El condenado represor, junto a otros tres expolicías santafesinos es juzgado por delitos cometidos contra 16 menores de edad en 1980
Por Ruth Oitana
Mario Páez junto a su madre Juana y su padre Arnaldo, fue secuestrado por un grupo de tareas en febrero de 1980.
En febrero de 1980 la localidad santafesina de Laguna Paiva era una pequeña ciudad de no más de 11 mil habitantes. Un pueblo grande o una ciudad chica, donde todos se conocían, todo se sabía y donde se cometieron delitos de lesa humanidad vinculados al accionar de represores que actuaron durante la última dictadura cívico-militar de la que ya se cumplieron 50 años de su inicio.
Ese verano tuvieron lugar los hechos que fueron juzgados previamente en 2021 en la causa Chartier (o Laguna Paiva) y de la que se desprende este segundo tramo donde por primera vez en el país, se juzgará como delito de lesa humanidad el abandono de persona, además de los delitos de secuestro, abuso sexual y torturas sufridas por 16 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la familia del obrero Arnaldo Catalino Páez, que era buscado y posteriormente fue secuestrado por el aparato represivo del Estado.
Desde las 8.30 de este martes se concentraron frente a los tribunales federales de la capital provincial, referentes y militantes de organismos de Derechos Humanos y sindicales, para acompañar el reclamo de “memoria, verdad y justicia” en el inicio de la primera de las audiencias.
En ese contexto, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) conformado por Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, tiene nuevamente en el banquillo de los acusados al exjuez Víctor Hermes Brusa, quien actualmente cumple condena por causas previas y a los expolicías Eduardo Enrique Riuli (condenado en 2021a seis años y medio por la causa Chartier), a Oscar Cayetano Valdez (condenado en 2019 a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe) y a Antonio Parvelotti.
Se tratará de un juicio histórico desde el punto de vista de los delitos que se les imputan a los acusados que, con el objetivo que llegar al paradero de Páez, recurrieron a métodos extremos contra sus hijos y sobrinos, todos menores de edad.
Los testimonios que se consiguieron durante el juicio Chartier, que condenó a seis expolicías -entre ellos Riuli- por allanamientos ilegales y la privación ilegítima de la libertad de 11 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre los que se encontraba Páez, permitieron concretar este nuevo juicio para reparar el daño sufrido por los niños.
En ese contexto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDHR) concretó la denuncia formal para investigar lo sucedido y al constituirse como querellante, intentará demostrar que los operativos contra los obreros derivaron en los delitos contra las infancias que incluyeron secuestros, torturas, abandono de persona y un caso de abuso sexual contra una de las niñas de la familia Páez. Dentro del equipo de la querella se encuentran las abogadas Julia Giordano, Federico Pagliero y Noelia Zarza.
De lograrse la sentencia sobre los acusados, este caso sentará jurisprudencia al condenar como delito de lesa humanidad al abandono de menores en el contexto de la dictadura y reconocer la violación de los derechos humanos de las 16 víctimas.
La inclusión en la actual causa del exjuez Brusa, se desprende de que, a pesar de haber sido mencionado en reiteradas ocasiones durante el transcurso del primer tramo del juicio Laguna Paiva, nunca fue citado a declarar. Ahora el represor fue procesado junto a los expolicías por el fiscal Martín Suárez Faisal, actuante en causas previas donde logró la condena de Riuli y Valdez.
En el momento de producirse el secuestro de los militantes del PTR de Laguna Paiva, Brusa se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal (donde posteriormente fue juez) a cargo de los interrogatorios ilegales contra militantes secuestrados y con grado de participación en los tormentos a los que eran sometidos, de acuerdo a los testigos.
En este juicio se intentará demostrar que la persecución política de Arnaldo Catalino Páez como referente del PTR en Laguna Paiva también derivó en el secuestro de sus hermanos y respectivas familias, incluyendo a los menores.
En la causa Chartier se estableció que la persecución del militante comenzó el 8 de febrero de 1980 en Esperanza (donde secuestraron a María Ceferina Páez, hermana de Arnaldo), siguió en las localidades de Esteban Rams y Ceres y concluyó con el secuestro de Páez en la localidad bonaerense de Lima. El perseguido era obrero en el frigorífico de Nelson y su militancia sindical lo puso en la mira de la dictadura. Sabiendo que era buscado por las fuerzas represivas, se había instalado en Lima junto a su familia y trabajaban en un horno de ladrillos.
