El exdirector general del Servicio Penitenciario de Santa Fe Pablo Cococcioni le respondió al actual funcionario a cargo del área, Héctor Acuña, quien aseguró que la provincia tomó "la decisión política de sacar" los celulares de las cárceles. Dijo que la prohibición para los reclusos de utilizar teléfonos es un ley nacional que "data de mediados de 2017", sostuvo que hacer ese comentario "es cosa de ignorante" y sostuvo que referirse a esa cuestión "es una caradurez".
"Pónganse a gobernar", escribió en su cuenta de Twitter.
Cococcioni expresó que "la prohibición de que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, con la consiguiente autorización para instalar inhibidores de señal, data de mediados de 2017", y que se trata de "leyes nacionales, cuyo dictado por las provincias sería inconstitucional".
"Ya algunos años antes, y sin norma expresa que lo habilite, la provincia de Santa Fe avanzó en la compra de inhibidores de señal, lo cual nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (Enacom), que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos", recordó.
Mientras Acuña remarcó que en los primeros 40 días que lleva en el cargo "se han incautado por lo menos 500" teléfonos móviles, Cococcioni sostuvo que esa cantidad "es inferior al de unos meses atrás, cuando se encontraba aún el anterior gobierno, y muy inferior en promedio a los 6.000 que se secuestraron en 2019".
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También indicó que la anterior administración "superó definitivamente el problema" de la superpoblación de reclusos en comisarías, ya que —dijo— "actualmente más del 97% se encuentra dentro de las Unidades Penitenciarias". Y remarcó que "tanto los protocolos de requisa y los mandos superiores penitenciarios siguen siendo los mismos de la gestión anterior. También los requisadores lo son. Es decir que, con algunas variaciones menores, el Dr. Acuña mantuvo la estructura heredada".
"Acusar a la anterior gestión de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señal es cosa de ignorante, y hablar de la supuesta decisión política de la gestión actual es una caradurez", manifestó.
Si bien admitió "falencias y cuestiones pendientes", resaltó que para ocuparse de esto la actual gestión cuenta "con recursos materiales y humanos que desearíamos haber heredado nosotros en el 2007 cuando los presos se amontonaban uno encima de otro en comisarías atestadas, con policías ocupados en cuidar detenidos en vez de estar patrullando las calles".
"Lo dijimos antes frente a otras operaciones, lo decimos ahora y lo seguiremos diciendo y demostrando con hechos, cada vez que utilicen la mentira y la falacia para intentar instalar un relato que no es tal. Hace 50 días que asumieron el gobierno, recibieron una provincia ordenada y funcionando. Pónganse a gobernar", concluyó.
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