El juicio por la explosión del edificio de calle Salta 2141 ingresa en días decisivos

Entre mañana y pasado se escucharán los últimos testigos en el juicio que investiga las responsabilidades penales por la explosión del edificio de Salta 2141, que dejó 22 muertos y unos 60 heridos. Una vez concluida la etapa de presentación de pruebas, los jueces escucharán los alegatos de cada una de las partes, la fiscalía, la querella y los abogados de los once acusados por el delito de estrago culposo agravado seguido de muerte, que contempla una pena máxima de cinco años de prisión. Estiman que a fin de mes se conocería la sentencia del tribunal. Ayer, en tanto, un especialista en derecho penal cuestionó el procesamiento de los cinco empleados de Litoral Gas.

El juicio oral y público por la tragedia que enlutó a la ciudad comenzó hace un mes. Durante unas 20 jornadas, un centenar de testigos expuso sobre lo sucedido ese fatídico 6 de agosto de 2013, a las 9.38, cuando una fuga de gas provoco la explosión de la torre central del complejo de departamentos de Salta 2141.

Cada una de las audiencias fue seguida con atención por los familiares de las víctimas que esperan Justicia, un reclamo que traducen en penas efectivas para "todos" los acusados.

Por el incidente están procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, que trabajaban en el lugar el día del siniestro; tres integrantes de la administración del consorcio del edificio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; los inspectores de la empresa Litoral Gas, Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. También el gasista que estuvo en el lugar doce días antes, José Allala.

La fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva para los nueve primeros, la querella incluyó en ese pedido de pena a Allala y Bolaño. Para la acusación, la explosión fue el final de una serie de acciones desencadenadas después de que una vecina del edificio llamara a Litoral Gas para denunciar fallas en el suministro. Y los imputados son eslabones de "una cadena de negligencias" que se inició diez días antes del siniestro.

La defensa de los empleados de la empresa prestataria del servicio de gas, en tanto, argumenta que la explosión se debió a "un trabajo clandestino" que realizó el gasista García, ya que nunca informó que el fatídico 6 de agosto de 2013 iba a cambiar el regulador de gas del edificio.

La audiencia

En la mañana de ayer se escuchó el testimonio de Miguel Almeyra, un especialista en derecho penal con amplia trayectoria en la Justicia porteña, quien fue convocado por la empresa Litoral Gas para redactar un dictamen sobre lo que consideró un "extraño" procesamiento de los cinco empleados y gerentes de la firma.

El abogado, en una clase sobre doctrina jurídica, cuestionó la teoría de la acusación, considerando que no hubo una relación causal entre lo sucedido en las jornadas anteriores y el día del siniestro.

"Cualquier acción humana que concluye en un resultado es producto de una variedad de situaciones, el tema es hasta dónde el derecho quiere que un sujeto responda por esos hechos", sostuvo y concluyó que los responsables de la tragedia fueron exclusivamente el gasista y su ayudante, quienes trabajaron en el edificio el día de la tragedia.

La querella interrogó al testigo para recordarle alguno de sus antecedentes como abogado, particularmente la defensa de acusados por delitos de lesa humanidad, como Eduardo Obarrio, funcionario de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse acusado por el fusilamiento de Trelew, y de Juan Carlos Trimarco, interventor de la provincia de Entre Ríos en 1976 y vinculado con el funcionamiento de una maternidad clandestina en Paraná.

Después de Almeyra se escuchó el testimonio de Pablo Martín, un vecino del edificio siniestrado convocado por la defensa de la administración del edificio, que relató cómo fue la reunión de consorcio donde se contrató al gasista García.

Las audiencias se retomarán el próximo miércoles y jueves, cuando los jueces escucharán a los últimos doce testigos convocados para participar del juicio. Una vez concluida la etapa probatoria, comenzarán los alegatos de clausura que, estiman, insumirán dos o tres jornadas.

Luego, el tribunal formado por Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala tendrá algunos días para dictar la sentencia, por lo cual las partes estiman que la decisión de los jueces se conocería recién sobre fin de mes.