El Concejo Municipal se prepara para aprobar el jueves un pedido de informes sobre los operativos que las fuerzas de seguridad vienen realizando a bordo de los colectivos del transporte urbano de pasajeros. Los controles que incluyen el pedido del Documento Nacional de Identidad a los pasajeros fueron cuestionados por considerarlos "arbitrarios", considerando que el pedido de identificación se realizaba "por portación de rostro".
El tema dio que hablar en las redes sociales este verano y los concejales de los bloques Justicialista y de Ciudad Futura presentaron un pedido de informes para que el Ministerio de Seguridad explique si ordenó la realización de operativos policiales a bordo de los colectivos de pasajeros, si estos procedimientos quedaron debidamente registrados en actas y si estos documentos dieron lugar a actuaciones penales por la presunta comisión de un delito.
Concretamente, la iniciativa busca establecer cómo se relizan estos controles policiales en los colectivos urbanos y conocer qué resultados arrojan los pedidos de identificación. El proyecto llegó hace dos semanas a la comisión de Seguridad del Palacio Vasallo, donde puso en debate el alcance de estos procedimientos.
Finalmente, se acordó realizar algunas modificaciones al texto de la propuesta, que llegará al recinto el próximo jueves.
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El proyecto
El pedido de informes se presentó a mediados de febrero, cuando en las redes sociales empezaron a circular quejas de usuarios del transporte urbano de pasajeros por los operativos de control desplegados en los colectivos y en la vía pública. La Capital dio cuenta de varios testimonios que advertían la arbitrariedad en la realización de la requisitoria.
El Concejo Municipal se hizo eco de la inquietud. El concejal del Movimiento Evita, Mariano Romero, presentó un proyecto para pedir informes al Ministerio de Seguridad sobre cómo se realizan estos operativos. La propuesta fue acompañada por los ediles del bloque de Ciudad Futura. La propuesta comenzó a debatirse la semana pasada en la comisión de Seguridad.
El requerimiento, según se destaca en sus considerandos, tiene como antecedentes una serie de relatos y denuncias recibidas en la Multisectorial contra la Violencia Institucional, sobre presuntas prácticas discriminatorias y abusos de autoridad por parte de los oficiales de seguridad en el transporte urbano de pasajeros.
Puntualmente, los pasajeros referían que los uniformados pedían el documento nacional de identidad a la totalidad de quienes viajaban en el colectivo y demoraban para averiguación de antecedentes a sólo una parte de aquellos quienes no los tenían en su poder. Generalmente, personas con determinados rasgos fisionómicos y de vestimenta, lo que tradicionalmente se denomina como "portación de cara".
Por eso, la iniciativa apunta a conocer cómo se desarrollan los procedimientos y garantizar que los procedimientos de seguridad ciudadana se lleven a cabo conforme a la ley y el respeto por los derechos humanos.
Cuestionamientos
La propuesta disparó cuestionamientos entre los concejales que forman parte de la comisión de Seguridad. El referente del bloque del Pro, Carlos Cardozo, señaló que el pedido de informes no tenía en cuenta la situación compleja en materia de seguridad que se vive en la ciudad" y daba por sentado "que existía discriminación en los operativos, "cuando debe existir una actitud de respaldo para las fuerzas de seguridad que trabajan en la calle", sostuvo.
En diálogo con La Capital, el edil sostuvo que en la provincia existe una ley (la 7.395, promulgada en 1975) que permite la detención para averiguar la identidad de las personas por un máximo de 6 horas y que si bien hubo intentos de derogarla en la Legislatura, nunca prosperaron.
"Hay muchos ejemplos en la ciudad de operativos donde las fuerzas de control pueden pedir el DNI. En los retenes de tránsito, por ejemplo, los agentes municipales piden carné de conducir y documentos; en la cancha, desde la implementación del programa Tribunas Seguras, también", explicó y recordó que en los últimos tiempos en Rosario se sucedieron varios hechos violentos a bordo de unidades del transporte urbano, el más grave fue el ataque sufrido en diciembre pasado y terminó con la vida de un chofer de la línea 116.
Con antecedentes
La reunión de la comisión de Seguridad del lunes pasado fue el escenario donde se desplegaron argumentos a favor y en contra del proyecto que logró despacho al recinto para ser aprobado, modificando algunos puntos de la redacción original. Para la concejal de Ciudad Futura, Jésica Pellegrini, "se presentaron algunas dudas, pero fuimos claros en explicar lo que preguntamos en el proyecto: si existe una orden y un protocolo para la realización de estos operativos", resumió.
La edila consideró "preocupantes" las consecuencias que tienen estos controles cuando las personas no cuentan con el DNI, ya que no existe ninguna obligación alguna de portar documentos cuando se transita por la via pública o se usa el transporte urbano.
"La posibilidad de que la policía lo demore, o que se genere otro tipo de conflictos, es una facultad cuestionada. Ya que si bien existe una ley, existen también varias interpretaciones. Las fuerzas de seguridad no se pueden llevar a una persona a excepción que existan dos requisitos: que este presumiblemente cometiendo un delito o que la detención se de en el marco de una investigación judicial", recordó y citando al constitucionalista Oscar Blando, señaló que "una cosa es investigar para detener y otra distinta detener para investigar".
Pellegrini consideró que el pedido de informes no niega el contexto ni los antecedentes en los cuales las unidades del transporte urbano fueron objeto de ataques. "Pero en un afán de afianzar la seguridad, que nadie discute que es necesario, lo que intentamos es proteger a las personas del uso arbitrario de la fuerza por parte del Estado, o terminar criminalizando a cualquier persona que viaje en colectivo sin su DNI".
El proyecto consensuado buscará ser aprobado el jueves.