Una jueza de Rosario ordenó medidas de prueba ante los incendios en las islas

La jueza Jorgelina Entrocasi, integrante del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual N° 2 de Rosario, admitió una presentación de la fiscal extrapenal María Laura Martínez para asegurar pruebas que puedan ser de utilidad en la causa por la quema de los humedales del delta del rio Paraná.

Las medidas que la fiscal solicitó y que la jueza autorizó tienen por fin recabar información de la Dirección General de Catastro de Entre Ríos, de la Municipalidad de Victoria y de la de Granadero Baigorria “para determinar cuáles son los inmuebles que integran el territorio insular del departamento de Victoria y sus titulares registrales”.

Esta información será contrastada con la que se obtenga de la realización de prueba pericial técnica que permita determinar en cuáles de esos inmuebles se ha detectado o denunciado la presencia de fuego. Para ello solicitó librar comunicaciones para informar y ser informada al juzgado federal de Paraná interviniente, al Ministerio de Ambiente de Santa Fe y de Entre Ríos, al comité de emergencia creado por la Corte Suprema y al Observatorio Ambiental de la UNR.

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La fiscal Martínez fundamentó su pedido en que “en un Estado Federal, la conservación, cuidado y reparación del ambiente supone una problemática cuyo abordaje reclama decisiones descentralizadas y multijurisdiccionales” y que, en este caso, “la propiedad del territorio insular corresponde a personas privadas, muchas de ellas domiciliadas en esta ciudad de Rosario; por lo tanto, este tribunal reviste competencia territorial”.

Por último, Martínez destacó que el bien jurídico protegido no sólo es el medioambiente sino la vida, salud y seguridad de las personas que se ven afectadas por los incendios.

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Es importante tener presente que la decisión de la Dra. Entrocasi no afecta ni aborda otro tema importante en esta problemática de los incendios en las islas frente a Rosario que es la competencia o no de la Justicia provincial en la materia. En definitiva, se trata de asegurar pruebas que serán de utilidad para la autoridad judicial que finalmente deba actuar una vez decidida dicha competencia.