En los primeros siete meses del año, cerca de cien chicos y adolescentes resultaron heridos por armas de fuego en Rosario, de las cuales 18 fueron menores de quince años. Entre enero y lo que va de agosto, en el departamento se produjeron 179 muertes violentas, de las que 39 fueron de menores de 20 años. Las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, que ilustran la magnitud del fenómeno, fueron retomadas en un documento de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, que advirtió sobre el crecimiento de la violencia urbana. "Estamos llegando a un punto de no retorno. La escalada de violencia afecta a franjas de la población que antes permanecían al margen", advierte Gabriel Savino, a cargo de la Defensoría.
Las crónicas policiales les ponen nombre y apellido a a esta problemática: Adriano Palacio tenía 14 años y el domingo pasado estaba en su casa de barrio Molino Blanco cuando alguien gritó su nombre. Apenas alcanzó a asomarse a la puerta y recibió una lluvia de balas, una impactó en su cabeza y le causó la muerte. Su nombre se sumó al de otros adolescentes cuyos tristes finales conmovieron a la ciudad este mes, como el de Zoe Romero, de 15 años, asesinada en la puerta de su casa de Garzón al 3800 o el de Lucas Vega Caballero, un pibe de 13 años que jugaba en las inferiores de Central baleado cuando salía de su casa en Génova y González del Solar, en la zona oeste.
El comunicado de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes manifiesta la preocupación del organismo por el crecimiento de la violencia urbana. El texto se publicó en el marco del Día de las Infancias, con el objetivo de abrir el debate sobre cómo los menores sufren cada vez más los efectos de estas violencias.
Según destaca el documento, es necesario “avanzar en reflexiones que den cuenta de la complejidad del entramado social y del problema de la seguridad como prioritario en las agendas de todos los niveles, sectores y poderes, para no profundizar la pérdida de calidad de vida de la ciudadanía”.
Los datos del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia a julio del 2022 indican que casi nueve de cada diez homicidios tuvieron lugar en los departamentos La Capital y Rosario. En la ciudad de Rosario a julio de 2022 se registraron 446 personas heridas de arma de fuego (85% varones y 15% mujeres), de las cuales cerca de 100 son niños y adolescentes (18 son menores de 15 años, y más de 80 tienen entre 15 y 19 años).
Asimismo, entre el mes de enero y lo que va de agosto, en el Departamento Rosario se produjeron 179 muertes violentas (153 en la ciudad cabecera) de las cuales 39 corresponden a niñas, niños y adolescentes.
"Las infancias y juventudes sufren cada vez más los efectos de las violencias provocadas en contextos urbanos. Además de ser víctimas letales, niñas, niños y adolescentes atraviesan el crimen violento de padres, madres y otros familiares a causa de esta problemática, como también el desplazamiento obligado y bajo amenaza de sus centros de convivencia", destaca el escrito de la Defensoría.
Mayor demanda
Savino es director de la Defensoría del Pueblo en el sur provincial y desde mayo pasado está a cargo también de la Defensoría de Niñez. Según advierte, el incremento de los casos de violencia que afectan a los menores aumenta la demanda de los equipos interdisciplinarios del área que trabajan en los territorios.
"Estamos llegando a un punto de no retorno. La escalada de violencia afecta a franjas de la población que antes permanecían al margen", señala el funcionario y apunta que es tiempo que, "como sociedad, nos demos cuenta de que tenemos que hacer algo".
Con esa certeza, dice, desde el organismo se busca visibilizar la realidad que se vive en los barrios de las principales ciudades de la provincia.
"Queremos visibilizar y poner en debate qué pasa con las juventudes, con las infancias que es preguntar también qué nos pasa a nosotros como adultos porque nuestros niños y adolescentes han perdido calidad de vida, por ejemplo en el uso y disfrute de los espacios públicos", describe.
Para el funcionario es necesario comprender la complejidad del problema para buscar respuestas en políticas sociales integrales que transformen la vida en las instituciones tradicionalmente pensadas para la infancia. "Particularmente las escuelas ya no son contenedoras de las juventudes, se ha perdido ese espacio, hay que sostener el trabajo de los clubes barriales, permanentemente atacados por el delito. Necesitamos una mayor inversión del Estado en la infancia porque si no podemos resolver estas demandas, no vamos a tener futuro", apunta.
Problemas prioritarios
El documento de la Defensoría remarca que "es necesario pensar en clave propositiva para avanzar en reflexiones que den cuenta de la complejidad en el entramado social y del problema de la seguridad como prioritario en las agendas de todos los niveles, sectores y poderes del Estado".
Y destaca que estas situaciones de violencia urbana que tienen entre sus víctimas a niñas, niños y adolescentes se inscriben en un contexto económico, social y cultural adverso. De acuerdo al último estudio de Unicef sobre pobreza multidimensional (que mide los ingresos del hogar, pero también el acceso a una vivienda adecuada y a bienes culturales), el 48 % de los niños, niñas y adolescentes es pobre.
"Abordar esta problemática demanda un cambio de enfoque. No es algo que pueda resolverse con una mayor intervención de las fuerzas de seguridad, sino con más políticas sociales", remarca Savino y comenta que en las últimas semanas mantuvieron reuniones con los funcionarios de los distintos poderes del Estado para buscar nuevas formas de intervención frente a esta problemática y nuevas formas de abordaje frente a estos conflictos.
