Imputaron a los integrantes de una banda que cometió estafas millonarias

Tras una extensa audiencia que culminó pasada las 22.30 de ayer en los Tribunales de Venado Tuerto, el fiscal Matías Merlo imputó al abogado Antonio Di Benedetto como jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas inmobiliarias por un valor cercano a los mil millones de pesos. La maniobra, por el monto y la cantidad de personas defraudadas, fue considerada como la más grande ocurrida en territorio santafesino. En tanto, para hoy o mañana está prevista la continuidad del trámite en el cual el funcionario del Ministerio Público de la Acusación pedirá las medidas cautelares que determinará quiénes de los 14 implicados seguirán el proceso en libertad y quiénes con prisión preventiva. "Probablemente a casi todos se les pedirá la prisión, pero queremos analizar bien cada caso antes de solicitarlo", dijo el fiscal.

Durante la audiencia presidida por el juez Benjamín Revori, el fiscal Merlo leyó las 14 imputaciones y destacó los roles ocupados por cada uno de los implicados detenidos el miércoles en una docena de allanamientos realizados en Venado Tuerto, Villa Cañás, Las Rosas, Armstrong, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Rosario. Abogados, escribanos, un gestor rosarino y un médico de Villa Cañás terminaron esposados en esos operativos.

Acusados

Los imputados que ayer desfilaron por los Tribunales son Luis Alberto Bentati, Milena Fischer, Danisa Elisabet Pintos, Maria de los Sarria, Marcelo Jesús Sava, Eugenio Casadei, Antonio Di Benedetto, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall'Armellina, Alberto Long, Roberto Miguel Sainz, Ángel Moreale y el gestor Raúl Jaime.

El segmento de la audiencia que concitó la mayor atención fue la que el fiscal dedicó a la acusación de Di Benedetto, quien tuviera su momento de fama cuando asumió la defensa del ex juez Carlos Fraticcelli al ser acusado por la muerte de su pequeña hija. Para la Fiscalía, este profesional era el líder de "una asociación ilícita que tenía como fin apropiarse de terrenos, campos y casas pertenecientes a personas mayores o fallecidas sin herederos". Le imputó 27 causas de estafa que lo tienen como protagonista central ya sea organizando el ardid como utilizar escribanos que falsificaron documentos privados o un médico que otorgaba certificados "truchos".

A su turno, el defensor de Di Benedetto, el abogado Joaquín Fraga, pidió la separación de la investigación del fiscal Matías Merlo al tiempo que denunció serias irregularidades en el procedimiento. Denunció graves problemas surgidos con el nuevo sistema penal que "impidieron que podamos defender correctamente las imputaciones ya que sólo pudimos tener el legajo en nuestras manos cuatro horas antes de la audiencia".

Di Benedetto también mostró su malestar con la investigación y dejo entrever que podría ser una "persecución política". "En mis años de abogado nunca vi una cosa igual del modo en que me trataron. Antes de que se me impute algún delito ya estaba en todos los medios como el jefe de una banda. Por supuesto que niego tajantemente eso como los 27 delitos que me imputa la Fiscalía", dijo el reconocido letrado venadense.

En diálogo con este diario, el fiscal Merlo sostuvo que hay distintos grados de responsabilidad en la asociación "pero claramente los más importantes son Di Benedetto y el gestor rosarino". Desde ayer Merlo cuenta con un plazo de hasta 48 horas para solicitar las medidas cautelares correspondientes: "Estimo que vamos a pedir la preventiva para los 14 imputados de los cuales, salvo Di Benedetto, son partícipes necesarios de la asociación ilícita".

Según la pesquisa en la banda había roles que eran coordinados por Di Benedetto. Como segunda línea estaban los escribanos Eduardo Casadei (de Venado Tuerto) y Angel Emilio Moreale (de Armstrong) además del rosarino Raúl Jaime.

Entre los de menor responsabilidad pero imputados como partícipes de la asociación ilícita que actuaban como "prestanombres" o testaferros están los demás nombrados en la causa.

Di Benedetto y su defensa fueron muy duros con el fiscal Merlo al punto que lisa y llanamente pidieron que sea separado de la causa. No obstante Merlo dijo que "somos objetivos en esta cuestión, teníamos 40 causas iniciadas y sacamos varias de la investigación porque considerábamos que no se daban los parámetros o no alcanzaban las pruebas para acusar".

"Se sabe que cuando uno se mete en temas no acostumbrados, lo primero que se hace es pedir el apartamiento, plantear recusaciones. Es una táctica de la defensa que no influye en nosotros", agregó.

Descargo

Por su parte, el abogado Arsenio Domínguez, quien representa a uno de los damnificados por la megaestafa, contó que "atendía la sucesión de un campo de 500 hectáreas y ahora me encuentro con que apareció la venta de ese campo antes de que murieran los titulares. Y que esa venta había ingresado en el Registro de la Propiedad de Rosario, pero la operación nuca se había hecho legalmente, era una maniobra de un tal (Raúl) Jaime, el gestor imputado que es rosarino".

"En mi caso se dio la situación de que Di Benedetto atendía a uno de los herederos de la sucesión y me llamó la atención que si él tenía tantos datos no sucediera nada raro. Pero resulta que sucedió, y aparecieron los campos a la venta. Fuimos a hacer la denuncia tanto al Registro de la Propiedad como a la Fiscalíaa a fines de 2016", agregó el letrado. Y contó que "otra cosa pasaba cuando los dueños de los terrenos o los campos iban a pagar los impuestos y se daban cuenta de que las propiedades ya no estaban a nombre de ellos".

Por otro lado dijo que "también sucedía que las propiedades habían cursado un trámite de escrituración. En ese caso se hace un juicio y se cita a las partes, pero no entiendo por qué no saltó en la Justicia, ya que nadie comparecía y el juicio estaba en rebeldía, pero al ser desapoderados los dueños uno ¿cómo se entera? En esos juicios fueron cediendo de manera apócrifa derechos, se cedían los derechos litigiosos del juicio que ya tenían sentencia o escritura".

Para Domínguez puede haber "más perjudicados, ya que la gente al ver que avanza la causa se va a acercar a denunciar y algunos constataran sus posesiones. Esta es la estafa más grande en la provincia. La Justicia es lenta pero llega. Es una cosa de locos porque sabían que estaban bajo la mira, pero los imputados hasta que no se demuestre la culpabilidad son inocentes y entonces seguían con la maniobra".