Mientras el Ministerio de Educación de la provincia lleva varios meses poniendo en discusión los lineamientos del proyecto de lo que sería la ley de educación de la provincia, el 90 por ciento de los rosarinos consultados sobre el tema dijo no saber si existe o no una normativa que regule el sistema educativo en Santa Fe o bien contestó erróneamente diciendo que la norma ya existe. "Esto muestra que el debate de la educación santafesina no está instalado en la agenda pública como dice el gobierno provincial y si bien la gente cree que es un tema importante, no saben lo que está sucediendo", afirmó el secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Martín Lucero, que recalcó —como lo hizo semanas atrás con su par de Amsafé provincial, Sonia Alesso— que los maestros siguen sin estar convocados al debate.
El relevamiento sobre qué conocen los rosarinos del sistema educativo santafesino y de la discusión que el gobierno provincial impulsa para el tratamiento en la Legislatura de una ley de Educación fue encargado semanas atrás por el gremio de docentes particulares, y realizado por el Centro de Mediciones sobre Opinión Pública.
Las consultas se hicieron entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre en toda la ciudad, entre 408 casos.
El común denominador de las respuestas fue que la gran mayoría desconocía si la provincia ya cuenta o no con una normativa que regule el sistema educativo (53 por ciento) e incluso entre quienes dijeron conocer la situación, contestaron erróneamente al decir que Santa Fe ya tenía con una ley en ese sentido (38 por ciento).
Para Lucero, ese es "un dato clave porque a contrapelo de lo que plantea el ministerio, la consulta muestra a las claras que el debate de la ley de Educación no está instalado en la agenda pública", y, más aún, aseguró que "no sólo la gente no sabe si Santa Fe tiene o no una ley, sino que además mientras el gobierno dice que la discusión está en marcha, esto muestra que no saben qué es lo que está pasando porque en realidad es una discusión microclimática de la que no está participando toda la comunidad".
Ante eso, Lucero consideró además que "cuanto menos el ministerio está comunicando mal la convocatoria a la gente a participar de la discusión", e insistió que "la movilización por el debate de la ley de padres y estudiantes de la que hablan, no existe".
Pese a no saber lo que está sucediendo, la mayoría de los entrevistas sí consideró positivamente el hecho de que la provincia pueda tener una normativa de estas características. Tal es así que el 90 por ciento de los consultados cree que la norma haría un aporte al sistema educativo —el 66 por ciento dijo que mejoraría "mucho" el sistema y el 24 por ciento planteó que mejoraría "al menos en algo"—, y sólo un 10 por ciento se mostró reacio diciendo que no serviría de nada.
Y en ese marco, el dirigente opinó que "eso muestra que si la convocatoria a participar estuviera bien comunicada, la gente participaría porque lo considera importante y porque el sistema educativo es transversal, y la mayoría de la gente es padre, alumno, hermano o docente y tiene alguna conexión con la escuela".
Valoración. La opinión que los rosarinos tienen del sistema educativo "en general" EM_DASHlo que incluye tanto las escuelas de gestión pública como de gestión privadaEM_DASH también se midió a través de las consultas, y prevaleció una imagen positiva. Así lo manifestó el 55 por ciento, en tanto el 45 por ciento restante se refirió a una imagen negativa; sin embargo, apenas un 7 por ciento caracterizó al sistema como "muy malo", así como también apenas un 2 por ciento le puso un "muy bueno".
"La consideración de la gente siempre está lejos de esa imagen que se busca muchas veces imponer de que la educación es «un desastre», y tiene una buena imagen de lo que día a día pasa en las escuelas", recalcó Lucero. Y en ese marco, el aporte que hacen los docentes al sistema fue el más valorado. De hecho, el 74,2 por ciento del los consultados respondió que los docentes hacen "un gran aporte" a la educación, una consideración que triplica a la valoración que la gente cree que hace el Estado (45,3 por ciento) e incluso los padres de los alumnos (42,8 por ciento).
