". En 2018 se regularon sus usos y se la contempló como "Reserva natural manejada - Santuario de flora y fauna", de acuerdo a la legislación provincial. De toda la superficie de bosque nativo, 12 hectáreas fueron destinadas al Parque Regional Villa Gobernador Gálvez, y allí se construyeron un salón para fiesta, baños, vestuarios, granja para animales de corral, un vivero, piletas de natación, canchas de fútbol y otros deportes, entre una variedad de usos. El resto, unas 89 hectáreas, está preservado como ambiente natural y virgen, con una enorme variedad de especies vegetales y animales. Ese sector está incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
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Una parte del gran espacio verde está dedicada al Parque Regional Villa Gobernador Gálvez.
Ahora bien, la cascada natural del arroyo Saladillo viene experimentando desde hace mucho tiempo un enorme retroceso, por la erosión del lecho, que la llevó a quedar peligrosamente cerca del llamado puente Molino Blanco, que une a la ciudad con Rosario. Después de varios proyectos truncos, ahora la provincia inició una obra trascendente de estabilización del salto de agua y fortalecimiento del viaducto. La obra fue largamente esperada y viene a poner fin al corrimiento de la cascada, porque las consecuencias hubieran sido catastróficas si seguía retrocediendo y llegaba a la zona de sustentación del puente.
Sin embargo, una preocupación se instaló entre los vecinos y las instituciones de Villa Gobernador Gálvez ante la posibilidad de que algunas obras complementarias signifiquen avanzar sobre la reserva natural y destruir parte del bosque nativo.
La cuestión tomó estado público a raíz de una presentación hecha el 16 de agosto por un guardafauna honorario, que en una inspección de rutina encontró a empleados de la UTE constructora tomando medidas en el terreno, sobre todo en un sendero cortafuegos que atraviesa el parque en forma perpendicular al arroyo, a unos 700 metros del puente. El personal estaba midiendo el terreno y poniendo mojones en ese camino. Según la denuncia del guardafauna, la explicación fue que había un proyecto de pavimentar el cortafuegos, y en una segunda etapa abrir un camino de cintura, también pavimentado, entre ese sendero y el obrador.
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El camino cortafuegos. Temen que una empresa privada lo intervenga y pavimente.
Esto se condice con lo aportado por el diputado Esteban Lenci, quien presentó un pedido de informes (aprobado) para que se explique cuáles serían las implicancias de esta intervención. Lenci contó a La Capital que la empresa contratista había presentado al municipio, dos meses atrás, un proyecto de extensión de las obras en la cascada que incluían estas obras.
A partir de la denuncia del guardafauna, el Concejo aprobó el decreto N° 1.898 donde se le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que "proceda al cese de las obras o proyecciones de estas, que se están desarrollando en la reserva”, y requiere también información al respecto. Pero ahora va más allá con este pedido de audiencia aprobado este jueves. Según la resolución, el debate deberá realizarse la primera semana de octubre en el mismo Parque Regional o en el Concejo. Las audiencias "ofrecen una oportunidad de consultar al conjunto de la población, conjugando simultáneamente el conocimiento teórico que brindan los organismos técnicos y un amplio espectro de experiencias prácticas y vivenciales de los vecinos, lo que hará posible una mayor calidad en la toma de decisiones, impulsando proyectos viables y socialmente aceptados", dijo a La Capital el concejal Carlos Dolce, autor del proyecto. Y abundó: "La audiencia pública genera responsabilidades, porque aunque sus conclusiones no son vinculantes para las autoridades gubernamentales, tendrán la obligación de fundamentar por qué no son tomadas en cuenta algunas opiniones vertidas".
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El año pasado comenzaron las obras para la estabilización de la cascada.
En diálogo con este diario, Dolce aseguró que hay "un rechazo total de la comunidad, de las organizaciones no gubernamentales, de los guardafaunas y también del Concejo" a una posible intervención en la reserva. "Aunque no hay nada realmente oficial, vamos tomando recaudos, porque ya tuvimos suficientes indicios de que hay intención de avanzar sobre el monte nativo. Ya hemos frenado otros intentos, este será uno más. Para nosotros no tiene ningún sentido pavimentar el cortafuego, que es transitable como está, y mucho menos desmontar la reserva para pavimentar los márgenes del arroyo".
Por último, el concejal aclaró que se invitará "a las autoridades locales y provinciales, a las empresas involucradas, a Amigos de la Reserva y otras organizaciones no gubernamentales, guardafaunas, vecinales, cámaras empresarias y a vecinos en general", para esta instancia.
