La foto de situación es contundente. Según una evaluación de Vialidad Nacional citada por fuentes oficiales, de 19.171 kilómetros relevados en rutas nacionales, el 47,5% está “bueno”, el 23,5% “regular” y el 29% “malo”; Santa Fe se ubica entre las provincias con peores caminos nacionales, con el 53,6% de los tramos analizados clasificados como “malos”. A la par, en 2024, murieron en el país 10 personas por día por inseguridad vial; más de la mitad de los siniestros ocurrió en rutas —29% en nacionales y 25% en provinciales—, con colisiones, choques y despistes como principal causa.
No es solo deterioro: es un nudo productivo. El ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, enumeró como corredores críticos a las rutas nacionales 11, 33, 34, 178 y A012. Son trazas de granos, carne y manufacturas: en temporada de cosecha, entre 1,7 y 1,8 millones de camiones confluyen hacia la hidrovía, con cargas que aceleran el desgaste de una infraestructura que no crece al ritmo del tránsito. El resultado: calzadas con fatiga estructural que se evidencia en profundos pozos, deformaciones, bacheos efímeros y banquinas devoradas por el agua.
La reacción provincial ganó visibilidad con una medida inédita: carteles rojos, grandes, en los accesos a rutas nacionales dentro del territorio santafesino. “Atención: aquí empieza la ruta nacional mantenida por el Estado nacional”, advierten.
Es un gesto de seguridad vial y, a la vez, un señalamiento de responsabilidades frente al abandono: el gobierno de Santa Fe pidió insistentemente que la Nación repare o que ceda las trazas; mientras tanto, recomienda, donde sea posible, optar por rutas provinciales, mejor mantenidas. La provincia recordó que aportó 7.000 toneladas de asfalto para emergencias y que invirtió cerca de 400 millones de dólares en su red propia.
Rutas nacionales: la vida entre pozos
El costo humano es inmediato. “Este fin de semana se perdieron 11 vidas en rutas nacionales”, lamentó recientemente el gobernador Maximiliano Pullaro al renovar su pedido para intervenir los corredores federales que cruzan la provincia. La contabilidad macabra se repite en el sur provincial, donde la RN 33 acumula siniestros con frecuencia semanal, y en los ejes 11 y 34, ya señalados como “trágicos” por autoridades y vecinos.
Las cámaras empresarias también ponen números al descalabro: con calzadas “de guerra” en distintos corredores, el transporte de cargas sufre demoras, roturas y sobrecostos que se trasladan a la cadena de suministros. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) advirtió por el deterioro estructural en múltiples rutas nacionales y por la falta de diálogo con las autoridades, un cóctel que golpea la competitividad y encarece el abastecimiento. Cada hora extra en ruta, cada cubierta rota, cada desvío contraintuitivo se paga en góndolas y exportaciones.
La inseguridad vial no es sólo pavimento roto. Es también ausencia de iluminación, maleza alta que oculta animales y cartelería de emergencia que no llega a tiempo. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, sintetizó la urgencia con tres demandas básicas: “Tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”. Y lanzó una definición incómoda: “Si hay que priorizar la vida y no hay permiso formal, haría lo mismo que en la Circunvalación de Santa Fe: intervenir igual, al menos para el mantenimiento”. Legalmente discutible, sí; moralmente, dice, inevitable”.
La política del abandono
El conflicto creció a medida que se desdibujaba el rol de la Nación sobre su red. Legisladores santafesinos manifestaron su “profunda preocupación” por la disolución de Vialidad Nacional (decreto 461/2025) y multiplicaron gestiones ante el 7 Distrito, con sede en Santa Fe.
La provincia encadenó amparos judiciales, audiencias y un hecho político de alto impacto: la señalización de accesos a rutas nacionales para “visibilizar el estado catastrófico” y deslindar responsabilidades. En paralelo, vecinos y autoridades del sur santafesino encabezaron a principios de agosto una manifestación sin precedentes en el cruce de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto, para exigir respuestas concretas.
El contrapunto con la Casa Rosada se fue recalentando. Había iniciado en diciembre de 2024 y escaló incluso a micrófono abierto. “Desde la jurisdicción nacional no tenemos ninguna preocupación”, dijo entonces el vocero presidencial Manuel Adorni, relativizando la agenda vial.
La respuesta santafesina llegó con crudeza: “Nosotros arreglamos las rutas”, afirmó el senador Felipe Michlig, quien marcó la diferencia de gestión mostrando, en el mismo viaje, la RN 11 rota y la RP 4 repavimentada. Un dato duele: en cinco años, la RN 33 acumuló 500 accidentes y 63 muertes. La semántica se impone: para miles, ya son “rutas de la muerte”.
