El Concejo recibió a los trabajadores a quienes los notificaron para retirarse del terreno fiscal que ocupan en Refinería. El plazo es de 10 días hábiles
Por Lucas Ameriso
La cooperativa Linares Trechel fue intimada por la Nación a su desalojo en un plazo de 10 días.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado intimó el pasado martes a la cooperativa de trabajo Linares Trechel LTDA para que en diez días hábiles corridos proceda a la desocupación y restitución del inmueble que ocupa desde hace décadas en Junín y Caseros, en pleno corazón de barrio Refinería y a metros de Puerto Norte.
En el escrito, la Nación afirma que la "ocupación se mantiene sin derecho alguno", y les hace saber que se reservan reclamar la indemnización de todos los daños y perjuicios que su incumplimiento pueda ocasionar. El conflicto ya estalló en el Concejo Municipal, en donde varios ediles piden la suspensión de los tiempos de lanzamiento y una mesa de diálogo para encauzar la continuidad laboral de 14 trabajadores.
La nota cayó como un balde de agua helada en la sede histórica de lo que hasta el 18 de marzo 2013 fue una firma que fue a la quiebra judicial y los ex dueños se habían llevado los elementos para producir. Por ello, la cooperativa funciona desde hace 13 años en este terreno fiscal con la elaboración, fraccionamiento y distribución de un amargo serrano sin alcohol y agua filtrada.
El predio quedó en un lugar estratégico dentro del proceso de transformación urbana que atravesó Puerto Norte en los últimos 20 años. Y cuenta con una superficie total de unos 26 mil metros cuadrados, en los que otrora ingresaban trenes con carga para abastecer bodegas que funcionaban en la zona. El escrito intimatorio tiene fecha del 28 de abril pasado y llegó al portón de Trechel el 30 de abril.
"Ahora somos 14, pero fuimos unos 24 en la cooperativa. La Justicia nos dio la viabilidad para seguir trabajando en lo que hace 60 años era Bodegas del Litoral y hace más de 40 años funciona en estos terrenos del Estado", indicó a La Capital Carlos Gavio, en representación de los trabajadores. Hasta que se decretó la quiebra, se pagaba un canon a la ferroviaria NCA. El lugar ocupa un enorme triángulo de una gran manzana que además tiene ocupaciones irregulares. "Nunca vino nadie a decirnos que debíamos irnos; incluso, vinieron inspecciones a constatar que estábamos en cooperativa. Entre otros temas, están las máquinas, que son antiguas pesadas, difíciles de mover y sirven para embotellar, pero no estamos dispuestos a abandonar el predio", afirmó Gavio, para preguntarse: "¿Adónde iríamos? ¿Perdemos la fuente de trabajo?".
La estrategia ante la intimación al desalojo es frenar los plazos a través de abogados y llegar a algún acuerdo con la Nación para garantizar la continuidad laboral. "Negativo, de acá no nos vamos", dijo el cooperativista ante la consulta de si están dispuestos a retirarse.
La problemática de Trechel fue abordada este lunes por la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal, que recibió a Gavio y otros cuatro compañeros. Ante los ediles, los trabajadores señalaron que siempre existió voluntad de regularizar su situación, que recibieron empleados del gobierno nacional que constataron su actividad y solicitaron la intervención de la comisión para gestionar instancias de diálogo o alternativas de relocalización, algo no deseado por el momento. "Históricamente existió voluntad de la cooperativa de regularizar la situación", marcaron, al mencionar que es fundamental garantizar la continuidad laboral de sus integrantes. Además, solicitaron a concejales del bloque La Libertad Avanza que realicen gestiones ante el Estado nacional.
La comisión, por su parte, propuso avanzar en gestiones administrativas ante la Nación.
"Desde el año pasado intentamos un lazo con la gestión nacional y nadie responde", mencionó la concejala justicialista Norma López, quien recordó que se hicieron varias gestiones y acciones tanto con legisladores nacionales de La Libertad Avanza y del PRO como con la Municipalidad con el fin de fortalecer el vínculo con el municipio y con la provincia. "Lo que no puede pasar es dejar a más de 20 familias sin trabajo y que la cooperativa caiga, después de años de lucha por su sostenimiento. Recordemos que en 2013 la empresa quebró y la Justicia otorgó la posibilidad de que los trabajadores, en tanto acreedores de la empresa, pudieran reconvertirse", mencionó López. Y asumió que si bien "es una potestad del gobierno reclamar el lugar, se debería garantizar el trabajo".
Por su parte, Anita Martínez (PRO) indicó que contactó a ex funcionarios macristas de la Administración de Bienes del Estado para tomar alguna referencia de la intimación. "La situación está judicializada con la quiebra, se usa el predio para trabajar y queremos acercar las partes para encontrar alguna solución. En caso de que la Nación no responda, intentaremos ser un puente y la cooperativa debería seguir funcionando. Más allá del pedido de desalojo, las máquinas tienen 50 años montadas allí y hay que darles tiempo e información acercando las partes de un tema complejo de hace años. Queremos gestionar una respuesta y una reunión con autoridades nacionales y acompañarlos. Si pueden tener una prórroga de más de 10 días se ganaría tiempo valioso para poder contar la situación de Trechel hoy", dijo la edil macrista a este diario.
Es un terreno fiscal de la Nación y por ende la provincia y el municipio deberían esperar a una definición.
Para la socialista Alicia Pino, los integrantes de la cooperativa deberían armar todos los antecedentes y presentarlos ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para dejar asentada la situación en la que se encuentran. "También hay que generar un vínculo administrativo y legal con la Nación para producir una transición ordenada, y no de un día para el otro", marcó Pino, que se inclinó por encuadrar la cooperativa para que obtenga la tenencia legal del predio y seguir trabajando allí. "Las máquinas no pueden moverse, y mudarse sería sinónimo de perder el trabajo", dijo Pino, y consideró que el rol de los concejales pasa por promover el diálogo entre las partes, escuchar ideas de la Nación e intentar algún proyecto en conjunto.
Finalmente, Julián Ferrero, por Ciudad Futura, indicó que "ahora, lo más urgente es visibilizar el tema, darlo a conocer, que se sepa que peligra la continuidad laboral de una cooperativa histórica y de tantas familias".
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