Desde niñas y hasta su adolescencia fueron abusadas sexualmente por el hermano de su padre. La violencia fue sistemática a lo largo de los años y recién en 2015, ya adolescentes, una ruptura familiar abrió la posibilidad que una de las dos hermanas pudiera relatar lo sucedido a su madre y luego lo hiciera la segunda de las jóvenes. A partir de un trabajo terapéutico y el acompañamiento de profesionales, así como el asesoramiento interdisciplinario del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rafaela quedó radicada formalmente la denuncia que terminó en el fallo que este miércoles condenó a Emanuel Suárez, de 34 años, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión por encontrarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal en un número indeterminado de veces, siendo las víctimas sus sobrinas. Al mismo tiempo, el Tribunal rafaelino decidió absolverlo del delito de estupro, otra figura que se le había endilgado al imputado.
Lo que padecieron las jóvenes, de acuerdo a los hechos que enumeran su abogada querellante Paola Pradolini y la Asamblea de Feminista de Rafaela, desde la formalización de la denuncia en la Justicia y la determinación por parte de la misma de la prisión preventiva del imputado, fue otro sinnúmero de violencias a lo largo de todo el proceso.
"Pasaron por situaciones de hostigamiento de todo tipo, descreimiento y fueron socialmente avergonzadas y señaladas públicamente en redes sociales y a través de medios de comunicación", señaló la profesional, que recalcó que desde el minuto cero y al momento las hermanas "se encuentran bajo tratamiento y acompañamiento terapéutico".
El hostigamiento incluyó la organización de marchas y movilizaciones frente al Tribunal en defensa de la "Inocencia de Ema" no sólo fueron organizadas por familiares y amigos del acusados, sino por "el Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, y encabezada por Lucía Montenegro, legisladora porteña de La Libertad Avanza, el espacio del presidente electo Javier Milei".
"El movimiento tuvo desde el inicio instalar como verdadera la versión de inocencia del acusado y el descreimiento sobre el testimonio de las víctimas", detalló Pradolini, y agregó: "El proceso de hostigamiento y revictimización fue sistemático en redes sociales y medios digitales, se hicieron publicaciones muy duras, simulaciones de escenas de abusos, se publicaron los nombres de las víctimas, y más".
Un fallo por unanimidad
La sentencia en el juicio en primera instancia contra Emanuel Suárez que lo condena a la pena de 12 años y 6 meses de prisión por encontrarlo penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal en un número indeterminado de veces y abuso sexual gravemente ultrajante en número indeterminado de veces en concurso real, así como lo absuelve del delito de estupro endilgada por la Fiscalía, fue decidida por unanimidad por el Tribunal que integraron Nicolás Stegmayer, Juan Pablo Peralta y José Luis Estévez.
La Fiscalía, que estuvo a cargo de Favia Burella, había solicitado 16 años de cárcel para el acusado, en tanto, la querella había ido por los 20 años de prisión. Pese a que la condena no fue la requerida, Pradolini afirmó a La Capital en una opinión preliminar, ya que aún esperan los fundamentos, su "conformidad" con la decisión de los magistrados.
Es más, de acuerdo a los dichos de la fiscalía en el juicio quedó acreditado que Suárez “agredió sexualmente a sus dos sobrinas en reiteradas oportunidades" y precisó que “cometió los primeros abusos cuando era adolescente (en ese momento las víctimas iban a los primeros años de la escuela primaria) y continuó con su conducta delictiva tras adquirir la mayoría de edad en 2007 (cuando ya las denunciantes estaban en el secundario)”.
La abogada querellante, por su parte, hizo hincapié en que el acusado "fue condenado en casi la totalidad de los delitos en que se lo acusó", pero recalcó sobre todo que el fallo lleva "tranquilidad" a las víctimas.
"Se están intentando rearmar después de tanto tiempo y esto les da cierto alivio, se sienten escuchadas después de un proceso que fue muy doloroso, donde pasaron por etapas de mucha angustia, por cuadros de salud muy complicados, por el descreimiento y el hostigamiento de muchos", afirmó a este diario.
Más ESI y pluralidad de voces
Ante el clima social y mediático en el que se vivió el proceso judicial, y ya con la lectura del fallo, la Asamblea Feminista de Rafaela planteó a través de un comunicado su "preocupación por los elevados niveles de desinformación, hostigamiento digital y tratamiento de los casos por los medios de comunicación que revictimizan a las víctimas y ponen en duda su relato".
El texto no sólo recupera datos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional que recuerdan que entre 2020 y 2021 se registraron 3.129 abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales en más del 74 de los casos fueron violentadas en su entorno familiar y cercano.
"El abuso sexual es un delito y es un delito atravesado enteramente por las desigualdades asociadas al género -continúa-. Por ello, la perspectiva de género es la única posible para proteger a mujeres, varones y disidencias de las desigualdades producto de la cultura patriarcal".
En ese contexto, la Asamblea recalca lo fundamental de la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) "para fortalecer los mecanismos de detección temprana y denuncia de casos de violencia y abuso sexual y la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia", e interpela a los actores sociales fundamentales para garantizar el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas, la promoción de la Justicia con perspectiva de género, el fortalecimiento de los organismos que brindan asesoramiento y apoyo, y garantías de no discriminación en el debate público para garantizar la pluralidad de voces.
