La directora de Materno Infancia de Salta confirmó que la menor está contenida por su familia y el sistema de salud. El caso es investigado por la Justicia
El hospital de Tartagal, Salta
El embarazo de una niña de 12 años en Tartagal, en la provincia de Salta, volvió a poner en primer plano una problemática que atraviesa a distintas provincias del norte argentino: la violencia sexual contra niñas y adolescentes, las respuestas del sistema de salud y el rol del Estado frente a situaciones de extrema vulnerabilidad. El caso, que se encuentra bajo investigación judicial, combina dimensiones sanitarias, sociales y penales que avanzan en paralelo.
La directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de Salta, Patricia Leal, confirmó que la nena se encuentra en buen estado de salud y recibe acompañamiento interdisciplinario desde octubre. Según explicó la funcionaria, la menor manifestó de manera expresa su decisión de continuar con la gestación, una elección que fue respetada por el sistema sanitario y volvió a ser ratificada en los últimos días.
“Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación”, sostuvo Leal en declaraciones al diario El Tribuno. La médica fue quien realizó la primera ecografía que confirmó el embarazo, durante un operativo sanitario en el Centro de Salud del kilómetro 6, en las afueras de Tartagal.
Desde ese primer contacto, la niña nunca estuvo sola en las consultas. Inicialmente, asistió acompañada por su madre, luego por su padre y, en otras oportunidades, por su pareja. En ese proceso, el equipo de salud volvió a informarle sobre su derecho a interrumpir el embarazo, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, la menor reiteró su voluntad de continuar con la gestación y permanece contenida por su familia y por el equipo sanitario local.
Leal aclaró además que, al momento de la primera consulta, la niña refirió que la relación había sido consentida, un dato que luego quedó bajo investigación judicial. Tal como indica el protocolo provincial, se dio inmediata intervención a la Secretaría de Niñez y Familia.
Según precisó la directora de Materno Infancia, la gestación se encuentra entre las 16 y 20 semanas y es considerada de alto riesgo debido a la edad de la paciente. “En los dos extremos de la vida hay mayores riesgos. En niñas y en mujeres mayores de 40 años son más frecuentes ciertas patologías, especialmente la hipertensión en el embarazo”, explicó.
No obstante, señaló que con controles frecuentes y cobertura integral es posible reducir complicaciones. La niña ya recibió suplementación con hierro por un cuadro de anemia y cuenta con estudios y ecografías actualizados, con parámetros acordes a la evolución esperada.
La funcionaria destacó también que la provincia de Salta aplica una “hoja de ruta para embarazos en menores de 15 años” con enfoque intercultural, elaborada junto a referentes wichí, en especial mujeres que trabajan en la defensa de los derechos de niñas y adolescentes de comunidades originarias.
Tras la difusión del caso, el Ministerio de Salud Pública de Salta emitió un informe oficial en el que detalló la asistencia brindada desde el 24 de octubre. Según el documento, la niña informó que estaba embarazada durante el primer control prenatal, cuando cursaba ocho semanas de gestación, y desde ese momento se activó el protocolo de acompañamiento integral.
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Ese mismo día fue derivada al Hospital Juan Domingo Perón, donde fue evaluada por los servicios de Tocoginecología, Psicología y Trabajo Social. El 27 de octubre fue internada para estudios completos y, durante noviembre, continuó con controles ambulatorios. El Ministerio subrayó que tiene el esquema de vacunación completo y cumple con todas las consultas programadas.
En paralelo al seguimiento sanitario, la Justicia de Tartagal investiga el caso en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal. El Juzgado de Garantías 2 ordenó la detención de un joven de 19 años, señalado como el presunto autor del hecho, cuya aprehensión se concretará en las próximas horas.
El caso generó conmoción en la ciudad y motivó una manifestación frente a Ciudad Judicial, donde integrantes de la comunidad originaria de la niña reclamaron que se respete su decisión de continuar con el embarazo. La situación volvió a poner en evidencia las profundas vulnerabilidades que atraviesan niñas y adolescentes en contextos de violencia, pobreza y exclusión.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía Penal de Violencia de Género del distrito Norte. Estaba prevista la declaración de la menor mediante el sistema de Circuito Cerrado de Televisión, pero al recibir la citación judicial, la niña interpretó que sería obligada a interrumpir el embarazo y decidió encadenarse en el edificio judicial como forma de protesta.
La intervención de una psicóloga del Ministerio Público y de la referente comunitaria Marcela Calermo permitió aclarar el motivo de la audiencia. Una vez contenida, la niña pudo declarar en un entorno protegido, mientras miembros de su comunidad permanecían manifestándose en el exterior.
En la causa interviene también el Asesor de Incapaces 1 de Tartagal, Juan José Andreu, quien solicitó medidas de resguardo para garantizar los derechos de la niña y requirió a las autoridades sanitarias que aseguren todas las prestaciones necesarias para proteger su salud física y mental, independientemente del avance de la investigación penal.
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