Tras la significativa resolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia Nacional en torno de las quemas en las islas, la Municipalidad de Rosario acompañó como parte de un consorcio de instituciones públicas el pedido de ser consideradas como Amigas del Tribunal ("amicus curiae") en la causa “Cesanelli, Valentín y otros c/ Provincia de Entre Ríos s/ Amparo ambiental colectivo (Expte. 487/2020)", presentada recientemente con el propósito de mitigar los daños ambientales y sanitarios producidos por los recurrentes incendios en jurisdicción de la vecina provincia.
Junto al municipio integran dicho consorcio la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y el Centro de Investigación y Transferencia Rafaela (CIT Rafaela)-Conicet.
La intervención conjunta como Amigos del Tribunal en el recurso presentado por los abogados ambientalistas Valentín Cesanelli y Bárbara Ausili contra la provincia de Entre Ríos tiene por objeto "enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas para ilustración de la Corte Suprema".
El pedido se fundamenta en que "la trayectoria, cometidos, desempeño actual y experticia" de las instituciones involucradas "pueden contribuir significativamente a diseñar de la manera más justa y eficiente los remedios que esa causa exige a los fines de evitar un verdadero colapso ambiental".
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Al respecto, en declaraciones periodísticas el intendente Pablo Javkin expresó: "Junto al Procurador de la provincia y las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, y también junto al Instituto del Conicet de Rafaela, nos hemos presentado como amicus curiae acompañando un amparo de una abogado rosarino ante la Corte. Queremos tener presencia en lo que la Corte Suprema intervenga y queremos que se aborde el tema de fondo, más allá del trabajo de los brigadistas, que lo reconocemos, para ver cómo mejoramos la protección del humedal. Y estamos trabajando también para ver de qué manera podemos aportar como municipio en los faros de protección y en las estrategias de control que el Ministerio de Ambiente de la Nación está promoviendo”.
La presentación ante la Corte
La presentación de las instituciones involucradas precisa los argumentos legales que sostienen el pedido de constitución como Amigos del Tribunal en el citado expediente, resume un vasto compendio de estudios científicos sobre la evolución de las quemas y sus efectos en el ecosistema y la salud de la población, y a la par adelanta el aporte de cada uno de los integrantes del consorcio en la materia.
En el caso de la Municipalidad, la misma "ofrece todos sus saberes y experiencias institucionales en el territorio, una historia al cuidado de los bienes ambientales y, específicamente, políticas públicas acerca del modo en que pueden evitarse los daños a la salud de las personas que viven y habitan Rosario".
Las instituciones que forman parte del consorcio consideraron en su presentación, entre otros argumentos, "que desde el año 2008, año en el que comenzó a visibilizarse un cambio radical de las formas productivas tradicionales y ancestrales, se han incrementado las acciones antrópicas predatorias, entre ellas, el manejo del fuego con fines de aplicarse a la renovación de pastizales para uso de ganadería intensiva; que el Delta Superior es un macromosaico de humedales y constituye una de las áreas más ricas en biodiversidad del país y que los habitantes de la zona, que pueblan una de las regiones metropolitanas más habitadas de la República Argentina, han sufrido y sufren constantes y severos daños transfronterizos a su salud".
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Por otro lado, estimaron que "el ecosistema del Delta del Río Paraná, su flora, fauna y biodiversidad así como el aire de calidad constituyen bienes ambientales colectivos que integran el macrobien colectivo ambiente (art. 240 del Código Civil y Comercial, CCC). Sobre esos bienes recaen derechos de incidencia colectiva (art. 41 de la Constitución Nacional, CN, y 14 CCC) de los que son titulares y que se vinculan a través de una relación de disfrute que justifica su interés en participar en la causa, incluso para tomar intervención en la etapa cautelar que merezca, como así también las eventuales audiencias ordenatorias, informativas y/o conciliatorias bajo la Acordada N° 30/2007".
La demanda colectiva
En la demanda presentada por Cesanelli ante la Corte Nacional a principios de julio, de la que participa un grupo de vecinos de Rosario, los representantes legales reclaman que la provincia de Entre Ríos recomponga el daño ecológico producido en el ecosistema de humedal producto de las quemas, bajo el precepto de que las mismas "afectan gravemente la calidad del bien jurídico aire que respira la población de la ciudad de Rosario, menoscabando dicho bien jurídico y provocando un gravísimo daño ecológico con su consiguiente afectación a la salud de toda la población".
Acciones en marcha tras el fallo de la Corte
Paralelamente, el intendente Pablo Javkin mantuvo este miércoles 12 de agosto un encuentro vía zoom con autoridades nacionales y de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en el que se intercambió información a los efectos de constituir lo más pronto posible el Comité de Emergencia Ambiental que la Corte Suprema ordenó conformar en el marco del Piecas a los efectos de abordar de manera integral y efectiva la problemática ocasionada en el Alto Delta.
“Esperamos, a partir de lo que se ha estipulado ayer (por el martes, en relación al fallo de la Corte) que se dé una experiencia exitosa de control interjurisdiccional, de preservación del humedal. Están involucradas las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos también derechos sobre la protección del humedal", puntualizó Javkin.
Finalmente, el intendente ponderó el hecho de que "la máxima instancia judicial de la Argentina tome el tema": "Ello demuestra que teníamos razón cuando planteábamos que había que reforzar el canal institucional y judicial a la hora de abordar la problemática”.
Del encuentro participaron el secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad nacional, Gabriel Fuks; los ministros de Ambiente y de Gobierno de Santa Fe, Erika Gonnet y Esteban Borgonovo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago, junto a múltiples representantes de las tres provincias involucradas (Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos), de Prefectura Naval, autoridades municipales, de los ministerios nacionales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Obras Públicas; de la Dirección Nacional de Vialidad; del Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM) y de las universidades nacionales de Entre Ríos y Rosario.
