"La regulación del cannabis en Uruguay le sacó 20 millones de dólares anuales al narco"

El ex secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada Mazzei, evaluó que la regulación del cannabis en ese país iniciada hace diez años “está saliendo bien”, y agregó que se le quitaron 20 millones de dólares anuales “a las organizaciones criminales” y se mejoró la calidad “en términos sanitarios” de la marihuana que consumen los usuarios.

El sociólogo Calzada Mazzei participó en Rosario del segundo Foro por una Nueva Política de Drogas, en el que brindó una entrevista sobre los 10 años de regulación del cannabis en Uruguay.

Calzada Mazzei consideró positiva la implementación de la regulación en términos sanitarios, de reducción del mercado ilegal de drogas y de persecución penal a usuarios, aunque aclaró que la ley por sí sola no basta. “Hay que transformar las leyes, pero también las culturas de las instituciones, de la administración de justicia, hay que transformar a la Policía”, sostuvo durante la charla brindada en la noche del martes en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, organizada por ONG rosarinas a favor de la regulación del consumo de cannabis.

“El «experimento» del que habló el presidente (José) Mujica hace diez años está saliendo bien“, sostuvo el ex funcionario de esa gestión, que fue la que impulsó la regulación estatal del uso del cannabis. El sociólogo recordó que “pasaron tres gobiernos de diferentes partidos, de partidos que se opusieron a la regulación y votaron en contra en el Parlamento, y hoy la están sosteniendo”.

Además, dijo que la norma persiste en su cumplimiento “con debilidades y falencias” porque, resaltó, “hoy en Uruguay hay gente que está presa por plantar”.

Al analizar los resultados de la aplicación de la ley de regulación del cannabis en relación a “los objetivos propuestos”, Calzada mencionó que uno de ellos “fue quitarle una parte del mercado al narcotráfico y con eso reducir su potencial económico, de acción criminal”.

“Ese mercado que antes era totalmente controlado por las organizaciones criminales y que cuando se da el proceso de regulación empieza a ser controlado paulatinamente por el Estado, es de unos 20 millones de dólares anuales”, precisó.