Rosario Bus: crisis entre los herederos de Bermúdez pone en alerta el servicio

Bermúdez tenía 71 años cuando falleció en julio pasado. Durante más de 30 años se erigió como un empresario clave del sistema de transporte local. Inició sus actividades en Villa Gobernador Gálvez con la empresa Martín Fierro y a fines de los setenta desembarcó en Rosario, donde a lo largo de los años y las sucesivas crisis fue el único empresario privado que logró mantenerse dentro del negocio. Incluso al momento de su muerte, Rosario Bus operaba la mitad de las líneas del transporte local.

A tres meses de su fallecimiento, la notificación que su hijo Agustín envió a las autoridades de la ciudad, también en nombre de su hermana Sandra, desnuda conflictos familiares y societarios que son de interés público en tanto advierte sobre posibles consecuencias sobre uno de los principales servicios públicos de la ciudad, como es el transporte.

El presidente del Ente de la Movilidad, Carlos Comi, confirmó ayer a LaCapital la recepción del documento y no sólo anticipó que "se tratará en la próxima reunión de directorio", sino que además indicó que en caso de requerirse, estarán a "disposición de la Justicia" (ver aparte).

Fraudes y delitos

La misiva deja en claro el objetivo de "poner en conocimiento conflictos societarios y la presunta comisión de delitos" que podrían "impactar en forma directa" sobre los contratos actuales del Grupo Rosario Bus, integrado por las empresas concesionarias de servicios América Ta SRL, 9 de Julio, Continental TA SRL y la Unión Transitoria de Empresas 33/9.

Anticipando una presentación en fuero penal de los Tribunales de Rosario, Agustín Bermúdez (h) denuncia "operaciones presuntamente simuladas y fraudulentas" que sus hermanos Andrés y Adrián, y Marta Flaherty, llevaron adelante cuando su padre aún vivía, con el único objeto de afectar "la porción legítima hereditaria", tanto de él como de su hermana Sandra.

Además de la afectación de sus derechos y su patrimonio, asegura que esas acciones podrían poner en riesgo "la continuidad de las prestaciones de las empresas del grupo y los contratos vigentes, y recalca la "renuencia"" de sus hermanos a brindarle información pese a ser "heredero forzoso".

En el accionar de los directivos de la firma, se detallan en el documento sospechas de "infrapatrimonialización, sobreendeudamiento, insuficiencia del flujo de caja para asumir las obligaciones contraídas, evasión fiscal de tributos provinciales y nacionales, y el desvío de subsidios".

Con la lupa sobre el último punto, abunda y plantea la necesidad de "indagar acerca del efectivo cumplimiento por parte de las empresas de los requisitos que la hacen beneficiarias de los subsidios otorgados por el Ministerio de Transporte de la Nación".

Sistema en riesgo

Ante el escenario descripto y de no haber un reordenamiento, el heredero advierte que se presentarían dificultades por parte de la firma para cumplir con los compromisos asumidos, lo que pondría en riesgo a terceros —y plantea centralmente el caso de los usuarios del servicio— y encaminaría a la empresa a una cesación de pagos.

Por eso, la solicitud central es la de llevar adelante a través del Ente de la Movilidad, que tiene entre sus funciones la fiscalización de las empresas concesionarias", una auditoría en las empresas del grupo; y requiere que se la misma se "ordene en forma urgente".

Allí no sólo destaca "el poder de control que ostenta el Estado frente al prestatario de un servicio público", sino que además insiste en que la situación representa "riesgos en la continuidad del servicio público de transporte".