Rechazan la libertad de un celador de Niñez imputado por abuso sexual

El empleado de la delegación local de la Dirección de Niñez de Santa Fe que en mayo fue imputado y quedó detenido sospechado de abusar sexualmente de una adolescente dentro de un casa de tránsito que dependía del organismo en 2015, se manifestó inocente en una audiencia celebrada la semana pasada. No obstante, seguirá en prisión preventiva efectiva luego de que la Cámara Penal de Rosario le denegara la libertad solicitada por su defensa.

El caso de abuso sexual que salió a la luz a fines de junio e involucra al acompañante terapéutico de la Dirección de Niñez de Santa Fe, Daniel Augusto A.C, de 34 años, tuvo otro capítulo judicial en los Tribunales provinciales.

Es que según el resultado de una audiencia celebrada la semana pasada, seguirá detenido en prisión preventiva efectiva hasta la audiencia preliminar al juicio, cuando será acusado formalmente. Así lo decidió el juez de segunda instancia penal, Guillermo Llaudet Maza.

Del trámite participó el fiscal Diego Meinero, de la unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en reemplazo de su colega Ramiro González Raggio, quien lleva adelante la pesquisa, y el abogado defensor Jorge Alcaraz, quien cuestionó el encierro ordenado y trató de despegar de la grave acusación a su asistido. En ese contexto, solicitó la libertad y se agravió de la calificación legal y el monto de pena en expectativa, además de las resoluciones por las cuales ordenó la prisión preventiva, que vence el 22 de septiembre.

El letrado sostuvo que no existen elementos que den “un mínimo grado de probabilidad de responsabilidad” de Daniel Augusto A.C. En ese sentido, destacó que su cliente su puso a disposición de la justicia, que tiene familia, hijos y trabajo estable, lo cual despeja el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio.

El fiscal rechazó los argumentos y se opuso al requerimiento, reiteró los argumentos y evidencias citadas por su colega González Raggio al momento de la imputación, detalló la multiplicidad de entrevistas que avalaría la apariencia de responsabilidad del celador, e informó que resta la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

El imputado tomó la palabra y se declaró inocente. Sin embargo, el juez Llaudet Maza evaluó las posturas y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva efectiva, al menos hasta que opere su vencimiento, previsto para el 22 de septiembre. Según fuentes del MPA, después de que declare la víctima, se avanzaría con la acusación.

El caso

Daniel Augusto A.C es un celador y trabajador de Niñez que quedó detenido el 26 de junio por el supuesto abuso sexual contra una nena que debía custodiar dentro del hogar transitorio que dependía del organismo y se conocía como Casa de la Música (San Juan al 600), un dispositivo que ya no tiene relación con el Estado.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016 cuando la víctima tenía 12 años, y habría sido sometida dentro de una habitación por quien debía cuidarla y ser su acompañante terapéutico. Tras toparse con su agresor en noviembre de 2020 dentro de Niñez, la joven, hoy de 18 años, narró el hecho ante trabajadores del orgnismo, pero en ese momento se omitió realizar la denuncia, que recién se formalizó en abril pasado.

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“Yo tenía 12 años y era muy chica, lo hice obligadamente”, le contó a su acompañante, quien le advirtió que eso podría constituir una situación de abuso y que se podían tomar cartas en el asunto.

M. pudo narrar las agresiones ante una asistente de la Subsecretaría de Niñez. Y a pesar de que un equipo técnico del área estaba al tanto del gravísimo caso, nunca se motorizó la denuncia penal. Es más, el sospechoso siguió trabajando en otras instituciones y residencias donde son derivados niños con medidas excepcionales que controla el Poder Judicial.

Enterado del procedimiento judicial que encabezó el fiscal González Raggio, Daniel Augusto A.C se presentó voluntariamente en la sede del MPA. Una vez que se colectaron evidencias, fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante por ser el encargado de la guarda en calidad de autor”.

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Además de hacer un severo llamado de atención a las autoridades provinciales ante la gravedad institucional del hecho, el juez Gonzalo López Quintana aceptó el encuadre legal y dictó la prisión preventiva efectiva del acompañante terapéutico hasta el 23 de septiembre, resolución que confirmó la semana pasada el juez de segunda instancia penal.

Además, la Fiscalía sustancia una investigación penal paralela en relación al rol y la responsabilidad de los funcionarios públicos de Niñez que no intervinieron oportunamente y demoraron en realizar la denuncia. También el Ministerio de Desarrollo Social abrió un sumario interno para deslindar posibles responsabilidades funcionales.