El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad intervenir de manera urgente en los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 8, 33 y 7, tras el reclamo de la senadora provincial Leticia Di Gregorio
La medida cautelar presentada por la senadora, Leticia Di Gregorio, obliga a Vialidad Nacional a iniciar tareas de señalización, desvíos y bacheo en un plazo no mayor a 10 días.
El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la senadora provincial, Leticia Di Gregorio, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a intervenir de manera urgente en los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 8, 33 y 7 en el departamento General López.
Los trayectos que se señalaron como más afectados se ubican en las rutas nacionales 8 (entre las rutas provinciales 94 y 4S, entre Venado Tuerto y Santa Isabel, entre los Km 370 y 346); en la 33 (entre Sancti Spiritu y Firmat) y en la 7 (todo el trayecto dentro del departamento mencionado).
El fallo, que responde a una acción de amparo presentada el 11 de marzo, obliga a la DNV a iniciar tareas de señalización, desvíos y bacheo en un plazo no mayor a 10 días. La medida cautelar tiene una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga para garantizar el cumplimiento de las obras.
Tras conocer el fallo, Di Gregorio agradeció a la Justicia Federal por la celeridad y por pensar en los santafesinos. “Es una medida humanitaria porque son derechos constitucionales los que están en juego”, dijo la legisladora.
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Argumentó que el estado de estas rutas constituye un "peligro para la vida y la seguridad de quienes transitan por ellas" y que la DNV incurrió en una "reiterada y sistemática omisión" en el cumplimiento de sus deberes de mantenimiento.
“No puede argumentar razones presupuestarias para abandonar una ruta nacional y a todos los usuarios”, agregó la legisladora Venadense.
La acción se basa en los derechos consagrados en la Constitución Nacional (artículos 14, 16 y 19) y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
El magistrado a cargo, Cuello Murúa, ordenó que de inmediato se coloquen señalizaciones que adviertan sobre el estado de las rutas, se realicen desvíos donde sea necesario para prevenir accidentes y se ejecuten tareas de bacheo y relleno en los sectores más críticos.
Las rutas nacionales 8, 33 y 7 cumplen un rol vital en la región y en el país. La ruta 33 conecta Bahía Blanca con Rosario, la ruta 8 une el Gran Buenos Aires con Villa Mercedes (San Luis) y la ruta 7 forma parte de la carretera Panamericana, conectando Buenos Aires con la Cordillera de los Andes. Su deterioro afecta el traslado de productos agroindustriales hacia los puertos del Gran Rosario y Buenos Aires, impactando en la economía y en la vida diaria de miles de familias.
"Esperamos que Vialidad Nacional cumpla con los plazos y en diez días inicie obras de bacheo, al menos en esos tres tramos que pedimos en forma específica", indicó Di Gregorio, quien además señaló que seguirá de cerca el expediente para lograr una resolución definitiva a través del amparo judicial.
El fallo establece que la Nación deberá acreditar el inicio de los trabajos en el plazo fijado y podría enfrentar sanciones en caso de incumplimiento. Con esta acción, Di Gregorio busca garantizar la libre circulación y la seguridad de los ciudadanos, reclamando la urgente reparación de las rutas de la región. "No podemos seguir permitiendo que estas rutas sean trampas mortales para quienes las transitan cada día", concluyó la senadora.
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