Desde hace ya 30 años las organizaciones del mujeres, instauraron el 28 de Septiembre como el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Este años, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y a través de una carta, el movimiento de mujeres y disidencias volvió a exigir el tratamiento del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo en el Congreso de la Nación. “Es urgente, es prioridad: Aborto Legal 2020”, plantearon desde las organizaciones que integran la campaña que hace ya 15 años impulsa su aprobación, y que ahora vuelve a plantear el reclamo ante “las y los decisores políticos”.
“Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo”, comienza la carta, y recuerda que “en Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo _contemplado en el Código Penal desde 1921_, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios”.
El texto señala además las condiciones de “las presas por abortar” que “sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión. Sin contar con la atención adecuada, son sometidas a maltratos por profesionales de la salud que actúan en complicidad con agentes de la Justicia, la policía y los medios de comunicación”.
Sin desconocer el contexto de pandemia, justamente hacen principal hincapié en los obstáculos que la circunstancias generan. “La emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza”, apuntan.
Así, vuelven a plantear: “Es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario”, y agregan: “La penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe”.
“La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse”, continúa el texto.
En ese marco, recuerdan que el proyecto de ley de la campaña es impulsado “por más de 700 organizaciones de diversa índole”, e insisten que “debe aprobarse de manera urgente”, apelando “a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.
“Este 2020, señor presidente, senadoras, senadores, diputadas y diputados: ¡Exigimos aborto legal, seguro y gratuito ya! Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”, concluye el pedido.
