Alertaron sobre las consecuencias que generará la desaparición de un organismo fundamental “para compensar los desniveles en el desarrollo de las distintas regiones del país”
La facultad de Arquitectura de al UNR cuestiona la disolución de la Secretaría de Hábitat.
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) expresó su preocupación ante la reciente decisión del gobierno nacional de disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Consideraron que esa medida pone en riesgo el acceso a la vivienda y el desarrollo equilibrado del territorio, afectando especialmente a las regiones más frágiles del país.
El profesor Marcelo Barrale advirtió que “este avance del presidente sobre las estructuras sociales a nivel nacional representa un paso atrás en los procesos de planificación que permiten compensar los desniveles de desarrollo entre las diferentes regiones”. Según el especialista, el gobierno federal tiene la responsabilidad de atender las necesidades de los sectores más desprotegidos y de promover el arraigo en zonas estratégicas para evitar la concentración poblacional en grandes centros urbanos.
Del mismo modo, Barrale destacó que “solamente un gobierno nacional puede garantizar este equilibrio en el desarrollo del hábitat popular en las regiones”. Asimismo, explicó que los proyectos de vivienda no solo deben incluir unidades habitacionales, sino también equipamiento comunitario, como escuelas, guarderías y centros de salud, para garantizar la calidad de vida de las comunidades y satisfacer los requerimientos básicos de la población. En este sentido, alertó que “esta decisión atenta contra el desarrollo de un país equilibrado y somete a la población a radicarse en las grandes capitales, muchas veces en villas de emergencia en la periferia de las urbes”.
Por su parte, Javier Fedele, director del Curdiur Conicet/UNR, se refirió a los efectos del decreto 70/2025 y señaló que “las medidas condensadas en el documento establecen disposiciones que ponen en juego programas habitacionales”. Frente a este escenario, indicó “la necesidad de evitar el vacío que queda ante la suspensión de los instrumentos vigentes y de poner rápidamente en marcha.
La imputada trabajaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña y la acusan de haber confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos
Por Lucas Ameriso
