“Este documento aspira a que la deliberación democrática ponga en el centro a quienes hoy están más expuestos: los jubilados que dependen del haber mínimo, los trabajadores informales y desocupados, las mujeres y los jóvenes, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. Ponemos este informe en manos de Su Santidad con respeto y esperanza. Confiamos en que su palabra y su cercanía con los más humildes de nuestro pueblo, en la tradición de Francisco, sigan recordándonos a todos que nadie puede ser considerado un descarte, y que la justicia social no es una concesión sino una deuda”, se resalta en el informe “La Argentina que recibe al Papa" elaborado por el Cepa.
Foto: Natacha Pisarenko / AP
Los datos
El trabajo constituye uno de los ejes centrales del diagnóstico. Según los registros de la SRT relevados por el Cepa, la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 480.067 entre noviembre de 2023 y julio de 2026. El comercio concentró la mayor reducción, con 9.132 empleadores menos, seguido por transporte y almacenamiento, con 7.043, y la industria manufacturera, con 4.324.
En el mismo período, los puestos registrados en unidades productivas disminuyeron 4,44%, de 9.857.173 a 9.419.562. La industria encabezó las pérdidas, con 108.000 puestos menos, seguida por la construcción, con 81.089, y transporte y almacenamiento, con 72.737. En términos relativos, la construcción sufrió la mayor contracción entre esos sectores: perdió el 17% de sus trabajadores registrados.
La caída también alcanzó al trabajo en casas particulares, donde se perdieron 28.200 puestos. Al sumar ambos universos, el retroceso llegó a 465.811 puestos registrados, un promedio cercano a 480 por día, según el cálculo del centro de estudios.
El comportamiento sectorial, sin embargo, fue heterogéneo. Mientras la mayoría de las actividades redujo sus planteles, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca incorporó 22.334 puestos; salud y servicios sociales sumó 13.906, y minas y canteras, 2.009.
A la pérdida de empleo formal se agregó el avance de la informalidad, que alcanzó al 45% de los ocupados en el segundo trimestre de 2026, 3,4 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2024. Esto significa que casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, con limitaciones en el acceso a derechos laborales y a la seguridad social.
La creciente desocupación
La desocupación, por su parte, llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026: aumentó 0,3 puntos porcentuales frente a igual período de 2025 y 1,7 puntos respecto de 2023. El Gran Rosario registró una de las tasas más elevadas entre los aglomerados mencionados en el informe, con el 11,5%, por encima del Gran Córdoba, con el 10,5%, y del Gran Buenos Aires, con el 8,2%.
El Cepa advierte que las dificultades para conseguir trabajo fueron mayores entre los jóvenes. En la población de 14 a 29 años, la desocupación alcanzó al 17,1% de las mujeres y al 14,1% de los varones.
El segundo eje del informe es la evolución de los ingresos. En agosto de 2026, los salarios registrados públicos y privados se ubicaron, en conjunto, 7% por debajo de su poder adquisitivo de noviembre de 2023. Aunque ese mes hubo una recuperación, los ingresos laborales habían perdido contra la inflación en ocho de los últimos doce meses.
Las diferencias entre sectores fueron marcadas. Los salarios privados registrados acumularon una caída real del 2,3%, mientras que los del sector público retrocedieron 15,3%. Dentro de este último universo, la pérdida llegó al 35,7% en la Administración Pública Nacional y al 8% entre los trabajadores provinciales.
Entre los jubilados, el deterioro fue más pronunciado para quienes cobran la mínima y dependen del bono compensatorio. Según el Cepa, esos ingresos estuvieron, en el período agosto-octubre de 2026, 19,2% por debajo de la referencia de 2023 utilizada en el estudio. Para los haberes sin bono, la pérdida fue del 1,2%.
El documento identifica al congelamiento del refuerzo de $70.000, vigente desde marzo de 2024, como uno de los factores que explican esa diferencia. Calcula que, si se hubiera actualizado al mismo ritmo que el haber, en octubre de 2026 debería haber alcanzado los $226.875. La distancia respecto del monto efectivamente abonado es de $156.875 mensuales.
El endeudamiento de las familias
La caída del poder adquisitivo también aparece vinculada, en el análisis del centro de estudios, con el creciente endeudamiento de las familias para afrontar consumos y gastos cotidianos. La irregularidad del crédito bancario a los hogares alcanzó el 12,8% en agosto de 2026. El informe compara ese nivel con los registros posteriores a la crisis de 2001, cuando llegó al 32,7% en septiembre de 2003.
En el financiamiento otorgado por proveedores no financieros, como tarjetas comerciales y otras entidades, la morosidad estimada trepó al 34,2%. Ese porcentaje superó el máximo del 27,1% registrado en mayo de 2020, durante la pandemia.
La tercera dimensión estudiada es la protección social. En este caso, los porcentajes corresponden a variaciones reales de la ejecución presupuestaria y no a cambios en el monto individual de las prestaciones. Los recursos ejecutados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cayeron 74,9% frente a 2023. Para hacer comparable la serie, el Cepa tomó como referencia al entonces Ministerio de Desarrollo Social. También registró una reducción del 29,7% en la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del 78,5% en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
En seguridad social, la ejecución de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) retrocedió 34,2% y la de las pensiones no contributivas, 24,3%. Las prestaciones previsionales disminuyeron 4%, mientras que las transferencias y contribuciones que incluyen recursos destinados al Pami bajaron 25,2%. Como excepción, las asignaciones familiares registraron un incremento real del 13,3%.
En salud, la Secretaría Nacional de Discapacidad mostró una caída del 26,8%. También hubo reducciones en el Instituto Malbrán, del 30,4%; la Anmat, del 35,6%, y la Superintendencia de Servicios de Salud, del 73,4%. Entre los hospitales nacionales, el Laura Bonaparte registró una baja del 52,7% y el Posadas, del 26,6%.
Los programas de Atención Sanitaria en el Territorio y de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles no registraron ejecución al corte analizado. Los recursos para la respuesta al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y lepra disminuyeron 43,9%. En contraste, el Incucai aumentó su ejecución real 58,1%, y el programa de prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles creció 15,4%.
El ajuste también alcanzó a la educación y la ciencia. La ejecución destinada a becas estudiantiles cayó 84,7%; las acciones de formación docente retrocedieron 92%, y la infraestructura y el equipamiento educativo, 97,1%. Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles no registraron ejecución.
En el sistema científico, el informe señala bajas del 89,9% en la Agencia I+D+i, del 36,3% en el Conicet y del 42,8% en el Servicio Meteorológico Nacional. El programa de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas, por su parte, perdió 50,5% de sus recursos reales.
La obra pública completa el panorama. La Dirección Nacional de Vialidad redujo su ejecución 81,5%, mientras que los programas de infraestructura en municipios, obras viales fuera de la red nacional y obras de seguridad en rutas nacionales no registraron gastos ejecutados al corte del relevamiento.
Desde el Cepa explicaron que, aunque su disciplina es la economía y no la teología, “la economía política estudia, en última instancia, cómo una sociedad produce, distribuye y protege”. Esa pregunta, sostuvieron, atraviesa también el magisterio social de la Iglesia y la opción por los pobres expresada por Francisco y retomada por León XIV.
El documento propone que el debate público coloque en el centro a los jubilados de menores ingresos, los trabajadores informales y desocupados, las mujeres y los jóvenes, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. “Confiamos en que su palabra y su cercanía con los más humildes de nuestro pueblo, en la tradición de Francisco, sigan recordándonos a todos que nadie puede ser considerado un descarte, y que la justicia social no es una concesión sino una deuda”, subrayó el Cepa en el documento.
