Un grupo de bomberos zapadores de Rosario denunció penalmente al jefe de ese cuerpo por exigir el pago de un bono obligatorio de $200 a quienes tramitan un certificado de seguridad contra incendios. Según el escrito, hasta fines de 2015 los particulares que hacían el trámite podían pagar un bono contribución voluntario de $100 y lo manejaba la cooperadora de la institución. Desde este año el aporte pasó a ser imperativo y lo maneja el responsable de los cuarteles, "a un promedio de $2.000 diarios". La Fiscalía de Violencia y Corrupción Institucional inició una investigación penal y solicitó documentación a la Policía.
Como contrapartida, los denunciantes plantearon que mientras el jefe de la repartición administra sin controles estos recursos que aportan los rosarinos, "los cuarteles tienen serias falencias estructurales y muchos móviles no están en condiciones de salir a sofocar incendios".
La denuncia a la que accedió LaCapital fue presentada de manera anónima en la Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional. Su titular, la fiscal Karina Bartocci, confirmó a este diario que resolvió iniciar "una investigación penal preparatoria".
"Los términos de la denuncia eran verosímiles, con lo cual iniciamos la investigación y solicitamos a diversos organismos, entre ellos la División Operaciones Policiales, que remitan a la mayor brevedad posible una serie de documentos para cotejar con los datos denunciados", señaló la representante del Ministerio Público de la Acusación.
La denuncia apunta contra "el actual jefe de Bomberos Zapadores de Rosario, el subdirector de policía Andrés Lastorta". De acuerdo al escrito, desde que asumió en el cargo "muchas cosas se han vuelto oscuras, y van en desmedro de la imagen que tiene una institución respetada por la ciudadanía".
El texto que ingresó a Fiscalía señala que "en el cuartel de bomberos existe una oficina denominada técnica, donde se habilitan negocios en materia de seguridad contra incendios, se confecciona un informe luego de visitar cada local y luego cada propietario busca ese informe para presentarlo en la Municipalidad".
Se trata, explica el escrito, "de un trámite fundamental para habilitar, ya que es el documento que indica la cantidad de matafuegos que debe colocar cada empresa".
Según el texto, "hasta diciembre del año pasado, se otorgaba un bono contribución no obligatorio de $100 pesos" que iba a la cooperadora de la institución, que luego destinaba esos recursos a los cuarteles.
De acuerdo a la acusación, "desde la asunción del nuevo jefe, los bonos de la cooperadora fueron retirados, otorgándose un simple papel, cobrándose de forma obligatoria y por adelantado $200 cada informe".
La denuncia agrega que al finalizar la jornada las planillas y lo recaudado son retirados "por el señor Lastorta, en un promedio diario de 1.500 a 2.000 pesos, sin ningún tipo de control legal".
Los denunciantes fueron más allá y contaron que los cambios en los aportes de los bonos cayeron muy mal "entre los gestores y contadores que realizan los trámites para sus clientes y no tienen manera de justificar los 200 pesos que pagan a bomberos, y se les otorga esa especie de bono y se le coloca con lapicera el importe de 200 pesos".
Y sumaron otra irregularidad, vinculada a la certificación de planes de evacuación de geriátricos. "El año pasado estos informes se realizaban otorgándose a cada propietario una factura de la cooperadora por 450 pesos, hoy en día se cobra 750 pesos y no se otorga factura".
El texto cierra así: "Lamentablemente los cuarteles se caen a pedazos en imagen. Si bien para justificar algo de inversión se han acondicionado sectores, la mayoría del dinero es utilizado por el jefe para uso personal, como así también el móvil oficial, que fue polarizado y lo usa para hacer trámites con combustible del Estado".
