Hacer visibles las falencias de las políticas de infancias y adolescencias en tiempos de debates electores, pero sobre todo forzar los compromisos para llevar adelante los cambios necesarios a partir del 10 de diciembre próximo, es parte de la propuesta que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe hizo en las últimas horas. Ante un estado de cosas que viene definiendo como "crítico", desde el organismo de control, actualmente a cargo del defensor del Pueblo para la zona sur, Gabriel Savino, se presentaron en las últimas horas propuestas concretas: poner en la agenda electoral la problemática y lograr el compromiso de quienes asuman en sus mandatos para otorgarle a Niñez el rango de Secretaría de Estado.
Ese paso, afirmaron durante la mañana del miércoles, no solo daría mayor presupuesto al área, lo que en los hechos escasea desde la sanción misma de la ley de protección integral, sino además más capacidad de articulación con ministerios como Educación y Salud, ya que dependería directamente de la figura del gobernador.
Durante 2022, y según el Sistema de Gestión de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, el 38,9% de las situaciones recibidas se relacionaron con la vulneración del derecho a la integridad, que mayoritariamente estuvieron vinculadas a situaciones de falta de cuidados parentales, violencia física y abuso sexual.
Todo eso se plantea en contextos de pobreza y violencia urbana que agravan cada una de las situaciones a atender: un cuarto de la población santafesina son niños y adolescentes, de entre 0 a 17 años, de los cuales el 50% está bajo la línea de pobreza y más del 11% bajo la línea de indigencia; y en 2022 hubo 44 niños que fueron víctimas de hechos de violencia urbana, de los cuales, 80% falleció.
A ese escenario, se suman los déficits específicos y de larga data de la protección integral de las infancias: la escasez de espacios y las malas condiciones para alojar a niños y adolescentes con medidas de protección excepcional, las internaciones prolongadas de chicos en centros de salud, así como la precarización del personal y de los programas de acompañamiento que vienen siendo un planteo sistemático de trabajadores del área de la salud e incluso de la Defensoría a través de sus resoluciones.
La gravedad de las condiciones de contención y alojamiento de niños son tales que ponen en riesgo sus propias vidas. De hecho, en 2022, se investigó en la provincia la muerte de dos adolescentes que estaban bajo la custodia del Estado. Uno fue el ocurrido en abril, cuando una niña de 13 años, discapacitada y con una problemática de salud mental, murió en el hogar Santa Cecilia de Carrizales - a 65 kilómetros de Rosario-, donde estaba alojada por una medida excepcional de protección de la Secretaría de Niñez y donde minutos antes, personal del lugar le había realizado una maniobra de contención, colocando a la adolescente boca abajo, con los brazos hacia atrás, aplicando fuerza en la espalda con sus rodillas, para inmovilizarla.
El segundo caso, es el de Santiago Tobías Hellman Suárez, un adolescente de origen paraguayo, que en septiembre del año pasado deambulaba por la capital santafesina cuando le dijo a un policía que le habían robado la mochila y los documentos. Tras ese episodio, quedó a resguardo de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, se le tramitó un documento de identidad y fue trasladado el 4 de enero de este año al Centro de Adicciones Soltar, de Ituzaingó, una entidad que no está habilitada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires -según confirmó a este diario la subsecretaría de Salud Mental de provincia de Buenos Aires-. El final fue 25 de enero de este año, cuando Santiago apareció ahogado en una pileta de 2 metros de profundidad en Soltar.
A la intemperie
De los más de 30 espacios para el alojamiento de chicos y adolescentes que existen en Rosario, apenas 6 son del Estado; en tanto, el resto trabajan a partir de convenios con la provincia, lo que dificulta los controles sobre los mismos.
Un escenario al que además se suma el planteo que sistemáticamente y formalmente a través de notificaciones a los diferentes estamentos del Estado vienen haciendo los equipos de trabajadores de la salud que asisten a las infancias y adolescencias con derechos vulnerados, tanto en el ámbito municipal como provincial, y que señalan la reticencia de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia a tomar medidas de protección excepcional, incluso cuando los equipos lo señalan necesario para la preservación de los derechos de los chicos.
La falta de espacios, señalan, es uno de los motivos de esas negativas, que en muchos casos terminan provocando internaciones que se prolongan por meses -y a contramano de los señalamientos de la ley nacional de salud mental- en hospitales de la ciudad.
Así, montones de chicos y adolescentes a los que no les aplican las medidas de resguardo necesarias se los deja desprotegidos a constantes revulneraciones de sus derechos, y en algunos casos a poner incluso en riesgo su vida.
Extender la atención
"La problemática es preocupante y tratamos de hablarle a la política porque los tiempos de la política y de la Justicia no son los de la gente y creemos que este es un momento en que podemos visibilizar el tema y decirles a los candidatos que, cuando asuman, tienen una posibilidad que es la de elevar el rango de las áreas de niñez porque hay que tomar conciencia de que los chicos no son el futuro , sino el presente", afirmó el defensor a cargo.
En ese contexto, Savino, dejó en claro que las acciones de control que llevan adelante desde el organismo no son sólo de críticas, sino "propositivas".
Así, recordó las más de 13 modificaciones propuestas a las normativas vigentes en Santa Fe a través de proyectos ingresados a la Legislatura, ya que ni la ley nacional de protección integral sancionada en 2005 ni la ley provincial sancionada en 2009 tuvieron modificaciones desde entonces-.
Además, este mismo miércoles, se puso en marcha en 46 delegaciones de la Defensoría de la provincia el programa “Punto niñez”: un plan de fortalecimiento de las Oficinas Descentralizadas del organismo que en adelante contarán con espacios para la atención, acompañamiento y derivación de situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes.
