La industria local siente los embates del tarifazo energético nacional

La industria local advirtió que hasta ahora “solo se vio el impacto nacional” del tarifazo energético, que ya pone en jaque a las empresas rosarinas. Desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) indicaron que el aumento en las boletas de luz solo representa el incremento mayorista, que es un tercio de la boleta, y aún no el de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ni en de los impuestos. Adelantaron que cuando llegue, el aumento completo será del 300% sobre lo que se pagó en enero.

La tarifa tiene tres grandes partes: una nacional, que es la de generación y transporte (mayorista); el valor agregado de distribución (VAD) de cada jurisdicción, que en Santa Fe cobra la EPE y se compone de los costos para brindar el servicio (infraestructura, empleados, vehículos, entre otros); y los impuestos. En febrero hubo dos noticias: primero la Secretaría de Energía de la Nación autorizó un aumento del mayorista de 200 al 425%, según la categoría; y después la EPE convocó a una audiencia pública para incrementar el VAD.

La resolución nacional del 2 de febrero establece además que todos los usuarios que no son residenciales (comercios chicos o grandes, organismos públicos, escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, clubes, empresas o industrias) paguen todos un precio único de energía. Esto subsume todas las categorías en una, además de aumentar considerablemente. Antes había segmentos de categoría según el consumo y características del cliente: 8.841 pesos el megavatio/hora, 15.585 o 20.466. Ahora, todos los usuarios pagarán en el horario pico de demanda (de 18 a 23) 46.018 pesos.

En la boleta que pagaron en marzo, a la industria y el comercio ya les impactó el aumento nacional. Pero a partir del 20 de abril, fecha de vencimiento de los consumos de marzo, también pagarán el nuevo cuadro tarifario de la empresa distribuidora provincial, que será del 161% respecto de enero, y 215% de octubre, ya que en ese momento debía producirse un incremento que fue postergado por la anterior gestión. Es decir, se conjugarán ambas subas, justo en el marco de un período total de baja de actividad por la recesión.

Tres veces más

“Un usuario categorizado como gran demanda, industrial y comercial grande, va a pagar tres veces más. Son 3.100 en todo Santa Fe, pero representan el 45% de la facturación de la EPE. Cuando lleguen las facturas de marzo, además, no van a representar un consumo completo, porque hay empresas que suspendieron turnos, redujeron horarios, dieron salida a los contratados. La actividad está parada por la crisis”, explicó Eugenia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Plástica y miembro del comité ejecutivo de la Fisfe.

Además de lo que cobran Cammesa y la EPE, el precio de la factura tiene como tercera pata una fuerte carga impositiva que representa el 39,9%: un 27% y 3% de IVA nacional; un impuesto provincial del 1,5%; tres municipales (6%, 0.6% y 1.8%) más dos fijos, cuota de alumbrado publico y fondo de energía renovable. “De estos tres factores, solo se vio el impacto de la mayorista, y en algunos casos solo el 50%. Recién ahora vamos a recibir la afectación completa, que estimamos en una suba del 300%”, apuntó la también integrante de la Unión Industrial Regional Rosario.

De ahora en adelante, y atendiendo el descalabro inflacionario, la EPE quiere aplicar una fórmula de aumento del VAD cada dos meses sin pasar por audiencia pública, medida según Indice de Precios al Consumidor, variación salarial y aumento de costos. A esa suba, se le sumará la que hace cada tres meses la mayorista. “Esto afecta toda la cadena: fabricantes, el comercio que vende el producto, el tipo que hace el mantenimiento”, subrayó Martínez.

Crisis   

A nivel provincial, la Fisfe tiene medida una caída del 11,4% en la actividad. El consumo de energía bajó el 5,5%, y el 77% de las ramas industriales están en baja (algunas a más del 50%). En este marco, la referente afirmó que estos aumentos “son muy difíciles de trasladar, y los que pagan contratos con la EPE (que es una potencia por adelantado) están con muchas dificultades, porque pagarán el costo fijo trabajen o no trabajen.

“Dijeron que iban a arreglar la macroeconomía y eficientizar el Estado, pero no vemos políticas de desarrollo de industria. Estamos teniendo costos internacionales de algunos factores como la energía, sin tener los costos internacionales de materia prima como acero, plástico o hierro. Estamos pagando cualquier insumo más caro, el doble en algunos casos que Brasil. Hay un fenómeno de inflación en dólares, estamos perdiendo competitividad”, lamentó la especialista en consumo energético.

En ese sentido, advirtió que “una unidad que cierra es muy difícil de abrir, a veces lleva un año preparar una línea de producción para volver a fabricar un producto. El panorama pinta muy complicado, ya vimos las consecuencias que tienen determinadas políticas como estas. Cuando se desarman las cadenas, es muy complicado volver. Hay que tener cuidado de que no se rompa el entramado social y productivo de las localidades”, alertó.

Es que Santa Fe tiene el segundo PBI Industrial del país, sólo detrás de Buenos Aires. En términos de empleo, la industria representa el 27% de la generación de puestos de trabajo; siendo, además, el sector que, en promedio, remunera mejor. Se trata de 140.000 empleos registrados directos; y la industria es, además, la rama que más puestos indirectos aporta. La posibilidad de daño social que puede provocar un hundimiento de este rubro es mayúsculo.

Por eso, los industriales se han puesto a disposición del gobierno provincial para poder pedir políticas productivas. “Hay cosas que no maneja provincia. Nosotros tenemos energía para poder abastecer nuestra demanda interna, la industria tiene que seguir funcionando. Estamos hablando. Esta semana habría una reunión para ver que es lo que se puede hacer, lo están analizando”, adelantó.

Como federación, piden escalonar el aumento, poder bajar los contratos con garantía de reingreso a la potencia que tenían anteriormente, tarifa plana y bonificación por actividad productiva, capacitación en eficiencia energética para reducir el consumo, ir con la EPE a pedir una tarifa productiva a Nación, y otras reivindicaciones propias de la jurisdicción, como la creación del tantas veces pedido ente regulador.