"Los servicios de atención en violencia de género de la Municipalidad están funcionando con normalidad, nunca dejaron de hacerlo, incluso el Teléfono Verde, que estuvo haciéndolo las 24 horas y los 365 días del año, y nunca se interrumpió", afirmó la secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, Mariana Caminotti, frente al conflicto que mantienen más de 20 psicólogas que durante 2019 fueron parte del servicio telefónico que es muchas veces el primer contacto de las víctimas a la hora de pedir ayuda.
La negativa del colegio profesional correspondiente, que mantiene un convenio con el municipio, a firmar la extensión de los contratos hasta marzo motivó la sucedido con las operadoras. La funcionaria ratificó el "compromiso" de la gestión con la problemática, y señaló que "se está trabajando en reforzar tanto la atención como la prevención". Además, anticipó que la "territorialización" será una prioridad. "Pedirle a una víctima que venga hasta Buenos Aires y Santa Fe a ser atendida, es ponerle una barrera", consideró.
La recién creada Secretaría encara por estas horas la organización de los espacios que la conforman, lo que implica en algunos casos la reformulación de los servicios. "Hay un compromiso de la gestión en fortalecer la prevención y la atención de los casos de violencia buscando jerarquizar la historia de la ciudad que tiene normas de avanzada y ha tenido servicios de avanzada, pero que hoy, con el recrudecimiento de la violencia en todo el país y con las organizaciones que han tomado el tema con una fuerza inédita, nos exige a todos respuestas en línea con ese cambio de contexto", señaló la funcionaria.
Frente al conflicto que mantiene el municipio con 24 trabajadoras que habían acordado en diciembre pasado la extensión de sus contratos hasta marzo, la respuesta oficial apunta al Colegio de Psicólogos y a su negativa de avalar esa decisión.
En ese marco, Caminotti no sólo ratificó "el normal funcionamiento del servicio ahora y hacia adelante", sino que además, ante la denuncia de que no hay psicólogas como operadoras en la línea, recordó que el Teléfono Verde "es el primer contacto con la víctima a quien después se la cita, y en la atención hay un equipo interdisciplinario integrado por psicólogas, pero también abogadas y trabajadoras sociales".
Reformulación
Entre las decisiones tomadas en este primer mes de trabajo, Caminotti apuntó "a la ahora Dirección de Prevención y Atención de las Violencias", y detalló que "no es solo un cambio de denominación, sino una decisión política de unir prevención y atención porque estamos convencidos de que para trabajar integralmente deben estar vinculadas".
Además, señaló que el equipo de atención que venía trabajando de 7 a 14, ahora extendió su horario hasta las 19, "con profesionales disponibles en la franja horaria en que se produce la mayor cantidad de llamados y consultas". Y señaló que se sumó personal de planta del municipio a la atención telefónica, destacando en todos los casos que "se trata de equipos sumamente comprometidos y especializados en la problemática".
Sin embargo, admitió que el desafío es descentralizar la atención al territorio. "Decirle a una víctima de violencia, en una situación de enorme vulnerabilidad, que se traslade a Santa Fe y Buenos Aires para ser atendida es ponerle una barrera, porque le resulta imposible", consideró.
Por eso, se está evaluando de qué modo generar instancias en los barrios no sólo para que la pata del Estado esté más cerca de las mujeres que sufren la violencia, sino además de las organizaciones y de las redes de mujeres que están en el territorio.
Ley Micaela
El lanzamiento del Programa de Formación Permanente en Género para los agentes del Estado, a través del que se dará cumplimiento a la llamada ley Micaela a partir de marzo, es para la secretaria de Género "una oportunidad inmejorable" que promete "tener impacto directo en el trabajo".
Lejos de pensarlo como un taller con principio y fin, y de abajo hacia arriba, la funcionaria apunta a un programa sistemático, de formación periódica, y actualizaciones. "Acá necesitamos cambios de mentalidad y de prácticas, y eso requiere maduración, y reflexión", señaló.
Las primeras áreas serán las más vinculadas a la problemática, también se piensa en llevar adelante un esquema de formadores, y en sumar a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no sólo en el diseño de los módulos, sino, sobre todo, en la evaluación externa. "El programa debe ser monitoreado y evaluado —consideró—. Porque una política de Estado de este tipo, sin evaluación, queda renga. Necesitamos saber qué resultados produce, buenos o malos".
