En Rosario debería haber un "picódromo", autorizado por una ordenanza hace ocho años

En junio se cumplirán ocho años de la aprobación de la ordenanza municipal 9.072 que reglamentó la figura legal del "picódromo" para la creación de pistas destinadas a carreras de velocidad. El tiempo pasó sin que se inaugurara alguno y desde entonces, cada vez que una carrera callejera es noticia por su desenlace trágico, se pone en cuestión el estancamiento de una normativa que se había aprobado como un marco de control a una actividad que continúa realizándose en las calles de la ciudad.

El proyecto había sido presentado por los concejales Roy López Molina, Julia Bonifacio, María Eugenia Schmuck, Miguel Zamarini y Héctor Cavallero. Ante una serie de siniestros ocurridos en el marco de picadas callejeras, el proyecto consideraba "imprescindible otorgar a esa actividad un marco de control para brindar seguridad tanto a competidores como a los espectadores y al resto de la población de Rosario".

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El tema genera debate cada vez que hay un hecho trágico, aunque las picadas callejeras ocurren casi diariamente. Así lo hicieron saber, por ejemplo, los vecinos de la zona de Ayacucho y avenida Del Rosario, donde el sábado pasado David Pizorno y su hijo de 8 años murieron al ser arrollados por un auto en el que un hombre corría una picada junto a otro.

Cuando se aprobó la ordenanza que autorizó los "picódromos" el caso reciente era el de Maximiliano Primucci, un joven de 29 años que murió cuando corría una picada en un autódromo clandestino de Ovidio Lagos al 6800. Casos trágicos para citar no escasean.

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El Concejal de Cambiemos, Roy López Molina, uno de los autores del proyecto aprobado en 2013 plantea una distinción. "Una cosa son las pruebas de velocidad conocidas como picadas que las realizan deportistas amateurs. En la ciudad hay muchos y permanentemente están buscando dónde correr y de ninguna manera han corrido alguna vez una picada en la calle porque saben el riesgo que eso implica para ellos y para terceros. Otra son los homicidas viales, como el caso que ocurrió la última semana", aclaró.

Para hechos como el que terminó con la muerte de Pizorno y su hijo, López Molina advierte como necesario "que el municipio intensifique los controles y la política de seguridad vial". "Esta picada que terminó con la muerte de dos personas llegó a los medios porque terminó en tragedia, pero hay zonas de la ciudad en la que permanentemente ocurren picadas", contó. "Hay que prevenir y disuadir las picadas trabajando a la par con Fiscalía, porque se trata de la comisión de un delito. Pensar que si tuviésemos un picódromo legal esto no hubiese ocurrido es una conclusión falaz", agregó.

Ordenanza sin rumbo

Del armado del proyecto que concluyó con la aprobación de la ordenanza 9.072, además de funcionarios, participaron corredores de picadas y familiares de víctimas de siniestros viales. "Establece la posibilidad de que la Municipalidad promocione áreas determinadas para establecer picódromos legales, que no es público, ni financiado con dinero del Estado, sino privado, donde la Municipalidad designa el marco de condiciones bajo el cual tiene que regir", indicó el concejal.

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Incluso en 2015 se aprobó la reglamentación de la ordenanza para establecer las condiciones técnicas de los predios, que implicaba su extensión de hasta 400 metros, que fueran de pavimento y garanticen la seguridad de los espectadores. "Es una actividad que cuando se realiza en condiciones de seguridad es legal, es económicamente rentable y muchísimos rosarinos disfrutan, y como no hay lugar en la ciudad se van a otras", consideró López Molina.

Sobre el estancamiento de la ordenanza apuntó a la "mala praxis" de la gestión municipal anterior. "Se ha perdido permanentemente la oportunidad. Es una pena que se acuerden de que existe esa ordenanza cuando pasa una tragedia", opinó.