Dos ex integrantes de la organización de ultraderecha Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) serán juzgados desde esta mañana en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, imputados por delitos de lesa humanidad cometidos antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, informaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, quienes están acusados de integrar una asociación ilícita parapolicial, a la que pertenecían también otras siete personas que ya fueron condenadas en un primer proceso en la localidad balnearia, en 2016.
Corres y Ullúa serán juzgados desde las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) marplatense, por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, mientras que la querella estará a cargo del fiscal Pablo Ouviña.
En cuanto a los acusados, Ullúa, quien estuvo nueve años prófugo y fue detenido en 2017, está imputado por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Daniel Gasparri y Jorge Stoppani.
Además, será juzgado por la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi, secuestrada en su domicilio en mayo de 1975.
Tanto Ullúa como Torres están acusados de formar parte de la CNU, que según señaló la fiscalía en su pedido de elevación a juicio, fue una asociación ilícita que entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976 "sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello".
El TOF marplatense condenó en diciembre de 2016 a otros siete integrantes de esta agrupación, entre ellos el ex fiscal federal Gustavo Demarchi, sentenciado a cadena perpetua.
Según la prueba reunida en la investigación, a cargo del fiscal Nicolás Czizik, y a lo largo del primer juicio, los delitos cometidos fueron "homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas".
De acuerdo al Ministerio Público, el objetivo de esta agrupación fue "la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado".
De lesa humanidad
Si bien los hechos juzgados son previos al golpe de Estado, son considerados delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles.
"Son crímenes contra la humanidad, los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto", señaló Czizik durante la instrucción del caso.
En el primer juicio, junto a Demarchi, condenado por ser el jefe de la organización, fueron sentenciados a prisión perpetua el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense Mario Ernesto Durquet.
A su vez, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión, Juan Pedro Asaro recibió una pena a cinco años y Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, todos ellos por integrar una asociación ilícita.
Por Elbio Evangeliste
