Por Diego Veiga
Detenido. El histórico líder de los portuarios del Cordón Industrial, el jueves pasado, cuando salió esposado de su lujosa mansión en San Lorenzo.
La justicia intervino la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, cuyo presidente, el sindicalista Herme Juárez, fue procesado por un juez federal de Campana por administración fraudulenta, coacción y lavado de activos y permanece detenido en el penal de Ezeiza. La intervención tiene por objetivo garantizar la continuidad laboral de los empleados de esa cooperativa.
La medida fue revelada ayer a La Capital por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien llegó a Rosario apenas seis días después de la caída del sindicalista más poderoso del Cordón Industrial.
La funcionaria explicó que "la cooperativa fue intervenida judicialmente por gente que es conocedora del tema, de manera que no hubiese un segundo en el que los trabajadores pudieran tener incertidumbre de acuerdo al futuro de su trabajo".
En esa línea, fue taxativa al remarcar que "las irregularidades en el manejo de fondos que se investigaron no tienen que ver con los trabajadores".
Así, detalló que a Juárez "se lo venía investigando desde hacía mucho tiempo" y descartó cualquier medida de tinte electoralista detrás de su detención. "Cada vez que vengo a Rosario me dicen que las detenciones que hacemos son electoralistas. A Juárez hubo que allanarlo porque se empezaron a escuchar indicios que daban pautas de que se podían llegar a esconder bienes y mover la plata, entonces había que actuar", destacó.
En tal sentido, puntualizó que "las causas judiciales no tienen fecha electoral. No hay veda para el delito y la corrupción", sentenció.
Juárez fue detenido el jueves de la semana pasada en el marco de un gigantesco operativo que incluyó unos 30 allanamientos. El también líder del Sindicato Unico de Trabajadores Portuarios Argentinos (Supa) salió esposado de su lujosa mansión situada sobre la ribera del Paraná, en San Lorenzo.
En el auto de procesamiento de 262 fojas que el martes pasado emitió el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se puntualizó, entre otros aspectos, el desvío de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios hacia bienes del propio Juárez y su hijo Oscar, entre otros, los dos integrantes de una presunta asociación ilícita que continúan detenidos.
Hay varios más que fueron procesados pero continúan el proceso en libertad.
En el escrito judicial se destaca, por ejemplo, que esa cooperativa operaba en la práctica como una sociedad comercial. Así, el hecho de estar inscripta con esa figura legal le permitía obtener beneficios tributarios, como por ejemplo, la exención de pagos de impuestos a las ganancias, entre otros.
Las pesquisas habrían determinado que el superávit que producía la cooperativa no regresaba a beneficio de sus asociados, sino que eran utilizado por Juárez y sus allegados para la compra de distintos bienes entre los que se contabilizan autos de alta gama, un lujoso departamento en Punta del Este y hasta un avión con el que la familia Juárez volaba desde Rosario hacia esa ciudad uruguaya.
Complicidades
La ministra de Seguridad señaló ayer que la causa se inició en febrero de 2018 en el marco de una denuncia anónima. "El hecho de que haya actuado un juzgado de Campana es porque el delito que se denunció involucró a esa jurisdicción, no hay que olvidar que también es una ciudad portuaria", dijo.
En efecto, la denuncia que motorizó la investigación apuntó a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes por el río en la zona de Zárate (ver aparte), situación que luego quedó desacreditada pero que abrió las puertas a la investigación del lavado de activos y la malversación de fondos que terminaron con el histórico dirigente gremial, popularmente conocido como Vino Caliente, tras las rejas.
Bullrich no dudó en remarcar ayer que "sin dudas hubo complicidad política para que Herme Juárez estuviera donde estaba".
"Es como que en este país estábamos acostumbrados a que todo es más caro para producir y exportar. Hay extorsiones, nos paran el puerto y se aceptan reglas de convivencia mafiosa, de muchos sectores. Nosotros no lo aceptamos, no puede ser que Argentina tenga los puertos más caros del mundo cuando tenemos una producción que alimenta a millones en el planeta. Pero sin dudas nos cuesta más por este tipo de mafias enquistadas y estamos yendo contra ellas", aseguró.
Por lo pronto, el juez de Campana trasladó la investigación a Rosario, por considerar que los delitos que se están imputando estarían siendo cometidos en esta zona. En tal sentido, Bullrich se mostró optimista de que los jueces federales rosarinos avancen con premura en la investigación y que Juárez llegue a juicio con celeridad.
