Según datos oficiales, desde que se implementaron los controles, siete de cada diez educadores retornaron a las aulas
Por Carina Bazzoni
Celina Mutti Lovera
La provincia comenzó a auditar las licencias docentes en febrero pasado.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
El libro publicado por La Crujía invita a cultivar el asombro desde la primera infancia y a trasformar al aula como un teatro de emociones.
Sebastián Suárez Meccia
El regreso a las aulas. En la provincia está previsto las clases comiencen el miércoles 1 de marzo.
El gobierno provincial difundió los primeros resultados de las auditorías que está realizando sobre las licencias docentes. Por primera vez en varios años, los profesionales del área de Salud Laboral salieron a buscar "casa por casa" a maestros y profesores autorizados a ausentarse del aula por enfermedad o por el cuidado de un familiar. Según se destacó desde el Ministerio de Educación, en el 70 por ciento de los controles los maestros y profesores retomaron su actividad.
Las auditorías comenzaron en febrero pasado, antes del inicio del ciclo escolar. Abarcaron a los docentes de escuelas públicas, de todos los niveles desde el inicial hasta el superior de establecimientos de toda la provincia. El disparador de la medida fue el incremento del ausentismo detectado en los últimos cuatro años.
El foco se puso en los pedidos de licencias médicas denominadas de corta duración, es decir aquellas que no se extienden más de quince días, y las de larga duración, superiores a ese lapso de tiempo. Pero también se fiscalizaron los permisos por cuidado de familiares y otros tipos de autorizaciones administrativas, como relevos o estudios de perfeccionamiento o capacitación.
La novedad de los controles tiene que ver con su metodología, ya que después de años los profesionales Salud Laboral fiscalizaron las licencias en los domicilios de los docentes. Además, desde febrero se realizaron unas 600 juntas médicas para analizar la situación de los docentes que tienen licencias prolongadas, para determinar si les corresponde acceder a tareas diferentes, sin estar frente a alumnos, o iniciar los trámites de jubilación.
Los controles forman parte de una batería de medidas que apuntan a reducir los índices de ausentismo en el sector docente, de las cuales el que más resistencias generó fue el premio a la asistencia perfecta que comenzó a abonarse en abril pasado a maestros y profesores de escuelas públicas y de gestión privada.
"En diciembre las áreas técnicas del Ministerio (de Educación) elaboraron un informe que nos permitió acceder a una foto del ausentismo docente. Y desde febrero, Salud Laboral está auditando en forma domiciliara las licencias de corta y larga duración", explicó la subsecretaria de Recursos Humanos de la cartera educativa, Erica Figueroa.
La funcionaria explicó que la tarea de fiscalización demanda un "trabajo minucioso del personal de planta", encargado de determinar "que las licencias que se piden y se otorgan se ajusten a la normativa".
Figueroa destacó que las auditorías de licencias en el domicilio de los maestros "no se estaban haciendo", lo que pudo haber habilitado abusos. "Lo que buscamos que el sistema sea más justo y ordenado", destacó.
Las actividades de fiscalización se despliegan en todas las seccionales regionales y se realizan todas las semanas, el número varía de acuerdo a la capacidad operativa del personal. Además de los controles "casa por casa" también se incrementaron los turnos en los consultorios de salud laboral escolar que funcionan en Rosario y en la ciudad de Santa Fe.
Estas tareas son el punto de llegada de un proceso que incluyó también la regularización de las carpetas médicas a los docentes interinos y reemplazantes que se incorporaron al sistema en los últimos años, ya que existían más de 7 mil maestros y profesores que estaban trabajando sin ese documento, y la renovación de las declaraciones juradas de familiares a cargo de los educadores.
Según explicó la subsecretaria de Recursos Humanos, los controles hacen foco en las licencias de corta duración, de quince días, donde predominan las migrañas, dorsalgias o, actualmente, malestares propios de la época invernal. Estas se auditan, en forma aleatoria y generalmente a domicilio.
En el caso de las licencias de larga duración, prevalecen los problemas psiquiátricos, y en este caso la auditoria se realiza por junta médica.
También se están revisando las licencias por cuidados de familiares, acotando los permisos a padres, madres, hijos o parejas. En el caso de otros familiares, el docente tendrá que acreditar que es la única persona que puede hacerse responsable del cuidado.
En forma paralela, se fiscaliza las licencias administrativas (que incluyen actividades de formación _como cursos o exámenes_, inclemencias climáticas, relevos o imprevistos) que pueden extenderse desde un día hasta meses. En estos casos, se evalúa la documentación presentada para autorizar la licencia.
"Nuestro objetivo _señaló Figueroa_ es garantizar la continuidad pedagógica porque el ausentismo no sólo impacta en la cuestión presupuestaria, sino también en los aprendizajes".
El ausentismo docente se impuso como un problema a resolver desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro. Es más, a fines de febrero, cuando comenzó la negociación paritaria con los sindicatos de maestros, la provincia presentó un informe advirtiendo que en los últimos cuatro años, el ausentismo se había incrementado un 10 %, ubicándose en el 25,3 %. Una cifra que duplica y en algunos casos triplica los índices de otras provincias, apuntaron.
Uno de los datos del informe advertía sobre los costos que significaba para el sistema. Según el trabajo, solo en 2023, el costo de contratación de reemplazos fue de 100 mil millones de pesos, lo que equivalió a dos meses de salarios del sector. Los números hacían hincapié en el uso de licencias para el cuidado de familiares enfermos y las licencias de corta duración, es decir aquellas menores a 15 días.
>>Leer más: Presentaron un informe sobre al ausentismo docente en Santa Fe.
La publicación de los datos generó críticas de los gremios docentes. El titular del sindicato que representa a los educadores de escuelas públicas (Amsafé), Rodrigo Alonso, cuestionó los números y señaló que con su divulgación se pretendía "estigmatizar a los docentes".
Si bien Alonso consideró que es una obligación del Estado es controlar esta situación, consideró que el objetivo de la publicación del informe fue "embarrar la cancha y pagar el aumento a los docentes instalando el presentismo".
El titular de Amsafé explicó que el uso de licencias es un derecho de los maestros. "Hay 70 mil trabajadores docentes. Por consiguiente un porcentaje ínfimo de trabajadores pidió en algún momento del año un día para poder atender a un familiar", dijo y sostuvo que en todos los casos "hay que presentar toda una documental" para acceder a una licencia.
>>Leer más: Amsafé y el informe sobre ausentismo: "El gobierno pretende estigmatizar a los docentes".
Martín Lucero, el secretario General del gremio de los docentes de escuelas de gestión privada, tampoco ahorró críticas. “El informe es trucho. Este es el mismo informe que nos dieron el primer día de paritarias y no nos dieron copias. No hay datos concretos. Todos dats tirados al aire", opinó.
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