El cementerio villense, ubicado en las afueras de la ciudad, sobre la ruta 90.
Campo Militar San Pedro, donde se hallaron ocho cuerpos, seis de ellos identificados, y aún se sigue buscando.
La búsqueda se realizará en el interior del cementerio, más precisamente en 18 tumbas.
Un equipo de profesionales trabajará en la exhumación de cuerpos en el cementerio de Villa Constitución, en busca de víctimas de la última dictadura cívico militar, e incluso de antes, ya que en esa ciudad la represión a gran escala comenzó en marzo de 1975. La investigación incluirás unas 18 tumbas de la necrópolis, ubicada en las afueras de la ciudad, sobre la ruta 90. Aunque esto no quiere decir que los restos que se hallen no sean de más cuerpos.
Los trabajos no tienen fecha de inicio fijada, pero es inminente el comienzo. El objetivo es tomar muestras de ADN para compararlas con el banco de datos donde consta la información genética de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Se buscan cuerpos desaparecidos hasta 1983, aunque la investigación no se retrotrae a 1976, ya que en la madrugada del 20 de marzo de 1975 la ciudad fue invadida por fuerzas militares y policiales que iniciaron una escalada de violencia y muerte.
La medida, tomada por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Adolfo Villatte, no tiene que ver con la llamada "Causa Acindar", en la que se investigan al menos 82 casos (algunos en forma reiterada) de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a personas. En ese caso, las víctimas fueron fundamentalmente obreros metalúrgicos, pero también de otros gremios y ciudadanos que apoyaron la causa obrera en el conocido "Villazo" de 1974. En palabras del fiscal Villate, "no solamente se intentó victimizar a los obreros metalúrgicos, sino que se buscaba amedrentar a toda la sociedad de Villa Constitución". Se espera que esta causa sea elevada a juicio antes de fin de año.
En diálogo con La Capital, el fiscal Villate explicó que la búsqueda de restos en el cementero es una acción que ya se había desarrollado en otras necrópolis de la región, en algunos casos con resultados reveladores. "Desde hace algunos años, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia viene haciendo un relevamiento de todos los cementerios en búsqueda de personas cuyas inhumaciones fueron registradas como NN, en la que se constatara que la muerte había sido violenta y dentro de un rango etario coincidente con el de la mayoría de las víctimas. Se fueron haciendo distintas exhumaciones para obtener el ADN de esos cuerpos NN (en los casos que los hubiera) y compararlos con el Banco Nacional de Datos Genéticos. El trabajo en Villa Constitución responde a esa lógica, y no tiene que ver con la causa Acindar, aunque no se descarta que pueda haber coincidencias", dijo.
El funcionario judicial aseguró que los resultados de esas búsquedas han sido "en general buenos, porque hemos podido identificar, a partir de ese trabajo y del Equipo Argentino de Antopología Forense (EAAF) muchos restos óseos, fundamentalmente en La Piedad de Rosario, pero también en otros cementerios de Santa Fe". Y afirmó que, más allá de los resultados de cada medida, es "un aspecto que no podemos dejar de investigar".
También aclaró que no necesariamente los cuerpos de todas las víctimas estén en los cementerios, sino que pueden haber sido inhumadas en centros clandestinos. Tal es el caso, por ejemplo, de Campo San Pedro, un predio de entrenamiento y maniobras del Ejército ubicado en la zona rural de la localidad de Campo Andino, a 12 kilómetros de Laguna Paiva y 260 kilómetros de Rosario. Allí se inició una investigación a partir de distintos testimonios, y en junio de 2010 el EAAF halló una fosa común con los restos de ocho personas, seis de las cuales fueron identificadas: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, María Isabel Salinas, Carlos Bosso, Oscar Winkelmann y Miguel D´Andrea. "En ese caso se dio que las víctimas eran de Rosario, fueron secuestradas, asesinadas en algún lugar y llevadas a ese predio para su enterramiento", recordó el fiscal.
La investigación en Campo San Pedro no termino ahí. A partir de las declaraciones el represor Eduardo Tucu Costanzo en juicio oral por crímenes de lesa humanidad, se estima ahora que los cuerpos trasladados a aquel predio serian 27, con lo que se retomó la búsqueda. "Costanzo reveló su participación en el traslado de las últimas víctimas de La Calamita (centro de detención clandestino de Granadero Bairorria) y dijo que fueron llevadas a Campo San Pedro. Estuvimos todo este año investigando, hemos hecho excavaciones, pero hasta el momento, no aparecieron más cuerpos que los de aquellas ocho víctimas", contó a La Capital Juan Nóbile, del EAAF.
El trabajo en Villa estará a cargo de profesionales del Centro de Estudios de Arqueología y Memoria, un grupo de egresados de la Universidad Nacional de Rosario que viene colaborando con el el EAAF. Nóbile explicó cómo se opera en estos casos: "Primero se hace un relevamiento de los cementerios donde haya habido ingresos de personas NN. A partir de allí, el equipo de colaboradores excava las tumbas, y lo último que se hace es ver si los restos hallados corresponden a nuestro universo de estudio. Recién en ese caso se toman las muestras de ADN. Prácticamente en todos los casos hemos hallado coincidencias, más que nada en Rosario, pero también en Timbúes, Barrancas, Maciel, Santa Fe, Reconquista y Rafaela, entre otras localidades de la provincia".
En cuanto a la causa Acindar, están acusados el exjefe de personal de esa empresa metalúrgica, un exjefe militar, 21 expolicías federales, un exprefecto y un expolicía santafesino como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra trabajadores, fundamentalmente metalúrgicos, y ciudadanos villenses a partir del 20 de marzo de 1975.
"Se investigan 82 casos, lo que no quiere decir que sea la misma cantidad de personas, ya que algunas fueron secuestradas en más de una oportunidad, y se abre una causa por cada secuestro", afirmó Villate. Y abundó: "Eran obreros metalúrgicos en su mayoría, pero también trabajadores de otros sindicatos y ciudadanos que daban apoyo y logística a ese movimiento obrero. Ahí afirmamos y sostenemos que no solamente se intengó victimizar a los trabajadores metalúrgicos, sino que se buscaba amedrentar a toda la sociedad de Villa Constitución".
El fiscal estimó que la causa sería elevada a juicio antes de fin de año. Hay un pedido de la agrupación "Memoria, Verdad y Justicia” para que ese juicio oral se realice en la misma ciudad. No se descarta que se pueda dar curso favorable a esa petición.
En la causa se investiga la habilitación de un centro clandestino de detención en el Albergue de Solteros de la empresa, donde la Policía Federal había instalado un destacamento en 1974. Están acusados el exjefe de personal de Acindar, Roberto Pellegrini, y personal de la fuerza policial por su intervención, de acuerdo a su situación de revista, en diferentes casos. También está imputado el ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, Antonio Federico Bossie, el ex prefecto principal Carlos Albareda y el exoficial de la guardia rural "Los Pumas”, Amadeo Chamorro.
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