La gravísima denuncia de abuso sexual contra un acompañante terapéutico de 34 años, a quien se imputó y quedó en prisión preventiva acusado de vejámenes contra una niña vulnerada que debía custodiar en 2015 y 2016, cuando tenía entre 11 y 12 años, dentro de un hogar de tránsito de Rosario, tuvo correlato en la Legislatura provincial. El Frente Social y Popular solicitó informes a las autoridades de Desarrolló Social sobre la situación particular y general de la Dirección de Niñez; y la secretaria de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, fue convocada hoy a la comisión de Asuntos Laborales.
El caso de Daniel Augusto A.C, el celador y trabajador de Niñez que quedó detenido por el supuesto abuso sexual contra una nena que debía custodiar dentro del hogar transitorio que dependía de Niñez y se conocía como Casa de la Música (San Juan al 600), ya generó la apertura de una investigación administrativa y rebotes en la Legislatura.
Desde Desarrollo Social, ministerio del cual depende Niñez, indicaron que las áreas legales y técnicas avanzan en un sumario interno para determinar las responsabilidades de los agentes que participaron en el abordaje de la víctima, pero omitieron denunciarlo a pesar de que estaban al tanto de los hechos desde noviembre de 2020.
En esa época, la víctima, hoy de 18 años, se topó con el supuesto abusador en las oficinas de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ubicadas en la cortada Ricardone y Corrientes, y se lo confesó a una asistente del organismo. La pesquisa puertas adentro de Desarrollo Social buscan determinar quién o quiénes tuvieron contacto con la evolución del caso pero no elevaron informes a la autoridad política para impulsar a tiempo la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Gravedad institucional
Es que el sábado, cuando el fiscal Ramiro González Raggio imputó al celador, el juez Gonzalo López Quintana no solo ordenó la prisión preventiva del sospechoso hasta el 22 de septiembre tras avalar la acusación, sino que hizo un severo llamado de atención que interpela a todo el sistema de resguardo de las infancias vulneradas bajo tutela del Estado por medidas excepcionales.
“En función de la gravedad institucional de los hechos atribuidos al imputado y las evidencias aportadas por el Fiscal en audiencia, se debe poner en conocimiento del gobernador la omisión de denunciar el caso por parte de funcionarios de jerarquía de la Dirección Provincial de Niñez, sin perjuicio de las actuaciones que inicie el MPA por la comisión de delitos de acción pública”, indicó el magistrado.
Queda claro en esa última línea que, de hallar elementos, el fiscal tiene la potestad de investigar penalmente a los funcionarios que incurrieron en acciones que determinaron una clara vulneración de derechos de M., como se identifica a la víctima sólo a los fines de esta nota.
Problemas de arrastre
Las irregularidades en Niñez no son de ahora y atraviesan a las gestiones anteriores. Trabajadores precarizados, abordajes deficientes, falta de infraestructura, escasos seguimientos y monitoreos, historias de niños que deambulan sin dispositivos programáticos y acorde a cada caso particular.
Dos días antes de que se conociera el escándalo del celador denunciado, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto en el que hizo un pormenorizado análisis de la compleja situación de Niñez, sobre todo la precarización de los profesionales y acompañantes terapéuticos. “Lo venimos denunciando hace años, pero nunca hubo una respuesta concreta”, indicó el legislador.
“Estas acciones evidencian el desfinanciamiento estructural del sistema de protección hacia la niñez y adolescencia, con políticas de reducción y devaluación de salarios precarizados, y pérdida de recursos para la permanencia de abordajes idóneos”, destacó Del Frade en su pedido de informes a Danilo Capitani, el titular de Desarrollo Social
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Y se preguntó si “el ministro comprende esta institucionalidad significativa para las situaciones de extrema vulnerabilidad sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes que desgranan el tejido social, como un gasto social o una inversión en bienestar”.
Para del Frade, “con las nuevas intervenciones en materia de recursos y presupuestos, ese interrogante se monta más a saciar la primera opción: están desfinanciando y vaciando la Dirección Provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, pergeñando sobre sus trabajadores las cargas de este ajuste”.
Según indicó, hoy debería presentarse en la Legislatura la secretaria de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo. “Fue convocada a la comisión de Asuntos Laborales. Lógicamente que además vamos a consultar sobre este grave caso particular del abuso denunciado”, subrayó el diputado.
