El gobierno de Entre Ríos creará una agencia para administrar terrenos fiscales, pero ecologistas exigen que se evite la comercialización.
Por Manuel Parola
Foto: Silvina Salinas / La Capital
Entre Ríos busca adminsitrar sus tierras fiscales, lo que en el Delta del Paraná podría habilitar, según ambientalistas, la "pampeanización" del humedal.
Un proyecto de ley que se cuece en la legislatura provincial de Entre Ríos encendió las alarmas entre las organizaciones ambientalistas. El Poder Ejecutivo envió una iniciativa para crear una agencia administradora de bienes inmuebles y los ecologistas buscan que se incluya un inciso que evite la comercialización de los humedales.
El organismo que se pretende inaugurar tiene como objetivo la administración de los terrenos fiscales y los inmuebles que estén bajo dominio público, lo cual reavivó la tensión existente de cara a los humedales, los frecuentes incendios de sus pastizales y el usufructo comercial de dichas tierras.
En ese marco, las organizaciones lanzaron un comunicado para exigir que se aplique un inciso que excluya “cualquier posibilidad de venta o de gravamen sobre las tierras públicas de las islas” y un “tratamiento especial que garantice su protección y conservación”.
Según lo expresado por el colectivo Taller Ecologista, el proyecto busca allanar el camino para que, a partir de disponer de dichas tierras por medio de la figura de la agencia administradora, realizar operaciones inmobiliarias. Asimismo, los activistas apuntaron que “todos los bienes públicos que conforman el sistema de humedales de Entre Ríos son bienes inmuebles que están fuera del comercio” ya que la ley vigente “los marca como inenajenables, inembargables e imprescriptibles, y limitados en sus usos”.
Matías De Bueno, presidente del instituto de derecho ambiental del Colegio de Abogados y secretario de políticas ambientales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) analizó en diálogo con La Capital el proyecto y apuntó que lo positivo de la iniciativa es que ordena la gestión inmobiliaria. "En Entre Ríos se vio una dificultad enorme cuando quisimos ver cuáles eran los terrenos donde se estaban haciendo los incendios que llenaron la ciudad de humo durante meses en 2021", dijo De Bueno, y aseguró que "la cuestión de la responsabilidad sobre los terrenos era un desastre".
“Está planteando crear un registro donde tiene que estar registrados todos los inmuebles de la provincia. Los humedales del Delta no pierden la protección constitucional, que los protege con un apartado institucional”, aclaró el abogado y subrayó que el derecho ambiental “es un sistema con principios, es decir que cada ley que se sancione viene a ocupar un lugar en dicho sistema, no pueden contraponerse una con otra".
"El principio de no regresión hace que no se pueda quitar la protección ambiental que ya fue reglamentada por leyes provinciales y por la propia constitución nacional”, reflexionó De Bueno.
Enzo Culasso Orué, abogado integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA), destacó a La Capital que, según lo relevado del monitoreo ciudadano que realizan desde la asociación, los incendios registrados en las islas han tenido lugar en tierras que no tienen titulares catastrales. "Esto nos da la pauta de que esa tierra la está usando alguien sin respetar los límites ecosistémicos", dijo.
Las quemas de pastizales con motivos de renovación del follaje está prohibida salvo expresa autorización del gobierno provincial, por lo que, al no estar avisadas con antelación, esas quemas resultan ser ilegales.
Tanto para De Bueno como para Culasso Orué, el proyecto tiene visos de necesidad para la actualidad del manejo de las tierras fiscales y de los terrenos de dominio público y privado del Estado: “Es totalmente oscura la actual metodología de uso de la tierra. Se dan permisos de uso y no sabemos si alguien paga por ello, ni sabemos a dónde va ese dinero”, remarcó el abogado y señaló que lo que busca el reclamo de los ambientalistas es que “si se establece una metodología para dar permiso de uso (de las tierras), esa metodología tiene que tener en cuenta primero si está sobre un área natural protegida”.
“Pero así no lo puedan vender, si lo siguen dando en uso a gente que lo único que quiere hacer es adaptar el humedal para seguir produciendo, es decir pampeanizar el humedal, va a seguir siendo un desmanejo", subrayó.
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No obstante, el letrado puntualizó que ve con buenos ojos que “pueda existir un apartado específico que exceptúe a las islas. Los humedales del Delta del Paraná como bien jurídico protegido no pierden de ninguna manera su estatus protegido por ninguna ley, y mucho menos esta”.
De Bueno apuntó que, desde el punto de vista jurídico, la sanción del proyecto no sería un problema “salvo que después se lo quiera usar de alguna manera específica que esté por fuera del resto de las normativas ambientales”. Es en este sentido que Culasso Orué analizó el proyecto: “En nuestra reciente historia ha habido intentos de disponer de estas tierras, sin llegar a ser una venta, está la posibilidad de cesión de estos bienes a empresas por una cantidad de años”, expresó a La Capital el letrado especializado en derecho ambiental.
Culasso Orué recapituló citando el caso Arroz S.A, que por medio de la sanción de una ley provincial, le fue cedida una importante porción de los terrenos del Delta entrerriano por 99 años para su usufructo: “Si bien no era una venta de los terrenos, se señaló esas tierras como como ociosas y se le entregó el uso a un privado”, explicó y añadió que “también se lo ha intentado brindar como garantía para obtener préstamos extranjeros o tomar deuda”.
Según el integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas, la gran mayoría de los inmuebles de dominio público de Entre Ríos están en islas y humedales, por lo que “debería tener un tratamiento especial”.
Otra de las objeciones al proyecto tienen que ver con la forma de elección de las autoridades de la agencia, la cual determinará la aprobación o no de los permisos de uso y a quiénes se les verificará ese permiso: “Esta agencia estaría no sólo reglamentada por el Poder Ejecutivo, que definiría sus competencias y funciones, sino que además también es quien nombraría a las autoridades. Lo que genera es que se concentre en la Agencia la posibilidad de disponer de las tierras y aplicar estos gravámenes sin pasar por la legislatura”, concluyó el abogado.
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