Rosario sufre el robo vandálico de cables de cobre inédito en su historia. Tanto es así que no solo Telecom denunció un faltante de 160 mil toneladas de material en el cableado, sino que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) sufrió la sustracción de 7 mil toneladas de cobre en lo que va del año con un perjuicio valuado en 60 millones de pesos y la desafectación de cien estaciones transformadoras a lo largo de 2021. En la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor registraron 54 zonas que se quedaron a oscuras o sin internet durante el año pasado, y ahora se suman otras 21 en donde se afectan en muchos casos barrios enteros. El estado de rapiña es tal que las oficinas del Registro Civil en los distritos municipales deben interrumpir la entrega de documentación por este flagelo.
A los ecos de la revelación que las autoridades de Telecom dejaron el miércoles en la audiencia que convocó la Cámara de Diputados santafesina sobrevinieron más datos que ponen de manifiesto una radiografía del robo hormiga de este metal en Rosario.
En representación de la EPE, Sebastián Nitti aseguró que la empresa sufre desde el 2020 hasta hoy un crecimiento exponencial de los delitos relacionados con el robo de material de cobre. Unos 300 transformadores rurales fueron robados “y en Rosario en este último año hubo alrededor de cien sustracciones en estaciones transformadoras de nivel”, esto implica que el robo de ese cable ejerce una tensión distinta que se traslada a la tensión de los usuarios y quema los aparatos eléctricos que pueda haber en una vivienda.
El técnico de la empresa estatal indicó que los ladrones queman al aire libre el material para que quede desnudo, lo que hace imposible identificar su procedencia y pertenencia. De ello los rosarinos pueden dar cuenta al levantar la mirada y observar negras columnas de humo que proliferan por la periferia.
Algo parecido, graficó en este encuentro convocado por los legisladores, Rubén Notthoff, de la Cooperativa Telefónica de Villa Gobernador Gálvez. En 2020 comenzó la ola de robos al pedir especial atención a las autoridades respecto al crecimiento de “comercios” de venta de cobre y chatarrerías que proliferan en esa ciudad pegada a Rosario.
El vocero de Litoral Gas, Andrés Romagnoli, reiteró lo que ya había planteado semanas atrás: el robo de flexibles de cobre puede ser la antesala de un escape de gas. “Desde mitad del año pasado empezamos a ver un crecimiento importante y se llegó a un pico en octubre de más de 120 situaciones en un mes”, recordó.
El titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Antonio Salinas, recordó que el 25 por ciento de los 11 mil reclamos del año pasado fue del área de telecomunicaciones.
Las zonas afectadas
En 2021, unos 54 sectores de la ciudad sufrieron la falta de servicio asociada al robo de cables, lo que representó barrios enteros o partes de barriadas. En 2022, se sostiene la tendencia creciente: 324 denuncias, de las cuales 149 son por falta de servicio, lo que equivale ya a 21 zonas.
En el listado de barrios se ubican los barrios Hospitales, Belgrano, 25 de Mayo, Empalme Graneros, Ludueña, Fisherton y Pichincha.
Salinas bregó para que los usuarios de telefonía afectados reclamen el bloqueo del servicio en la factura para no abonar por ello, hasta tanto se reponga el cable.
El robo piraña de cables afecta también otros aspectos. En el caso de las oficinas del Registro Civil en los minimunicipios, quedó afectada entrega de documentación. Para citar un ejemplo: actualmente en el Distrito Sudoeste (Francia 4435) se robaron los cables de internet por tercera ocasión y los empleados no pueden trabajar, lo que hace que por meses no se pueda atender al público ante diversos trámites.
El diputado provincial Oscar Cachi Martínez agregó que también se vieron afectados los hospitales Centenario y de Niños Zona Norte.
“El municipio habilita negocios, pero en su licitud terminan siendo el receptáculo del producido del delito”, indicó el diputado para preguntarse: ¿Cómo el Concejo Municipal no puede regular la compra-venta de cobre con un registro de chatarrerías, medición y fiscalización de stock? Si los ediles están en condiciones de plantear un freno al lavado del dinero narco bien podrían regular la compra de cobre, con controles periódicos”.
El secretario de gobierno municipal, Gustavo Zignago, recogió el guante por el lado del Ejecutivo. “El municipio, con las herramientas que cuenta acude a los lugares, solicita las habilitaciones, analiza las condiciones de higiene y seguridad. Todo ello, se hace con agencias de control, como la policía y el Ministerio Público de la Acusación. Si se da lugar a presumir hechos irregulares son éstas agencias las que deben iniciar una investigación y preservar los elementos de prueba. No existe normativa que obligue a tener trazabilidad de la mercadería como sí ocurre con las autopartes”, explicó.
Martínez aclaró que “no puede ser la solución al problema detener a alguien con 10 metros de cable en un carrito, sino desbaratar las bandas que compran, producen y exportan”, dijo para recordar que existe un proyecto de su autoría, al igual que otro a cargo de la legisladora socialista Lionela Cattalini.
“El gobierno provincial le reclamó a la EPE el desarrollo de líneas de media y baja tensión y habilitamos la conectividad por 125 millones de pesos, pero terminan los cables en las chacaritas”, cerró Martínez.
