El municipio lanzó un paquete de medidas para apuntalar la actividad de la construcción, tras un primer semestre que cerró con una fortísima caída en las solicitudes para hacer nuevas obras. A través de un decreto, la Intendencia extendió los plazos de vigencia de dos trámites clave previos a los inicios de los trabajos: los permisos de edificación, que tendrán validez por tres años en lugar de los 12 meses actuales; y las visaciones, que pasan de 60 a 180 días. Además se simplificaron pasos previos para la demolición de estructuras y se avanzará con la modalidad on line para gestionar autorizaciones edilicias de mediana escala.
Las medidas fueron comunicadas ayer por el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, a los referentes de la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
"Lanzamos una serie de resoluciones que son las herramientas administrativas con las que cuenta el municipio, que están a nuestro alcance, para incentivar la actividad de la construcción", destacó Leone a LaCapital.
Según el funcionario, las novedades anunciadas "tienen más peso para los constructores y profesionales del sector que algún cambio tributario, ya que la incidencia de los gravámenes municipales en la estructura de costos es ínfima".
El secretario de Gobierno resaltó que las "inversiones inmobiliarias dependen de una serie de factores, muchos vinculados al contexto macroeconómico y a los ciclos económicos, que exceden las intervenciones que puede hacer la Municipalidad".
"De todos modos —siguió— desde hacía un tiempo los empresarios y profesionales del sector nos venían solicitando algunas medidas administrativas para apuntalar la actividad, que ahora logramos implementar".
El decreto 2.340 sancionado el jueves 13 de octubre incluye importantes novedades para el sector. Por un lado extiende la validez de los permisos de edificación de 12 a 36 meses para que arranquen las obras.
En el caso de las visaciones previas el tiempo pasa de 60 a 180 días, otorgando así más plazo a constructores para la formación de los fideicomisos que mueven la actividad.
En paralelo se flexibilizan los pasos previos a la demolición de inmuebles, para lo cual ya no será indispensable presentar con la documentación inicial el anteproyecto técnico de la obra a realizar.
Asimismo se evaluará la posibilidad de ampliar la presentación digital de planos, que hoy se realiza para proyectos de hasta 300 metros cuadrados, llevando este beneficio a obras de 600 metros cuadrados.
"Esta medida fue solicitada por los profesionales, arquitectos e ingenieros para evitar la obligación de concurrir a los centros de distrito en un primer momento, y poder hacer esa gestión presencial recién cuando fue avalada por la Municipalidad", explicó Leone.
"Esta actividad es muy significativa para el movimiento económico de la ciudad, se trata de un sector que tiene un gran efecto multiplicador, por eso lo hemos priorizado", agregó Leone.
Por su parte, la directora general de Obras Particulares, Lorena Plano, señaló: "Desde la ciudad no tenemos una influencia sustancial en el nivel de actividad económica, pero sí podemos realizar modificaciones normativas que faciliten los trámites, y así generar un mejor entorno para el desarrollo de las obras".
Durante el cónclave los empresarios de la construcción y los profesionales del sector plantearon su preocupación por la falta de nuevas conexiones de gas en Rosario.
En ese sentido, tal como informó este diario, un desarrollador ya presentó una demanda en la Justicia Federal contra Litoral Gas por negarse a darle el fluido a una torre de barrio Martin. En cambio la firma exige que los constructores se hagan cargo de las millonarias obras.
