La resistencia de los colonos de Bigand se trasladó a los tribunales de Rosario

Los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario fueron escenario ayer de una concentración con la cual la familia Marinucci y las instituciones que fueron en su apoyo buscan "ponerle rostro humano" a la situación que viven frente a los jueces que deben definir su futuro.

Ocurre que el viejo pleito que mantiene esta familia con la Fundación Honorio Bigand desde hace 12 años se trasladó ahora a Rosario, luego de que un juez de primera instancia fallara en favor de los colonos y frenara el intento de desalojo, veredicto que fue apelado por los abogados de la institución que administra la herencia del fundador del pueblo, la que fue creada por voluntad de la única heredera, Octavia Bigand.

Protesta

Con carteles de "No al desalojo", pancartas y banderas, los manifestantes se apostaron en las escalinatas de los tribunales para visibilizar la protesta ante lo que consideran una nueva embestida de sectores con mucho poder económico e influencias, que buscan quedarse con todas las tierras que fueran legadas por testamento para beneficio del pueblo.

Allí estaban Oscar y Sandra Marinucci, los colonos que continúan resistiendo, y cuya lucha es toda una bandera para la Federación Agraria. "Nosotros encabezamos y representamos a muchas familias que están atravesando por esta situación, que es tremenda; el desarraigo es abandonar lo que tantos años estuvimos haciendo. Nosotros hace cien años que estamos trabajando y viviendo en esa tierra, somos la tercera generación que pone las manos en la tierra y las patas en el chiquero para continuar adelante, y es lo que queremos seguir haciendo", comenzó Sandra, quien llevó la voz cantante.

Agricultura familiar

La mujer recordó que la Fundación Bigand se creó después del fallecimiento de la tercer hija del fundador del pueblo, que no dejó descendientes, pero "empresarios de Buenos Aires, junto con abogados y contadores, vinieron a Santa Fe a llevarse toda la plata; nada queda en Santa Fe, nada en el pueblo de Bigand. Hoy, el único obstáculo somos nosotros, los chacareros, los que estamos en la tierra y seguimos trabajando, y por eso decimos no a los desalojos, no a la concentración de la tierra en pocas manos, sí a los pueblos del interior y sí a que la agricultura familiar tenga rostro humano".

Es que la compulsa judicial pasó por varias instancias. Luego de que una jueza de Casilda se excusara de seguir interviniendo, el caso pasó a Cañada de Gómez, donde el juez Sergio Walter Verdura suspendió el 6 de junio de este año el desalojo de la familia hasta febrero de 2020. Pero esta decisión fue apelada y ahora, la Cámara de Apelaciones de Circuito compuesta por los magistrados Francisco Netri, Eduardo Pagnaco y René Galfré deberán decidir en segunda instancia.

"Sabíamos que después la lucha debía continuar, pero no llegamos a eso; antes, la fundación, que tiene muchísima plata, apeló y ahora nos hace venir hasta este tribunal para mostrarles a los jueces que no somos un expediente, sino rostros humanos —insistió Sandra—, que queremos seguir trabajando y viviendo en esta tierra, en la que vivimos y la que vio crecer a cuatro generaciones. Hacemos fuerza no sólo por nosotros, sino por todas las familias. Nunca más un Héctor, que antes de la muerte lenta, el desarraigo y la falta de trabajo prefirió prenderse fuego y morir en tres días", advirtió. Lo dijo en relación a Héctor Reyes Corvalán, un campesino que se resistió al desalojo de un campo en el paraje Suncho Pampa, departamento Pellegrini, 240 kilómetros al norte de Santiago del Estero, quien finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas por quemaduras.

Al lado de Sandra estaba, Carlos Achetoni, presidente de la FAA, quien alegó que "la tierra debe ser tomada como un bien social y para el desarrollo de estas familias que siempre trabajaron en pos de producir y desarrollarse. La Federación Agraria estuvo históricamente con esta gente y lo seguirá haciendo. Lamentablemente, estamos llegando a estas instancias haciendo los planteos y estando presentes para acompañarlos y decirles que vamos a estar siempre presentes en donde haya una situación como la que estamos atravesando".

Y acotó: "Estamos esperando también que se reglamente la ley de agricultura familiar a nivel nacional, por la que estos casos estarían contemplados y resueltos y no estaríamos pasando por estas instancias. Estamos apelando a que prontamente podamos contar con una ley reglamentada y que estas familias o cualquier otra, porque esta es un emblema, se encuentre representada y defendidas por un marco legal y no tengan que estar atravesando estas situaciones, porque tener que estar en las escalinatas del edificio del Poder Judicial no es lo más saludable".

Respaldo de oradores

El acto tuvo también varios oradores. Hablaron la diputada nacional Lucila Del Ponti, los diputados provinciales Julio Eggimann y Mercedes Meier, el presidente de FAA, el director del Distrito 6º de la entidad, Omar Píncipe, y representantes del Movimiento Evita, del MTE y Mujeres en Lucha.

Entre otros conceptos, Príncipe advirtió que "las que no se rinden son las corporaciones que, a pesar de un fallo a favor de los productores, continúan insistiendo en su pelea contra una familia. Por eso los vamos a seguir apoyando, porque si pierden los Marinucci, perdemos todos los agricultores, porque esta es una resistencia a un modelo que no los tiene en cuenta".

Eggimann insistió con que el caso de la familia de Bigand es emblemático. "Este no es un conflicto individual, esto tiene que ver con un concepto de Estado". Y Achetoni subrayó la "diferencia entre una unidad de negocios y el trabajo de la tierra como un bien social. Hoy graficamos una situación para acompañar a los que trabajan. Todos los políticos se tienen que jugar en esta, nos tienen que representar como corresponde", arengó.

Así las cosas, la resistencia de los colonos que luchan para no ser desalojados de las tierras que trabajaron durante un siglo se instaló en Rosario, donde la Justicia deberá determinar su futuro, aunque ellos no están dispuestos a quedarse callados, y cuentan con apoyo. Ello quedó demostrado ayer, en las escalinatas de los tribunales, donde la gente se despidió entre aplausos al grito de "no a los desalojos".