El diputado Del Frade presenta un nuevo proyecto de expropiación de La Calamita

El predio de La Calamita, el centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Granadero Baigorria durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1977, lleva 18 años desde que se sancionó en la provincia la primera ley de expropiación para construir un Centro de la Memoria y casi cinco desde que la familia Benzadón se comprometió a donar una parte del terreno de 10 hectáreas.

“La Calamita fue reconocida como centro clandestino en 1984, hace 37 años. Han pasado 18 años desde la primera ley de expropiación, y casi cinco años desde que la familia se comprometiera a donar la parcela edificada. No se ha avanzado ni en la expropiación ni en la donación. Nos preguntamos cuántos años más debemos esperar”, advirtió a La Capital el diputado provincial Carlos Del Frade, autor de un nuevo proyecto de ley de expropiación definitiva de La Calamita.

“Dado el valor histórico que contiene este predio, por su importancia en la construcción de la memoria colectiva acerca de lo sucedido en la última dictadura cívico-militar, y su aporte en la construcción de la verdad y la justicia, es que considero impulsar esta iniciativa de expropiación a la espera de que por fin pueda darse a este espacio el destino que debe tener. En virtud de lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley”, sostiene el legislador en el proyecto.

La historia de La Calamita como centro de operaciones del terrorismo de Estado se remonta al informe de la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), como recuerda Del Frade: “En 1984, la Conadep aseveró los hechos acaecidos en el lugar, confirmando que la Quinta La Calamita había funcionado como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. En el informe de la Conadep figura el legajo 6692 en el que consta la desaparición de Héctor Pedro Retamar, militante del Movimiento Villero, de extracción peronista, quien fuera secuestrado el 21 de mayo de 1977. En el mismo se menciona a la “quinta operacional de Granadero Baigorria” denominada La Calamita. En el mismo sentido, la sentencia dictada en la causa Guerrieri en 2010 contiene testimonios que aseveran el funcionamiento de La Calamita como centro clandestino de detención, entre 1976 y 1977”.

La Calamita integró el circuito represivo ilegal del Segundo Cuerpo del Ejército, en el sur provincial, como narra Del Frade: “La Calamita integró la lista de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Santa Fe, bajo control del Segundo Cuerpo de Ejército, en cuya jefatura se sucedieron Leopoldo Fortunato Galtieri y Genaro Díaz Bessone. El requerimiento de elevación a juicio mencionado anteriormente expresa que este centro clandestino funcionó como paso previo al tránsito por la “Quinta de Funes”, la “Escuela Magnasco” y “La Intermedia”.

El predio de 10 hectáreas que era una quinta de árboles frutales y olivares de Juan Sala en la década del 20, fue adquirido por La Calamita en 1955 y finalmente por la familia Benzadón en 1969 hasta que entre 1976 y 1977 fue alquilado por el Ejército para instalar el centro clandestino de detención. “La Calamita funcionó hasta septiembre de 1977, fecha en la cual tomó estado público el destino ilícito del inmueble a través de la denuncia efectuada por el Partido Comunista ante el secuestro de Fernando Messiez. La recuperación de la democracia mostró rápidamente los horrores ocurridos en La Calamita. Las denuncias de vecinos y de la propia Municipalidad de Granadero Baigorria motivaron una inspección judicial realizada por el entonces juez de instrucción Luis Juan Giraudo, quien se presentó en el lugar en enero de 1984. También en ese año se concretó la visita de la Conadep, que estableció fehacientemente el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención en el predio”, sostiene Del Frade.

El pedido de expropiación del predio, hecho por la movilización del casi todo el arco social, político y cultural de Granadero Baigorria y de Rosario, sumó varios proyectos de ley vencidos y hasta el compromiso de impusarlo de los extintos gobernadores Jorge Obeid y Miguel Lifszchitz, sin que hasta ahora viera la luz. “En la actualidad la ley de expropiación ha caducado nuevamente, el predio está habitado por familias, que iban a ser relocalizadas. y han vuelto a funcionar algunos emprendimientos económicos en el lugar sin que haya al momento intervención de ninguna instancia estatal”, abundó Del Frade.