El juez federal de Paraná (Entre Ríos) que investiga la primera denuncia penal para determinar responsabilidades por las quemas intencionales en las islas, dictó 27 faltas de mérito y 8 sobreseimientos a dueños y administradores de campos que habían sido indagados por los delitos de “incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves”. La resolución fue cuestionada con dureza por la Municipalidad, desde donde anticiparon que la van a apelar. “No llevó adelante la política judicial que requería la trascendencia y magnitud de semejante ecocidio”, fustigaron sobre el rol del juez a cargo del expediente.
La resolución que dictó hace pocos días el juez federal Nº1 de Paraná, Daniel Alonso, se dio en el marco del expediente penal Nº 840 donde investigó a 49 personas, principalmente dueños y administradores de campos en las islas frente a Rosario.
Elementos para sospechar
La denuncia fue impulsada por la Intendencia en febrero de 2020. Durante la tramitación, la administración local aportó múltiples informes y documentación para localizar a los dueños de las tierras siniestradas y reforzar las acusaciones y tuvo correlato en la Fiscalía.
El Ministerio Público avaló el trámite y dictaminó que existían elementos para sospechar que los titulares de los campos ubicados en las coordenadas identificadas en la denuncia “incurrieron en conductas tipificadas en el Código Penal, como causar incendios con peligro común para los bienes y la vida de las personas”.
Sin embargo, y a más de tres años de iniciada la causa, el juez decidió dictar la falta de mérito (considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho o la responsabilidad sin perjuicio de que la investigación continúe o pueda volver a convocarlos) para la mayoría de las personas que habían sido indagadas.
Los beneficiados son: Hebe C., Vicente C., José R., María R., Andrés R.; Mateo R., Agustina R., José G., Rut M., Adolfo M., Nica M., Alejandro A., Enzo M., Vanesa C., Diego C., Diego R., Antonio M., Olga V., Héctor S., Iván J., Hipólito M., José M., Mario D., Miguel D., Laura B., Rufino B. y Alicia L.
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En tanto, dio por extinguida la acción penal por fallecimiento y sobreseyó a Ernesto R. y Nélida M. También se dictó el sobreseimiento de Andrés A., Enzo V., Esteban M., Raúl M. y R., Julián L. y José V.
En la automática reacción en el Palacio de los Leones, quien tomó la posta fue el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago. “Es la primera causa que iniciamos en 2020. Luego se presentaron varias denuncias, que tiene el juez de Victoria, pero que Alonso jamás quiso acumular”, recordó.
El juez se desentendió de la problemática
Al repasar la sentencia, Zignago no ahorró críticas. “Queda claro que puso _el juez_ mucho esfuerzo en desentenderse de la problemática, trabajó en ese sentido. Hizo mucho hincapié en el derecho clásico, exacerbando el garantismo procesal, y puso énfasis en principios abstractos. Nunca se permitió dudar de los informes técnicos. Además hizo foco en el cambio climático como causa de los incendios, a pesar de que los informes dicen que no fue el origen del fuego”.
Tras confirmar que la Municipalidad “prepara la apelación” al fallo, Zignago agudizó sus críticas al juez. “Nos sentimos agraviados, nunca puso en juego la necesidad de resolver un tema que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos rosarinos y entrerrianos, y tampoco tuvo actividad tendiente a ser parte de la resolución de la problemática”.
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Más aún, Zignago puso en duda el compromiso del funcionario judicial en un tema central, como el medio ambiente. “El activismo judicial está siempre presente en temas como el interés de las infancias o las cuestiones de genero, pero, en este caso no se le dio valor al humedal más grande del planeta. El juez se puso como espectador de la situación y se desentendió de su gravedad”.
El secretario de Gobierno de Rosario incluso se permitió darle otra lectura al fallo, ya que en el marco de la causa faltaría resolver la situación de personas que aún no fueron indagadas. “Cabe preguntarnos por qué tanta celeridad para resolver la situación de algunos y no la de otros”, dejó picando.
“Se evidencia claramente que no llevó adelante política judicial para atender la trascendencia y magnitud que tiene semejante ecocidio”, reafirmó Zignago sobre el el rol de juez a cargo un expediente clave, y que puede marcar algunas pautas para repensar el abordaje judicial de la problemática ambiental.
