Silvina G. entró a la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal y se sentó en el lugar reservado para los acusados. Esposada y con un abrigo violeta, apretaba entre las manos un par de guantes negros y miraba alternativamente hacia el estrado y hacia el suelo. Enseguida ingresaron 32 personas que ocuparon los asientos del público. Todas ellas, víctimas o allegados de esos afectados, escucharon a la fiscal Valeria Haurigot exponer las estafas que le fueron imputadas a G. El modus operandi se repetía en cada caso: primero, se ganaba la confianza de las víctimas, que en muchos casos llegaba a convertirse en una amistad; luego les pedía dinero para invertir en su inexistente fábrica de carteras, o fingía padecer —ella o su hijo— problemas de salud y la necesidad de obtener dinero para costear gastos de algún tipo. Para la fiscal, la maniobra ascendería a los 800 mil pesos, aunque no descartaban que ese monto fuera mayor, puesto que ayer, después de que el caso llegara a los medios, se recibieron cinco nuevas denuncias. La sospechosa quedó detenida con prisión preventiva.
Cuando la jueza Silvia Castelli pidió los datos personales a la sospechosa, un murmullo recorrió entre el público de la sala. "Divorciada", dijo cuando la magistrada la consultó sobre su estado civil. A todas las víctimas les había dicho que era viuda y, a algunas de ellas, les había contado además que la muerte de su pareja se había dado como el resultado de una larga enfermedad.
Sin contar las denuncias recién ingresadas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contabilizaba 16 presentaciones penales contra Silvina G., de 50 años. De ellas, ayer Haurigot expuso cinco casos ocurridos entre octubre y noviembre de 2014, y entre septiembre de 2017 y junio de 2018. La acusación fue la de "inducir al error" a las víctimas "mediante maniobras engañosas y diferentes ardides consistentes en aparentar solvencia, poseer empresas de productos de indumentaria y contactos con importantes marcas de ese ámbito comercial, abusando de la confianza que las víctimas depositaban en ella".
De acuerdo con la fiscal, las personas engañadas entregaron dinero a Silvina G. "en calidad de préstamo y/o con fines de inversión, bajo la promesa de que se los iba a devolver en un plazo determinado junto con las ganancias que esas inversiones generarían, o con los intereses que esos prestamos devengarían, casándoles un grave perjuicio patrimonial, ya que esos montos nunca fueron devueltos".
Con todas las víctimas había generado amistades. A una le pidió su recibo de sueldo para sacar en cuotas una notebook y dos celulares por 45 mil pesos que nunca le pagó. A una pareja le dijo que tenía una camioneta rota que no podía mantener, y que se las daría a cambio de los 20 mil pesos que costaba hacer la transferencia. A otro matrimonio lo convenció para invertir 40 mil pesos en su fábrica de carteras, después de asegurarles que trabajaba con afamadas marcas y que tenía contacto directo con el diseñador Benito Fernández. Esto mismo ocurrió con otro matrimonio, del que recibió 50 mil pesos. Otro muchacho le entregó 1.600 dólares para una inversión similar.
En 16 casos distintos, la fiscal consideró que el monto de la estafa ascendería a los 800 mil pesos, aunque aseguró que ayer, luego de que la situación tomara estado público, recibió cinco denuncias más. Por eso mismo, adelantó a la jueza Castelli y al defensor de Silvina G., Leopoldo Monteil, que en los próximos días solicitará una nueva audiencia para ampliar la imputación.
Haurigot pidió que la mujer quedara con prisión preventiva por el plazo de ley —dos años, con posibilidad de revisar la medida a pedido de la defensa cada tres meses—, dado que de llegar a juicio podría recibir una pena de hasta 30 años de prisión, lo que aumenta las posibilidades de fuga.
Además, la fiscal recordó que días antes de la detención, Silvina G. puso en venta todos sus muebles en internet y cuando la Policía allanó su casa de barrio Arroyito la encontró vacía. La teoría del MPA es que la sospechosa planeaba fugarse a la ciudad andaluza de Málaga, en España, adonde tiene familia.
El defensor se opuso a esta medida y pidió que la mujer quedara en libertad con prohibición de abandonar el país o que, a lo sumo, se le impusiera la prisión domiciliaria.
Sin embargo, la magistrada, después de un extenso racconto de los argumentos de las partes, resolvió hacer lugar a los pedidos de la Fiscalía. Silvina G. quedará con prisión preventiva a la espera de que la investigación avance.
La mujer había sido detenida el jueves último luego de que le pusieran un señuelo: un potencial inversor —o víctima— le dijo que quería aportar 180 mil pesos para su negocio. La citó en un bar de Arroyito. La Policía de Investigaciones (PDI) la detuvo ni bien se sentó a la mesa.