“Muchos santafesinos ponen en riesgo sus vidas al transitarlas”, advirtió Pullaro, quien reclamó ceder las trazas o invertir ya. La provincia insiste en que, si no hay obras federales, está lista para asumir la administración integral mediante un plan ya enviado a la Legislatura.
Puntos rojos del mapa
Un mapa detalla los tramos más conflictivos, según las autoridades, con informes y testimonios recientes. La lista no agota el problema; lo delimita para entender por dónde empezar.
RN 33 (sur santafesino, tramo Sancti Spíritu?Rosario): corredor crítico por calzada fatigada, baches profundos, banquinas degradadas y alto flujo de vehículos pesados rumbo a puertos. La propia provincia recomendó evitarla y usar la RP 90 tras trabajos recientes. En un solo fin de semana se registraron seis accidentes. Vecinos y funcionarios encabezaron protestas en Venado Tuerto. El pedido: repavimentación integral, no parches. Este jueves se conoció la decisión del Juzgado Federal de esa ciudad que ordenó que el lunes 18 se inicien los trabajos de bacheo entre Firmat y Sancti Spiritu.
-RN 33 y A012 (zona del “rulo” de acceso y enlace con Circunvalación): punto negro por geometría, pozos y falta de mantenimiento estable; se reportó el vuelco de un camión en el rulo de subida desde la 33 a la A012. Falta señalización preventiva robusta y corrección de peraltes.
-RN 178 (área de Villa Eloísa y conexión con la 33): tramo que mutó de simple acceso a corredor productivo; la comuna logró medidas cautelares para bacheos, considerados insuficientes por su precariedad. La demanda local: reconstrucción desde la base y drenajes nuevos. En el tramo entre la ruta nacional 9 y Las Rosas se advierten colecciones de pozos en el asfalto, badenes por hundimiento y destrucción total sobre el final, en la intersección con las vías del ferrocarril. En el tramo urbano de esta última ciudad está literalmente destruida, banquinas rotas y sin iluminación.
-RN 11 (corredor norte y centro de la provincia): calzada en mal estado con tramos de bacheo intermitente, banquinas inseguras e iluminación deficiente; las autoridades recomiendan prudencia extrema. Legisladores y funcionarios la ubican entre las más urgentes por siniestralidad y por su rol logístico.
-RN 34 (tramo santafesino): eje de alta velocidad y tránsito pesado que comparte el podio de riesgo con la ruta 11. Señalada por autoridades y legisladores entre las prioridades a intervenir por su tasa de accidentes en 2024 y su función como vía troncal del NOA al centro portuario.
-A012 (anillo metropolitano del Gran Rosario): deterioro significativo en calzada y enlaces; señalizada con carteles rojos que apuntan al estado “catastrófico” y la responsabilidad nacional. Impacto directo en accesos a puertos entre Timbúes y Villa Constitución.
Fuera de Santa Fe, el panorama confirma una crisis federal: gobernadores de Córdoba, Buenos Aires, Salta y Río Negro elevaron sus reclamos por rutas “heridas, rotas y olvidadas”, mientras la Nación defiende recortes y cambios en el esquema de financiamiento. El telón de fondo: más de dos billones de pesos recaudados por impuesto a los combustibles en 2024, con uso discutido.
Causas estructurales y embudo exportador
El deterioro no empezó ayer. Especialistas en infraestructura vial advierten que el problema es acumulativo: rutas pensadas para otro flujo, cargas más pesadas, inversión por debajo de las necesidades y modelos de concesión difíciles de aplicar en tramos “no rentables”. Con Vialidad Nacional desactivada y funciones difusas, la pregunta es quién atiende mantenimiento, asistencia y emergencias. “La situación es desesperante”, sostuvo Sergio Ruppel, de la Fundación Profesional de Transporte. Sin mantenimiento constante, cada lluvia profundiza baches y fisuras; sin presencia estatal, cada emergencia tarda más.
Santa Fe tiene, además, una condición singular: es el “embudo” de salida de la agroindustria argentina. Por su territorio circulan millones de toneladas de granos rumbo a la zona portuaria, con picos de 2,2 millones de camiones al año. Ese tránsito multiplica el desgaste de la red nacional y provincial. La provincia invirtió la mayor parte de su presupuesto vial en corredores propios y, aun así, el desbalance frente a la red nacional ?que no recibe obras de magnitud? vuelve a poner en riesgo a vecinos y a la economía.
El conflicto institucional suma capas: Santa Fe pidió la cesión de rutas nacionales en su territorio para asumir administración y mantenimiento. La Nación, en tanto, exploró esquemas de privatización y concesiones, con escaso interés en corredores deteriorados y tarifas de peaje políticamente costosas. En ese vaivén, los bacheos esporádicos son un paliativo caro y efímero; sin un plan plurianual de reconstrucción, la infraestructura se sigue “comiendo” a sí misma, como definió Pullaro: “Se comió el activo vial”.
