Ley de discapacidad: piden cambios en el proyecto oficialista tras la presentación del presupuesto

Instituciones santafesinas que se nuclean en la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad(Apridis) plantearon que el proyecto que el oficialismo nacional presentó en la Cámara de Diputados es regresivo. Por ello, piden modificaciones a la iniciativa luego de que se conociera que el Presupuesto 2027 tiene en agenda disminuir partidas cruciales para las pensiones por invalidez o la cobertura médica obligatoria.

La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Congreso de la Nación en agosto 2025 y promulgada por el gobierno nacional en febrero de 2026 a través de un decreto, luego de intentar, por vía judicial y a través de un veto del presidente Javier Milei, no aplicarla. Tanto Diputados como Senadores revirtieron el veto y la Justicia Federal obligó al Poder Ejecutivo a poner en vigencia la normativa.

La emergencia vence el 31 de diciembre, aunque el Ejecutivo puede prorrogarla un año más. Sin embargo, desde La Libertad Avanza (LLA) se presentó un proyecto propio en el que recupera algunos puntos de la emergencia aunque plantea cambiar la situación de emergencia por un esquema permanente. Por ahora, tuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda en Diputados.

La iniciativa planea mantener algunos aspectos de la ley de emergencia, algo que incluso fue valorado por otras instituciones santafesinas. Sin embargo, el proyecto del Presupuesto 2027 contempla recortes y eliminación de ítems clave en la iniciativa oficialista para la discapacidad.

Presupuesto versus ley de discapacidad

En el proyecto para el presupuesto de 2027, el gobierno nacional prevé eliminar la tarifa unificada dispuesta en el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. En esta situación, los prestadores tendrían que acordar aranceles con cada ente que tenga que pagarles, algo que desde las organizaciones que velan por las personas con discapacidad objetaron ya que crearía "un factor estructural de desiguladad", consignaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).

"Esto empujaría a que los beneficiarios de los organismos que abonan tarifas más bajas tengan que enfrentar una menor oferta o peor calidad de atención. Es una contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", explicaron en un informe propio en el que analizaron los puntos salientes del proyecto de presupuesto nacional.

Otra de las iniciativas que cuestionan es el intento del oficialismo de modificar el régimen de pensiones que surgió con la propia emergencia. Actualmente, toda persona sin recursos o con discapacidad puede acceder a una pensión por invalidez, que puede seguir vigente incluso si la persona cuenta con trabajo formal. En su proyecto, LLA quiere excluir del otorgamiento automático de la pensión a personas que tengan Certificado Único de Discapacidad, además de eliminar la compatibilidad entre contar con empleo formal y gozar del beneficio.

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A su vez, la iniciativa también elimina la exigencia de cobertura médica obligatoria para quienes son titulares de pensiones por invalidez.

La cobertura de salud que se le otorga a las personas que tienen pensiones por invalidez laboral se denomina Programa Incluir Salud. En el proyecto de presupuesto, se contempla un recorte del 13,9% en comparación con 2026, advirtieron desde Acij.

Objeciones al proyecto desde Santa Fe

Tanto Apridis como otras organizaciones nacionales del sector de discapacidad se mostraron en contra del proyecto del oficialismo, al tildarlo de "regresivo e inconsulto". Por eso, piden modificaciones antes de que siga avanzando en el Congreso.

Este martes, decenas de organizaciones del país, entre las que se encuentra Apridis, enviaron correos electrónicos al presidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Gerardo Huesen (LLA, Tucumán), y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que piden de manera urgente una revisión del dictamen de mayoría.

"No tiene nada de superador. Pedimos que se incorporen las condiciones mínimas para que no sea regresivo en materia de derechos humanos. Al considerarlo regresivo, entendemos que el proyecto es inconstitucional”, aseguró la presidenta de Apridis, Mariel Chapero.

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En tanto, remarcó que la emergencia en discapacidad continúa y que los diputados "no pueden legislar como si esa emergencia no estuviese aconteciendo. Necesitamos hechos concretos, un acompañamiento y que sean escuchadas las personas con discapacidad".

"El proyecto del gobierno fue presentado de manera inconsulta. Necesitamos que las modificaciones necesarias sean introducidas para que se pueda votar un proyecto conforme a lo que las personas necesitan”, concluyó.