La Fiscalía y la defensa habían acordado la liberación de dos choferes bajo fianza, pero el hombre agredido se opuso y pidió participar como querellante
Por Lucas Aranda
Tres taxistas fueron imputados a fines de septiembre por la agresión.
Después de casi dos meses de investigación sobre la denuncia de la golpiza de taxistas a un pasajero en el centro de Rosario, la Justicia provincial extendió la prisión preventiva de dos imputados. La medida cautelar se venció el último viernes y la Fiscalía estaba de acuerdo con liberarlos, pero la víctima rechazó esta medida alternativa.
Flavio B. recibió el alta hospitalaria a fines de octubre y actualmente sigue bajo tratamiento médico con una internación domiciliaria debido a las secuelas de la agresión en Montevideo al 2100. Mientras tanto, sus abogados pidieron participar en la causa como querellantes y plantearon una postura diferente a la del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en cuanto a la situación de los detenidos.
La audiencia en el Centro de Justicia Penal se llevó a cabo con el fin de revisar la orden de prisión preventiva efectiva por 45 días que se había dictado tras la imputación a Omar F. y Matías V. como coautores de lesiones graves. Se trata de dos choferes de 49 y 35 años, respectivamente. Ambos se entregaron al día siguiente de la captura de David C., el tercer sospechoso identificado como responsable de un intento de homicidio el sábado 13 de septiembre.
El fiscal Lisandro Artacho y los defensores propusieron la liberación de los primeros dos taxistas con una fianza de 2 millones de pesos. Uno de los acusados ofreció la motocicleta de su hermana para abonar la caución real. La situación del otro conductor aún no fue abordada porque la medida cautelar se dictó por tres meses y se vence a fines de diciembre.
El MPA y los abogados de los choferes pactaron una serie de reglas de conducta para continuar a disposición de las autoridades en el marco del proceso penal sin volver a manejar un vehículo del servicio público. Ambos se comprometieron a evitar cualquier contacto con la víctima o acercarse a 300 metros de ella. También se mostraron dispuestos a presentarse una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) con una prohibición de salir de la provincia de Santa Fe.
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El acuerdo entre las demás partes no conformó a quienes asesoran legalmente al pasajero de 43 años. Del lado de la querella, Rocío Sahagún pidió que los conductores permanezcan privados de su libertad por el plazo de ley. A continuación se refirió al estado de salud de su cliente, que pasó más de dos semanas internado en estado grave en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El contador estuvo en terapia intensiva a raíz de un traumatismo de cráneo grave. A partir del análisis de los videos de cámaras de vigilancia frente a la plaza del Foro, el MPA determinó que tres taxistas le pegaron en dos momentos diferentes e hizo una distinción en cuanto a la responsabilidad penal de cada uno. David C. afronta la imputación más grave por homicidio en grado de tentativa, ya que dio la última trompada y provocó que Flavio B. se golpeara la cabeza contra el piso cuando cayó por el golpe.
La víctima regresó a su hogar el 24 de octubre, pero está lejos de poder la actividad laboral en su estudio contable por las secuelas de la agresión y el tratamiento en el nosocomio municipal. Aún no puede alimentarse por sus propios medios y permanece traqueostomizado, de modo que requiere asistencia médica permanente.
El pasajero agredido quedó inconsciente cuando David C. lo derribó mediante un puñetazo en la cabeza. En ese momento quedó inmóvil y se despertó semanas más tarde en el Heca. El tratamiento inicial requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM) a la espera de la evolución de las lesiones en el cráneo. Mientras tanto, la madre de su hija decidió ayudarlo a afrontar un proceso de recuperación con grandes dificultades que se agravan por la imposibilidad de retomar el trabajo.
Luego de revisar la situación del denunciante y el encuadre legal de los delitos en investigación, el juez Hernán Postma rechazó el acuerdo propuesto por el fiscal y las defensas. Si bien tampoco aceptó la solicitud de la querella en cuanto al plazo de la medida, ordenó la prórroga de la prisión preventiva efectiva por otros 45 días. Como consecuencia de esta decisión, los taxistas continuarán tras las rejas hasta el 22 de diciembre.
La investigación judicial se abrió a mediados de septiembre, cuando una taxista discutió con un hombre que no quería pagarle el viaje hasta su casa. Según los reportes, el viaje comenzó en avenida Francia y Brown y debía concluir en Montevideo y Mitre, pero el pasajero decidió bajarse entre bulevar Oroño y Balcarce, a metros de los Tribunales provinciales.
La mujer se bajó del auto y empezó a seguir a Flavio B. para pedirle que le diera el dinero. Después regresó al coche y pidió ayuda a sus colegas a través de la radio. Días más tarde denunció que el contador la había maltratado y le había propuesto tener relaciones sexuales antes de descender.
Matías V. fue el primero que llegó al lugar y se acercó al pasajero alrededor de las 3.30 de la mañana. Ambos se empujaron mutuamente y este último se cayó al piso, pero no pudo levantarse. A continuación, Omar F. retuvo a la víctima con los brazos mientras el otro chofer le daba puñetazos.
El pasajero se puso de pie y trató de acercarse al segundo taxista, aunque los dos se desplomaron antes de intercambiar golpes. El hombre que había pedido el viaje desde Pichincha se tomó unos minutos para volver a ponerse el calzado y se aproximó tambaleándose hacia el grupo de conductores que se había formado. Cuando éstos se alejaron, decidió aproximarse hacia David C. y el tercer imputado reaccionó con una fuerte trompada del lado izquierdo de la cabeza.
La caída de la víctima provocó la fuga inmediata de los acusados. Otros cinco taxistas fueron demorados más tarde por la policía, pero el fiscal los liberó en el transcurso de la jornada tras constatar que habían llegado al lugar después de la agresión. La lista de sospechosos se acotó desde entonces y ninguno de ellos podrá volver a trabajar en el servicio público por el momento, ya que la Municipalidad de Rosario inició una investigación administrativa en paralelo con el proceso penal.
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