Casi 40 años después de la muerte del dictador español Francisco Franco, una jueza argentina ha pedido la detención de varios ex ministros de la dictadura y los primeros años de la transición, para alivio de las víctimas que lo consideran un paso “histórico”.
En un auto hecho público el viernes, la jueza María Servini de Cubría, emitió 20 órdenes de detención contra seis antiguos ministros de Franco, un ex ministro de la transición, ocho policías, tres magistrados, un médico y un antiguo secretario de Estado.
“Es un hito muy importante”, asegura el abogado de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy.
“Es un gran día para nosotros”, añadió, por su parte, María Arcenegui, portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua), impulsora de la acción ante la Justicia argentina.
Entre las personalidades cuya detención ha solicitado la jueza se encuentra el ex ministro de Vivienda con Franco, José Utrera Molina, de 86 años, que siempre ha defendido abiertamente al dictador.
Su yerno es Alberto Ruiz Gallardón, quien dimitió como ministro de Justicia el pasado 23 de septiembre, tras la retirada de su reforma restrictiva de la ley de aborto, y que se ha declarado orgulloso de que el reclamado sea “el abuelo de mis hijos”.
Esta relación no es única en el seno del gobernante Partido Popular (PP), donde cohabitan una corriente todavía cercana al franquismo y una derecha más moderada.
También figura en la lista el antiguo ministro del Interior y figura de la transición Rodolfo Martín Villa, de 79 años, acusado de haber ordenado a la policía cargar contra unos huelguistas reunidos en una parroquia el 3 de marzo de 1976, causando la muerte de cinco personas.
Utrera es reclamado por su responsabilidad en la condena a muerte en 1974 de Salvador Puig Antich, tras la muerte de un policía. Según su hermana, fue detenido por la policía y torturado. “Dice que a lo mejor le bastaría con que le pidan perdón. Pero, nunca lo han hecho”, explica Arcenegui.
Ley de Amnistía. Las órdenes de arresto se enmarcan en la investigación que la jueza Servini abrió en 2010 por los crímenes perpetrados en España durante la Guerra Civil (1936-1939), la dictadura de Franco (1939-75) y los primeros años de la transición, alegando el llamado principio de Justicia Universal.
La magistrada ya pidió en 2013 la extradición de dos ex policías franquistas acusados de presuntas torturas, que fueron denegadas por la justicia española con el argumento de que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además prescribieron hace años.
Las asociaciones de víctimas acudieron a Argentina por las dificultades para llevar el caso ante la Justicia española, escudada en una ley de Amnistía de 1977 que, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, cubrió “todos los actos de intencionalidad política” anteriores a ese año.
Tras el final de la dictadura, “de un día para otro” se “ha pasado en este país de un régimen a una democracia, pero no ha sido depurado”, dijo Arcenegui.
Pese a que las asociaciones de víctimas calculan que se produjeron más de 110.000 desapariciones forzosas y el robo de unos 300.000 niños durante el período investigado, hasta el momento no ha habido ningún juicio en España, que también ha visto como la ONU ha denunciado que carece de “una política de Estado en materia de verdad”.
El ex juez Baltasar Garzón investigó brevemente estas desapariciones, pero tras la oposición de la fiscalía, que alegaba la ley de amnistía, acabó renunciando a la misma. Juzgado por este intento, fue finalmente absuelto por el Tribunal Supremo, que recordó, no obstante, que la ley de amnistía impide estas investigaciones.
España aprobó en 2007 una ley de memoria histórica, destinada a rehabilitar a las víctimas de la dictadura franquista y proceder a “la remoción de las menciones conmemorativas” de ese periodo, pero aún permanecen monumentos y nombres de calles que, como la de la División Azul, en referencia a la unidad que luchó junto a los nazis en Rusia, hacen referencia al mismo.
Tras la emisión de las órdenes, el gobierno español debería ahora transmitir las mismas a la justicia española, ante la que tendría que declarar los concernidos con el fin de decidir sobre su extradición.
Pero, aunque no sean extraditadas, el simple hecho de que estas personas comparezcan ante un juez será ya una victoria para Arcenegui.
