Dos exsecretarios de Transporte de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández fueron condenados hoy a ocho y seis años de prisión por un trágico accidente de tren ocurrido en febrero de 2012 que causó 51 víctimas fatales (más una por nacer) y 789 heridos.
Los tres miembros del tribunal oral en lo Criminal Federal N 2 resolvieron por unanimidad sentenciar a ocho años de prisión a Juan Pablo Schiavi por los delitos de defraudación contra la administración pública y estrago culposo agravado por el número de fallecidos. En tanto, su antecesor en el cargo, Ricardo Jaime, recibió seis años de prisión por el primer cargo.
El tribunal también condenó a Sergio Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria del servicio de ferrocarril al momento del siniestro, a nueve años de prisión.
El maquinista Marcos Córdoba, en tanto, recibió una pena de tres años y seis meses de prisión por estrago culposo y a penas de entre 8 y 3 años de prisión a otros 17 ex directivos de TBA.
Asimismo, absolvió a siete acusados, entre ellos los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CRNT) Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero.
En la mañana del 22 de febrero de 2012 el tren que conducía Córdoba, atestado de pasajeros que viajaban desde el oeste del Gran Buenos Aires rumbo a sus trabajos en la capital, ingresó a la estación de Once y chocó contra el paragolpes del andén.
Ninguno de los condenados irá a prisión ya que el Tribunal ordenó que eso ocurra una vez que la sentencia quede firme.
El accidente, uno de los más graves en la historia de Argentina, puso en el tapete las deficiencias del servicio de ferrocarriles privatizado en la década de 1990 y la falta de controles por parte del Estado, pese al desembolso de millones de dólares al año en calidad de subsidios para mantener las tarifas baratas.
Los jueces dispusieron además que el ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido sea investigado por la tragedia.
Las condenas fueron dictadas por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 51 personas más una por nacer y lesiones en 789 personas.
Los jueces darán el próximo 30 de marzo a las 13 los fundamentos del veredicto, tras lo cual comenzarán a correr los plazos para las apelaciones.
María Luján Rey, madre de una de las víctimas mortales, aseguró: “Todos podemos desterrar la corrupción del país” y advirtió que “acá no hay militantes, sino familiares”.
Por su parte, el fiscal Arrigo se manifestó “conforme” y dijo que “ahora hay que esperar los fundamentos del tribunal. Los acusados por el momento no van a ir presos, lo que ocurrirá cuando el veredicto quede firme”.
Los familiares fueron acompañados por familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón y del atentado a la AMIA, por Madres de Plaza de Mayo, por el titular del gremio judicial, Julio Piumato, por el dirigente ferroviario Ruben “Pollo” Sobrero, y el titular de la AGN, Leandro Despouy, entre otros.
Los acusados se retiraron de los tribunales de Comodoro Py sin hacer declaraciones a la prensa.
Después de casi dos años de juicio, Jaime fue condenado a cinco años de prisión, pero el tribunal le dictó una pena única de seis años por las dos condenas anteriores que registró por dádivas y el intento de robo de prueba durante un allanamiento en Córdoba.
Además de las sentencias a prisión, Jaime y Schiavi fueron condenados a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A ocho años de prisión también fueron condenados Marcelo Calderón, ex director de Cometrans, la empresa controlante de TBA, y Jorge Alvarez, ex director de TBA.
El ex presidente de TBA Carlo Ferrari fue condenado a seis años, al igual que Jorge De los Reyes, ex vicepresidente de TBA, y Carlos Pont Vergés, director de TBA.
Cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos el 30 de marzo, comenzarán a correr los plazos para las apelaciones.