El secuestro de Páez se produjo el 15 de febrero de 1980. Ese día el grupo de tareas se llevó a Arnaldo, a su esposa embarazada y al hijo mayor de la pareja. Previamente saquearon la vivienda y les quitaron los medios de subsistencia a los niños que quedaron en el lugar sin un adulto que se hiciera cargo de ellos. El grupo de tareas había actuado de igual manera en el domicilio de María Ceferina: destruyendo y robando pertenencias y dejando solos a los hijos de la mujer.
En un estado de absoluta indefensión y abandonados a su suerte quedaron Mónica de 12 años y sus hermanitos menores, el más pequeño de 18 meses. Los niños que presenciaron el secuestro de sus familiares y la destrucción y robo de sus propiedades, sobrevivieron durante varios días trabajando en el horno hasta que fueron institucionalizados.
El juicio debería haber comenzado el 28 de abril, pero ante la renuncia del abogado defensor de Oscar Valdez, el TOF decidió posponer la fecha de inicio. Sin embargo, esta mañana el acusado Antonio Parvelotti (subjefe del centro clandestino de detención D 2 durante la dictadura) un día antes del inicio del juicio le revocó el poder a su abogado defensor, en lo que Pagliero consideró durante una entrevista con el canal de streaming La Retaguardia como “una nueva maniobra dilatoria”. Sin embargo el tribunal indicó que el debate debía comenzar y se instruyó a un defensor oficial para que se pusiera en autos minutos previos al inicio.
Ante la realidad de maltrato y abandono que sufrieron los hijos del matrimonio Páez-Medina, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia presentó un amicus curiae para esta causa. Este es un recurso que presentan terceros ajenos a un litigio (personas, organizaciones o instituciones) para intervenir voluntariamente y ofrecer el aporte de información objetiva, argumentos jurídicos o técnicos sobre el tema que se debate.
Al respecto, el defensor Juan Cruz Giménez indicó en conferencia de prensa que “Estamos en un caso que es pionero: la Defensoría no puede mirar para otro lado”. A ese concepto se sumó el aporte de Giordano quien agregó que el amicus curiae sirve para “ poner el foco en las infancias como sujetos y no como objetos”, situación que comenzó a cambiar luego del desarrollo del juicio de la causa Guerreiri IV, donde se debatió sobre la figura procesal que correspondía para juzgar el secuestro de menores junto a sus padres, cambiando la doctrina existente sobre el asunto.
Giménez sostuvo que desde la Defensoría se acompañará el proceso enmarcados en la leyes vigentes sobre protección de las infancias y destacó que “la inclusión de la figura del abandono de niños y niñas dentro de los crímenes de lesa humanidad, sentará un precedente en todo el continente".
Durante la conferencia de prensa que los integrantes de la familia Páez ofrecieron la semana previa al comienzo del juicio, María Páez expresó: “Estamos reviviendo una historia muy dolorosa. Queremos justicia, queremos un cierre, queremos poder vivir en una localidad tranquilos, en paz y seguros”.
Al contexto de violencia sufrido por los niños y niñas de la familia Páez se le sumó que, al vivir en Laguna Paiva, se cruzaban permanentemente con quienes habían sido sus secuestradores. Incluso Riuli, juzgado como partícipe del secuestro de Arnaldo, de su esposa Juana Medina (entonces embarazada de María), y de su hijo Mario de 14 años, llegó a ser un personaje destacado de la comunidad como animador de fiestas y locutor en su propio programa de radio.
“Para mi madre (Juana Medina) y mi hermano mayor (Mario Páez) es muy difícil cruzarse con él. Es muy violento para ellos y por ende para todos nosotros. Por eso creemos que tenemos derecho a vivir en libertad y a poder transitar tranquilos en nuestra comunidad”, expresó María.
Desde la familia esperan que los acusados sean condenados con cárcel común y efectiva.
En el comienzo de la primera audiencia del juicio, los abogados de la querella solicitaron la difusión integral del juicio por el canal oficial del Poder Judicial, más allá de la transmisión que realiza el canal La Retaguardia, que es un medio autorizado para difundir las imágenes. "Solicitamos la transmisión de la totalidad de las audiencias a modo de dar cumplimiento efectivo al principio de publicidad; un principio fundamental de control republicano", indicaron.
Ante el pedido y no habiendo objeción de las defensas, el tribunal decidió dar curso al pedido para que la querella libre el oficio para solicitar las medidas técnicas necesarias para proceder a la difusión pública del juicio en las próximas sesiones.
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