En el marco de la ola de incendios que lleva casi dos años sin dar tregua al sistema de humedales del Delta del Paraná, los últimos días de 2021 se multiplicaron los focos en las islas. ¿Quiénes son los responsables del inicio y la propagación del fuego? Es la Justicia federal de Entre Ríos la que debe determinarlo pero a la fecha y a pesar de la magnitud de los daños nadie ha sido sancionado. Así lo confirmó a La Capital el fiscal Leandro Ardoy, quien asumió recientemente al frente de la Fiscalía de Victoria.
El funcionario del Ministerio Público relató que el año pasado, cuando otro fiscal ocupaba el cargo, fueron indagadas alrededor de 40 personas en el expediente Nº 840/2020 que lleva adelante el juez de Paraná Daniel Alonso, en reemplazo de su par Leandro Ríos. Allí se investiga penalmente la quema de pastizales bajo las figuras culposas y dolosas (es decir sin intención o intencionales) de incendio u estrago. La situación procesal de estos imputados no ha sido resuelta aún y en cualquier caso nadie fue elevado a juicio, confirmó Ardoy, aunque no dio detalles sobre la cantidad exacta de indagados y sus identidades.
En el marco de la pesquisa y ante la denuncia de hechos nuevos por parte de una de las querellas, precisamente la Municipalidad de Rosario, en los últimos días se solicitaron y produjeron medidas de prueba. El sumario acumula ya 35 cuerpos, lo que equivale a 70 mil fojas, donde fluyen elementos colectados por distintas fuerzas de seguridad en el transcurso de casi dos años. Son los que se tendrán en cuenta a la hora de resolver si se cometieron los delitos endilgados, lo que se traducirá en dictámenes de falta de mérito, sobreseimiento (desvinculación) o procesamiento.
Por lo pronto la Municipalidad prometió a través de su secretario de Gobierno que continuará ampliando la denuncia y manifestó asimismo su descontento con los tiempos del fuero federal. “El avance de la causa penal no es el que pretendemos nosotros”, dijo Gustavo Zignago esta semana ante la proliferación de focos en las islas, que afectaron sobre todo a los rosarinos, obligados a respirar el humo y las cenizas.
A las organizaciones ecologistas también les preocupa el derrotero de las causas, a las que además les resulta difícil acceder. Por eso definieron empezar a intervenir como querellantes o a través de la figura del amicus curiae (que permite incluso aportar pruebas), según reveló el letrado Lucas Micheloud, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asesor legal de la Multisectorial Humedales.
Los procesos civiles
El informe de las organizaciones que integran el programa Humedales Sin Fronteras (Cauce, Casa Río, FARN y Taller Ecologista), titulado “Delta del Paraná, las quemas no tienen fin”, recuerda que la crisis de los incendios de 2020 motivó dos presentaciones judiciales.
En primer lugar una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva, interpuesta por dos asociaciones civiles ante el juzgado federal N° 2 de Paraná para que cesen las quemas y/o endicamientos en el Delta y se condene a los demandados al pago de indemnizaciones. En ese expediente, Nº 2.427/2020, en julio del año pasado el juez Daniel Alonso dictó una medida cautelar que prohíbe las acciones humanas que alteren el ambiente, especialmente si implican riesgo de incendio aún accidental, así como la construcción de diques y terraplenes. También ordenó controles de fuerzas de seguridad para identificar a quienes ingresen a la zona de humedales, incluido cualquier material o maquinaria que vulnere la prohibición de construcciones.
La causa, que registra 12 demandados en total, quedó a cargo del juez federal Leandro Ríos por licencia de Alonso. El 23 de diciembre hubo intensos movimientos según surge del sistema informático de la Corte Suprema de la Nación: las asociaciones Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental denunciaron el incumplimiento de la medida cautelar y la falta de control adecuado por parte de la Municipalidad de Victoria, por lo que se ordenó a Prefectura Naval que releve el terreno y los cursos de los arroyos La Arrastrada y Los Chanchos (donde según la advertencia de las ONG se había cortado los pasos de agua con restos de silos bolas y cubiertas viejas de maquinarias agrícolas, una maniobra a la que recurren algunos productores ante la prohibición de ingreso de maquinaria pesada y que en definitiva impide el libre ingreso del agua y la libre navegación). Esto también le fue comunicado al fiscal Ardoy, con intervención en el control de ciertas medidas ya que de comprobarse el incumplimiento de la cautelar podría configurarse el delito penal de desobediencia.
Por otra parte el empresario rosarino Enzo Mariani (también embarcado en una disputa judicial con la Municipalidad por el legado Deliot) solicitó en noviembre pasado que se dejara sin efecto el secuestro de maquinaria de su propiedad, ocurrido un año atrás. Alegó como argumento, entre otros, que está colaborando con el Plan de manejo del fuego al facilitar instalaciones para la base de operaciones de los brigadistas. Como el 14 de diciembre el juez le negó la petición, interpuso una apelación que le fue concedida un día antes de la Nochebuena. Ahora deberá resolver la Cámara.
A su vez el 11 de agosto de 2020 la Corte Suprema de la Nación decretó su competencia en un amparo colectivo ambiental e hizo lugar a una medida cautelar, apunta el informe de Humedales Sin Fronteras sobre otro de los procesos en curso (sumario N° 468/2020). Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, los municipios de Victoria y Rosario, y el Estado nacional recibieron la orden de constituir un Comité de Emergencia Ambiental para la prevención, control y cesación de los incendios, con base en el Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas). En dicho Comité las jurisdicciones consensuaron una serie de medidas como la declaración de emergencia ambiental, la intensificación de los controles en el territorio y apoyos para el combate de los incendios. Sin embargo, las quemas continúan y sus autores no tienen rostro.
“Hasta donde sabemos no hay nadie sancionado penalmente por las quemas, ni particulares ni funcionarios”, sintetiza el abogado Micheloud. “Queremos intervenir en las causas en las que estén involucrados los humedales, en principio son públicas pero en los hechos no podemos compulsar información y tampoco sabemos si los incendios nuevos que están apareciendo son integrados a las investigaciones”, explicó y puso como ejemplo los focos en el territorio del delta conocido como Banquito San Andrés.
El especialista bregó por una reforma del Código Penal que incorpore los delitos ambientales, y recordó que en ese sentido hay varios proyectos legislativos en danza. Para Micheloud, esto permitirá que las causas que investigan a los responsables de graves daños a la naturaleza realmente avancen en su identificación y sanción. Mientras, el banquillo de los acusados por los incendios en el Delta sigue vacío.
