La agenda del gobierno de Maximiliano Pullaro en temas de seguridad pública se centrará en cinco líneas a imponer desde el primer minuto de gestión. La primera es la búsqueda de una ley de emergencia que posibilite una inmediata reorganización del servicio policial y de la compra de equipamiento con medidas de excepción con la meta de visibilizar a la fuerza en la vía pública. La segunda es una ley de narcomenudeo que coloque en manos de fiscales provinciales la persecución del comercio urbano de drogas. Le seguirá una reformulación de la gestión de las prisiones con el regreso de pabellones exclusivos de presos de alto perfil para un control exhaustivo de estos referentes, a la vez que un plan de construcción de plazas penitenciarias para descomprimir comisarías.
También habrá una reactualización del plan de estaciones policiales sin que eso suponga cierres de comisarías. El quinto punto es un plan específico para contener la violencia armada de alta lesividad que incluye reformas al Código Procesal Penal.
En el gobierno entrante ya están en consulta con referentes legislativos para impulsar un paquete de leyes que permitan medidas de emergencia. Pullaro aduce que aspira a concretar en 60 días un cambio manifiesto de la presencia policial en las mayores ciudades de la provincia. Para eso se necesitan, alegan en su equipo, medidas de excepción. Estas deben permitir en la estructura de la policía provincial revisar funciones administrativas innecesarias, modificar entre las áreas de uniformados distinciones sin motivo en cuanto a régimen horario, estructura burocrática y competencias jerárquicas.
La meta es ganar operatividad en las calles. Se buscará para eso desafectar policías de tareas administrativas. La normativa en gestión apuntará a aumentar los limites de compra directa de equipamiento, a tercerizar el mantenimiento de flota de patrullas y de refacción de móviles.
Hasta el Papa
La ley de emergencia procurará reducir al máximo la oposición entre policías administrativos y policías en función de seguridad para volcar efectivos a la vía pública. Se esperan resistencias. Los responsables dicen saber que a un empleado que estuvo diez años en una función administrativa si se le pide que salga a patrullar es muy probable que manifieste una incapacidad física o alegue un problema psicológico. Por ello se trabajará fuerte en supervisar una a una las carpetas médicas, las carpetas psicológicas y el control de ausentismos. No podrá ingresar nadie a la policía en el futuro sin tener licencia para conducir vehículos.
"Hasta el Papa sale a patrullar", es el lema del elenco entrante. Incluso la flota ministerial se aplicará al patrullaje. Una limitación inicial por el análisis de la información es que hay un serio déficit de móviles disponibles para tareas preventivas. La información que pasó la gestión de Perotti a la de Pullaro en las reuniones de transición indicó que hay actualmente desplegados 150 móviles en Rosario y 90 en Santa Fe. Los que llegan relativizan fuertemente el dato. Dicen contar con lo que denominan números aterradores: afirman que las rutinas de patrullaje activo en zona urbana contaban la semana pasada con 24 móviles en Rosario y 18 en Santa Fe. Los demás pueden estar en rutinas de trámites, de traslados, de custodias fijas o de desplazamiento de detenidos. No en tareas preventivas.
El objetivo será tener el año próximo 200 en Rosario y 100 en Santa Fe para patrullaje. A ese fin se requiere el triple de flota porque las refacciones permanentes y el circuito de descanso así lo exige. En Rosario para garantizar 200 móviles en servicio hay que disponer de 600 vehículos.
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Los 15.800 policías que cumplen tareas operativas en la calle recibirán una tarjeta alimentaria por 4 mil pesos.
Habrá un cambio de conducción de la Jefatura de provincia, una modificación de la estructura de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación al trabajo con fiscales, que tendrá una supervisión funcional del área política. No se designarán 19 jefes policiales, uno por cada regional: hay diagnóstico de que no hay recursos jerárquicos suficientes para garantizar un recambio total. Se convocará entonces a oficiales superiores retirados mediante disposiciones legales no para ejercer tareas de mando policial directo sino para que sean enlaces entre ciertas jefaturas y la conducción política para trasladar las demandas.
Pullaro busca replantear las relaciones entre la policía y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre facultades de investigación. Pretende que la dirección técnica y científica en la pesquisa de delitos esté en manos policiales y no de los fiscales. El fiscal debe dirigir la estrategia policial y conducir jurídicamente la investigación, pero no tener asignadas brigadas especiales de efectivos a su cargo de modo fijo.
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También apuestan a cambiar por protocolo la actuación policial en el lugar del hecho. Ejemplo: un policía llega a un lugar donde encuentra una persona muerta. ¿Debe acordonar la zona, interrogar rápidamente a testigos o llamar al fiscal hasta ubicarlo? En el entorno de Pullaro afirman que la lógica es hacer lo primero sin relegar al fiscal. Pero hoy según aducen no hay movimiento hasta que se ubica al fiscal y se espera su orden para ejecutar medidas. Deberán cambiar las primeras diligencias para que protocolos convenidos se activen automáticamente. El aviso al fiscal no debe demorar pero no a costa de resignar tiempo útil para las pesquisas.
Control sobre las fuerzas federales
La gestión provincial exigirá a las autoridades nacionales la conducción del comando operacional conjunto con fuerzas federales. Esperan que el sistema unificado de patrullas quede bajo la comandancia del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Requerirán tal potestad en base a lo que prevé la ley de Seguridad Interior. Aducen que nadie como el control de la provincia determina las urgencias de las órdenes de servicio. Y rechazan lo que llaman actos graves injustificables como que a patrullas de Santa Fe asignadas a fuerzas federales les hayan retirado el GPS que impide la supervisión.
Los cambios del Código Procesal Penal apuntan básicamente a dos puntos. Dejar claro sin margen de ambigüedad cuánto dura la detención de una persona antes de que el fiscal impute ante un juez. Hoy según el futuro oficialismo hay plazos que oscilan entre su mínimo y su máximo entre 3 y 16 días. Esto tendrá que definirse sin esa flexibilidad por un plazo máximo. Otro criterio a remarcar es en qué condiciones un juez puede rechazar u homologar acuerdos de juicio abreviado. Alegan que se debe poner racionalidad y unificar criterios dispersos.
Poner en la agenda la ley provincial de narcomenudeo implica reforzar la estructura de seguimiento y desarticulación de redes de delitos complejos. El análisis del equipo de Pullaro es que a las bandas que comercian drogas ya las investigan de hecho y las conocen bien los fiscales del MPA. Estos comprueban sus delitos y los imputan por homicidios, balaceras, usurpaciones, extorsiones pero dejan de lado las sustancias que venden para pasarlas al ámbito federal. El criterio es que si pueden investigar también la venta urbana de drogas a los mismos actores se simplifica la persecución. El criterio divisorio es, dicen, el de la ley nacional. Lo que importa no es la cantidad de droga sino como viene envasada. Si es sustancia para cortar es tráfico, si está envasada es microtráfico. Valoran entonces que un camión con 500 kilos de cocaína en bolsitas es narcomenudeo e investiga el MPA. Y que un pan de cocaína adentro del baúl de un vehículo es narcotráfico y es jurisdicción de la Justicia Federal.
