Casilda: piden al municipio que mantenga la clausura de la obra de tribunales en Parque Sarmiento

La Asamblea Casilda, integrada por agrupaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados que se oponen a la construcción del edificio de tribunales en el Parque Sarmiento, presentó este lunes un petitorio en la Municipalidad para que mantenga la clausura de la obra "debido a las múltiples irregularidades que no han sido resueltas".

Todavía no está firme el fallo de la jueza de Circuito de Distrito Judicial Nº 7 de Casilda, Laura Babaya, quien, como dio cuenta días atrás La Capital, rechazó dos recursos de amparo basados en la ley 10.000 que tenían por finalidad lograr la paralización de los trabajos "hasta tanto se presente el informe ambiental emitido por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y la reparación de los árboles que fueron podados y talados". A ello se suma que, previamente, la Corte Suprema de Justicia santafesina no solo había comunicado al municipio su negativa al pedido de relocalización de la obra sino que le había requerido apurar el levantamiento de su clausura para que la empresa adjudicataria retome los trabajos.

Sin embargo, los asambleístas casildenses volvieron a la carga y solicitan en su escrito dirigido al intendente Andrés Golosetti, que “se suspendan las obras de los tribunales provinciales hasta tanto no se acredite el cumplimiento de los recaudos legales que son propios de su deber funcional". Y lo fundamentan a partir de "una serie de exigencias legales que no se encuentran cumplidas ni en proceso de serlo".

Plantean que "con base en el principio jurídico ambiental constitucional de prevención y precautorio (ley 25.675 t.o de ley 11.717 y ley 10.000 y Código Civil y Comercial de la Nación) en el marco de la ley provincial del arbolado público Nº 13283/18 (BO16-01-2019) se postula como pretensión final que se rechace la elección efectuada por la provincia de Santa Fe para la construcción del Centro de Justicia en el predio del Parque Sarmiento debiendo seleccionar otro lugar y dejar sin efecto la elección ya no discrecional sino arbitraria por lo irrazonable".

En este contexto, es que solicitan al mandatario local que "mantenga la anterior o dicte otra nueva resolución administrativa que suspenda las actividades constructivas del mismo hasta tanto se cumpla satisfactoriamente el correcto estudio de impacto ambiental previo y su aprobación por la autoridad de aplicación y en especial la celebración de la audiencia pública prescripta por la ley, y consecuentemente la contratación del seguro ambiental obligatorio (art.22 ley Nº 25675 y decreto del PEP Nº 1879/13) que también consigna la ley ambiental vigente”

Y "respecto a la destrucción masiva del arbolado histórico y público que circunda el área del mencionado proyecto acredite haber cumplido con dichas pautas y en su caso demuestre los recaudos administrativos y legales por la destrucción del mismo y la forma en que habrá de remediar el daño ambiental colectivo ocasionado a dicho arbolado que en la actualidad se observa parcialmente devastado".

Finalmente, se señala que "sin considerar esta petición como el reclamo administrativo previo de la ley 7.234 (t.o 9040) se la presenta con el claro y concreto deseo de que esa administración municipal agote todos los medios pacíficos para evitar una contienda judicial. De no responder de conformidad o con silencio, se tendrá configurado el silencio de la administración como negativa y se procederá con arreglo a derecho”.

El requerimiento apunta a velar por la "protección" del parque y el equilibrio ecológico, cuya postura viene siempre visibilizada desde el primer momento por el colectivo de vecinos autoconvocados y asambleístas que el jueves pasado, como ya publicó este diario, volvieron a movilizarse al cumplirse un año del acampe en rechazo a la ejecución de la obra en ese “pulmón verde de la ciudad".