En los centros de salud de la ciudad se practican entre 500 y 580 abortos legales cada año. En promedio, las mujeres que interrumpen su embarazo tienen 25 años, la mayoría ya son madres y están desempleadas. En siete de cada diez casos, expusieron argumentos certeros que demostraron —y los médicos entendieron— que la gestación ponía en riesgo la salud física, psíquica y social de la mujer.
Estos datos surgen de una investigación sobre la interrupción legal del embarazo realizada por la Secretaría de Salud Pública municipal y permiten contrarrestar algunos mitos que sobrevuelan el debate en Senadores sobre el proyecto de interrupción legal del embarazo que tuvo media sanción en la cámara de Diputados.
La experiencia de la salud pública local se puso bajo la lupa a la hora de pensar la despenalización. En los últimos seis años no se registraron muertes en hospitales por abortos clandestinos y, al mismo tiempo, se lograron reducir los índices de muerte materna y la tasa de fecundidad de las adolescentes. Logros, en parte, garantizados por el acceso a anticonceptivos (sobre todo de larga duración) y la puesta en marcha de protocolos para la atención de las mujeres con derecho a la interrupción legal del embarazo en las causales que reconoce el Código Penal. Es decir, cuando corre riesgo la salud o la vida de una mujer, o cuando el embarazo es producto de una violación.
El secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana, expuso los principales resultados de estas estrategias el miércoles pasado en Senadores. "Al debate de ideas, Rosario suma una experiencia de gestión de un sistema de salud basado en derechos", sostuvo. Y propuso poner conocimientos por encima de muchas creencias y prejuicios que cruzan el debate por la legalización del aborto.
No son "las jovencitas"
Las estadísticas de Salud Municipal permiten trazar un perfil grueso de las mujeres que deciden la interrupción legal de su embarazo y las causas que las llevan a esa decisión. "Quienes abortan no son las adolescentes, ni las muy jovencitas que no quieren perder un año en la facultad, aunque también este podría ser un motivo. Pero generalmente son historias más pesadas", advierte el coordinador del programa de Salud Sexual y Reproductiva del municipio, Daniel Teppaz.
Junto a Maria Paula Botta, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Teppaz realizó un estudio sobre la situación de la interrupción legal del embarazo en Rosario (ver infografía). El trabajo se basa en una muestra de 400 mujeres a quienes, entre 2016 y diciembre del año pasado, se les practicó una Ameu (aspiración manual endouterina) en los hospitales municipales.
La mayoría de las mujeres que accedieron a un aborto legal mediante esta práctica ya había cumplido los 20 años. El 36 % tenía entre 20 y 24 años y otro 29 % entre 25 y 29 años. La edad mínima fue de 13 años y la máxima de 37. El promedio fue de 24,8 años.
La mayoría había completado la primaria e incluso había iniciado o completado estudios secundarios. Un 17 % tenía además estudios se nivel superior (completos o incompletos).
Siete de cada diez mujeres ya eran madres, algunas habían pasado por más de un embarazo sin conflictos.
Y en cuanto a su situación laboral, mayoritariamente (un 60 %) no trabajaban fuera del hogar. Entre el 40 % que contaba con un empleo, muchas se encontraban en condiciones irregulares ya que sólo un cuarto de las mujeres asistidas contaba con cobertura de salud, ya sea prepaga u obra social.
En la investigación se recuperaron también los motivos (causales) expuestos para la interrupción legal del embarazo. En el 67 % de los casos, las historias clínicas registran causas biológicas, sociales y psiquicas; otro 25 % advierte sobre graves riesgos sociales (mujeres víctimas de violencia, único sostén de hogar y desempleadas, por ejemplo); un 7 por ciento considera el riesgo para la salud mental y, finalmente, el 1 % son embarazos producto de una violación, generalmente en las mujeres mas jóvenes.
Para Teppaz, estos datos "derriban otra insensatez que circuló después de que la Corte que habilitó la atención en casos de violación sólo con la declaración jurada de la mujer. Las mujeres no dicen que el embarazo es fruto de una violación para acceder a un aborto. Es otro mito que infantiliza o irresponsabiliza a las mujeres. Las mujeres no utilizan el aborto porque lo tienen disponible y dicen, ah me voy a hacer uno. Las mujeres son responsables y cuando recurren a un aborto es porque están atravesando una situación muy angustiosa y muy pesada en sus vidas".
Las catorce semanas
La investigación demuestra también que las mujeres consultan tempranamente a los profesionales de la salud y que las intervenciones se realizan a tiempo. Sólo el 1 % de las 400 interrupciones legales del embarazo se resolvió en la semana 13 de la gestación. El resto, de los procedimientos se hicieron antes.
El grueso (un 41 %) fue entre las semanas 7 y 9 de gestación, otro 20 % en la semana 12, un 13 % en la 11 y un 9 % durante la décima semana. El proyecto que tiene media sanción en Diputados se legaliza el aborto durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.
Estos datos no son menores. Teppaz advierte que "la mayoría de las interrupciones se da en la semana 7, 8 o 9 de la gestación. Son edades gestacionales chicas donde no se encuentra un embrión o un feto visible (como ese de cartapesta que se utiliza en las marchas que se oponen a la legalización). Durante el 2016, hubo sólo 31 interrupciones de embarazo en el segundo trimestre, pasadas las doce semanas. Recién a las 20 o 22 semanas, el feto pesa 500 gramos y tiene un 50 % de supervivencia fuera del vientre materno. Pero nadie se hace un aborto a las 20 o 22 semanas".
La investigación desmiente también la existencia de complicaciones para la salud de la mujer por la utilización de Ameu. El 96 % de las intervenciones no tuvo complicaciones y se resolvió con una internación de pocas horas.
Avanzar en derechos
Rosario tuvo su primer protocolo para la atención de abortos no punibles en 2007. Cinco años después, en todos los centros de salud se formaron consejerías y se comenzó a entregar misoprostol, la droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud para un aborto seguro. En 2012 se sumó también la Ameu , un procedimiento menos invasivo y agresivo que un legrado.
Sin embargo, esto no incrementó el número de abortos atendidos en la salud pública. En 2001 los hospitales municipales recibieron a 600 mujeres con complicaciones post aborto, un año después las atenciones fueron 692 y en 2003, 627. Entre 2013 y 2016, se realizaron entre 530 y 588 interrupciones voluntarias de embarazo.
Durante esos últimos años no se registraron más muertes de mujeres por abortos clandestinos y las internaciones por cuadros graves descendieron de forma contundente.
"No tenemos más atenciones por aborto. Y, sobre todo, tampoco tenemos la cantidad de muertes ni de afecciones graves que teníamos en 2004", señala Teppaz, aunque aclara que esto tiene que ver con un conjunto de factores implementados que incluyen desde el conocimiento de las mujeres de los métodos anticonceptivos, la oferta de métodos anticonceptivos en todos los centros de salud hasta el acceso al misoprostol. "Todo eso ha producido una disminución de muertes importantes", concluye.
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